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Una visión alternativa sobre la explotación aurífera

September 17, 2014

Por iniciativa de nuestra editora invitada, Ana Carolina González Espinosa, empezamos la publicación de una serie de entrevistas con expertos para presentar diferentes argumentos y perspectivas sobre los alcances y el impacto ambiental, económico y social del sector minero-energético en Colombia. La editora explora en sus entrevistas la posibilidad de traducir el concepto de «una tercera vía», que podría optimizar los resultados en la aplicación de las políticas para este sector. Abrimos este dosier con la minería aurífera.

Conversación con el economista Juan Manuel Ospina

Estudió Economía en la Universidad de Antioquia. Realizó una maestría en Historia y otra en Planeación y Desarrollo Agropecuario en el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico de París. Ha sido senador (miembro de la Comisión Quinta) y dirigente gremial agropecuario. En el periodo 2010-2012 se desempeñó como gerente del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder). Actualmente está vinculado a la Universidad Externado de Colombia.

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En esta primera entrega, se presenta una reflexión sobre la explotación aurífera. Por sus orígenes, experiencia y formación académica, nuestro interlocutor nos ofrecerá una perspectiva histórica e interpretativa de lo que ha significado la explotación del oro tanto en Colombia como en la región antioqueña.

¿Qué particularidades considera que tiene la minería aurífera?

Casi desde que el hombre existe como tal, el oro ha estado presente en su vida, sus luchas y sueños. El oro ha desempeñado, y desempeña aún, un papel que ningún otro mineral ha cumplido en el sistema económico mundial. Es una ley universal que cuando hay desconfianza respecto al valor y la solidez de una moneda, en el área de influencia de esa moneda se dispara el valor del oro. Al oro como reserva de valor no le hace competencia ningún otro bien. En Colombia, desde los tiempos precolombinos, el oro ha sido un bien de exportación de primera magnitud. Por esa razón, en el país hay una significativa presencia de la minería aurífera, tanto la tradicional como la artesanal. Hay regiones como Antioquia, donde la minería de aluvión, adelantada por los mazamorreros mineros independientes y aventureros, está en la base de «lo antioqueño» como sociedad, cultura y economía. La riqueza minera fundamentó y alimentó el comercio y luego la industria de la región. La sociedad anónima nace de las sociedades de minas antioqueñas.

En este orden de ideas, ¿considera que ese minero independiente cumple el mismo papel en la actualidad?

Sigue presente y actuante. Por eso es tan importante diferenciar entre minería informal, minería artesanal y minería ilegal o criminal, especialmente en la explotación del oro de aluvión, el que arrastran los ríos y depositan en sus orillas o en su cauce. No tener clara la diferencia entre minería informal e ilegal ha generado muchos conflictos. La informal es una minería sin títulos, precaria, y en muchos casos, estacional e itinerante; fuertemente depredadora del medio ambiente. Es la forma de vida de muchas familias y comunidades pobres y marginadas, y hoy está en fuerte competencia con la minería industrial como nunca antes se había visto en el país.

¿Y las grandes empresas? ¿Cree que existen tensiones insalvables entre el pequeño y el gran minero?

Sí y de manera creciente. Anteriormente, los espacios geográficos de la minería estaban menos demandados. La minería de gran escala se localizaba en territorios definidos Alto Atrato y Bajo Nechí, en especial, donde existían reglas informales de convivencia minera: los artesanales incluso lavaban arenas que iban dejando las grandes empresas. Ahora bien, no era ni mucho menos un escenario idílico, pues la violencia siempre ha acompañado a la minería del oro.

Es decir que lo que cambia es la naturaleza del conflicto, pero ¿éste va de la mano con la dinámica aurífera?

Sí. La minería del oro no deja, no «siembra», desarrollo sostenible en las regiones donde se explota, genera bonanzas que se terminan y lo que queda de manera permanente es pobreza y una región, unos municipios, desajustados económica, social y aun culturalmente, como lo atestigua por ejemplo el nordeste antioqueño. Ese es un escenario propicio para el conflicto social, frecuentemente acompañado de violencia.

Entonces,  ¿cómo  evaluar esta actividad que forma parte de la tradición, de la historia y de la supervivencia, pero al mismo tiempo distorsiona las relaciones de la sociedad local y genera una serie de conflictos?

Por la crisis del sistema financiero, en general del modelo económico imperante, el oro reaparece como el bien que preserva el valor en un escenario de crisis e incertidumbres financieras mundiales. En ese boom de los precios del oro, su extracción y comercialización se vuelve una inversión muy atractiva para los capitales ilegales; incluso más que en el acaparamiento de tierras porque es más funcional dado su altísimo valor intrínseco, es fácil de esconder, movilizar y transar.

El escenario de la minería ilegal, además, es propicio para que los pobres acaben atrapados y aprovechados por la ilegalidad. En los paros mineros del año pasado en el Bajo Cauca, por ejemplo, estaban los pequeños mineros, pero detrás de ellos se movía el crimen organizado empujándolos y hasta financiándolos, porque necesitaban, necesitan siempre, encubrir sus grandes negocios criminales con una bandera, un rostro social. La ilegalidad se disfraza de pobre, atrapa a los pobres y así le dificulta al Estado combatirla.

Si a los grupos ilegales se les volvió más interesante económicamente la explotación ilegal que el acaparamiento de tierras o el narcotráfico, uno podría pensar también que para cualquier actor en el territorio es más interesante la minería que otra actividad productiva. ¿Cómo resultan afectados el desarrollo rural y otros sectores por esta dinámica?

Hay que observar las cifras con detenimiento, pues a nivel internacional sólo el 1 % de las concesiones otorgadas para exploración terminan en una explotación económica. La mala interpretación de l as cifras, la confusión en los conceptos, han llevado a que se presente un cuadro dramático, según el cual el territorio nacional estaría a punto de terminar convertido en una gigantesca explotación minera, prácticamente borrando del mapa a la agricultura, a las comunidades étnicas y las reservas naturales. No creo que en Colombia la minería vaya a desplazar a la agricultura, ese es un escenario imposible e irracional, aunque su solo enunciado sea políticamente impactante. Más que la pérdida de la tierra, el impacto potencialmente más significativo sobre agricultura y pobladores que tiene la minería en general, pero especialmente la aurífera, se da en relación con el agua, por las cantidades que demanda y por la contaminación que produce, sobre todo la ilegal de aluvión Bajo Cauca, río Dagua, Ataco. El carbón, por su parte, es un contaminador ambiental. No debe subestimarse en ningún caso que toda minería genera impactos ecológicos, con las montañas de escombros que va acumulando y por sus efectos sobre la geología y los sistemas de aguas subterráneas.

El agua como insumo para la explotación produce gran inquietud. En el Tolima parece haber mucho temor por parte de campesinos y agricultores, algunos arroceros, por ejemplo, dados los impactos que pueda generar la extracción masiva de oro…

El mayor impacto de la minería sobre la agricultura, como ya lo dijimos, está en el agua. En el caso del publicitado proyecto de La Colosa en el norte del Tolima, su impacto principal no es sobre el agua para el riego sino que ha sido sobre la opinión, pues al presentarlo el expresidente Uribe como el segundo El Dorado, despertó de entrada temores, expectativas e intereses de todos los pelajes, que han impedido analizarlo objetivamente, en sus impactos y beneficios.

Lo que es claro es que las posibilidades de tener una minería responsable y regulada son mayores con la minería empresarial, independientemente de su escala. El riesgo va por cuenta de la minería ilegal, especialmente la mecanizada, con las temibles retroexcavadoras metidas en los cauces de los ríos. Vale la pena pensar si es mejor una explotación justamente negociada con una empresa minera profesional o dejar la extracción del metal en manos de empresarios ilegales con su maquinaria y una multitud de pequeños rebuscadores, sin técnica ni control alguno, y ambos evadiendo el pago de las regalías. Para el caso de La Colosa, podría significar el surgimiento de un Ataco en lo alto de la cordillera Central. Una verdadera pesadilla ambiental, social, económica e incluso política.

Y entonces, ¿qué hacer con la minería de pequeña escala y las múltiples familias que viven de ella? ¿Pensar que la única minería responsable es la que se negocia con las empresas no atentaría contra el derecho a la igualdad para acceder a una actividad económica?

Lo que estoy diciendo es que el enemigo es la minería ilegal, que ahora llaman criminal, y no la minería formal, así sea empresarial, o la pequeña minería informal o artesanal. Acá es importante diferenciar entre informal e ilegal, pues si bien toda actividad minera ilegal también es informal, no puede confundirse la informalidad con la ilegalidad. A la ilegalidad hay que combatirla con la autoridad; a la informalidad hay que facilitarle su formalización. Toda actividad formal, sea de pequeña, mediana o gran escala, debe operar ceñida a las normas establecidas, debe ser legal. Jamás la lucha contra la ilegalidad debe ser vista como un atentado al derecho a la igualdad para acceder a una actividad económica, derecho que está sujeto a que la actividad en cuestión sea legal.

Fuera de las consideraciones ambientales, existen también impactos económicos en el territorio. Por ejemplo, una mayor demanda de empleos en el sector minero, sobre todo en un primer momento, que incide en los salarios y hace también más costosa la mano de obra en el sector agrícola. ¿Cómo controlar estos efectos para que la actividad genere desarrollo?

Existen estos impactos porque la nueva actividad minera transforma las condiciones de vida en la región, para bien y para mal. Para mal porque en el área de influencia de la explotación se acaba la producción local, especialmente de alimentos, y florecen cantinas y prostíbulos; se impone la ilusión de la plata fácil. Cuando en una comunidad tradicional hay una subida rápida de los ingresos, es frecuente que al menos en un primer momento, especialmente los hombres, gasten mucho de los nuevos ingresos en «vicio».

Los proyectos de gran minería con el tiempo tienen dos efectos sobre el empleo local y aun regional. El primero, nacido de la demanda que de mano de obra no calificada tiene el desarrollo del proyecto, mucha de la cual es de origen campesino. Esas personas, impacto positivo del proyecto, tendrán unos niveles de remuneración superiores al promedio regional. Los dueños de fincas empiezan a quejarse porque les escasea la mano de obra y se les encarece el jornal que deben pagar. Los finqueros locales quisieran congelar la realidad y negarles a esos campesinos la oportunidad de un salario mejor. El segundo impacto sobre el empleo y los ingresos en la región lo origina el hecho de que la demanda por mano de obra, que es grande durante la construcción, disminuye después, durante el periodo de explotación, y se genera desempleo, producto del desbalance en el mercado laboral que origina la nueva actividad «intrusa», desempleo difícil de superar sobre todo en una economía con pocas alternativas de empleo. Así, el problema en el mercado laboral, que puede volverse permanente, no lo genera sólo la actividad minera sino también la incapacidad del sistema en su conjunto para adaptarse a los cambios en el nivel de empleo que producen las grandes inversiones, al incidir en las vocaciones productivas locales y aun regionales.

Frente a estos retos que genera la extracción de oro sobre la dinámica ambiental, social y económica del territorio, ¿cuáles son las herramientas institucionales, las políticas públicas o las normas con las que deberíamos contar?

En general, más que un tema de nuevas leyes es uno de reglamentación. En Colombia cada vez que hay un problema se acude, como si fuera una varita mágica, a expedir una nueva ley, clásico fetichismo de la norma y de la palabra escrita el «santanderismo» propio de nuestra cultura institucional. Lo último que se hace es sentarse a evaluar lo que se tiene para definir la mejor manera de aprovecharlo y mejorarlo.

Frente a la polarización reinante alrededor de la minería y en medio de la en apariencia insalvable oposición «minería sí minería no», se piensa que es posible una opción, una suerte de «tercera vía» en minería. ¿Usted cree que se pueda construir? ¿Qué se requeriría?

Una «tercera vía» no sólo es posible, sino que es necesaria. Para establecerla, se requiere:

1. Quitarle a la minería la connotación de actividad estratégica que sin razón alguna le otorga la legislación vigente. La minería debe ser un sector sujeto a las condiciones y restricciones que tienen los demás sectores. Hay que ser capaces de trazarle unos límites a su desarrollo: minería sí, pero no en todas partes y no de cualquier manera. Seamos muy exigentes con la tecnología que se autorice y con el cuidado del medio ambiente.

2. Procurar que el sector opere en el marco de las políticas y los esquemas de ordenamiento territorial. No se puede sobreponer ni sustraer a ellos.

3. Fortalecer la capacidad de investigación, información y conocimiento que tiene el Estado de la riqueza natural de la nación, que es de los colombianos, en cuanto a los recursos renovables y los no renovables.

4. Contar con una autoridad minera presente en las regiones para permitir que los actores locales sean «socios», con intereses que vayan más allá de las regalías. El compromiso minero con las comunidades no se puede reducir a la famosa responsabilidad social empresarial. Colombia necesita un negocio minero para todo el mundo, un  gana-gana social y territorial, eso sí, en el más absoluto respeto del ecosistema, de su protección y mejoramiento.


Ana Carolina González E.
Ph.D. en Ciencia Política de SciencesPo
Coordinadora de la Línea de Investigación en Recursos
Minero-Energéticos,
Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados
de la Administración
Pública (Opera) (CIPE)
ana.gonzalez@uexternado.edu.co

María Andrea Orduz
Asistente de investigación y transcripción
Estudiante de noveno semestre
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
maria.orduz@uexternado.edu.co

Revista Zero Impresa Edición 32
Primer semestre de 2014
ISSN electrónico: 2344-8431 
ISSN impreso: 2344-8431

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