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Las Fuerzas Militares después de La Habana: poner la casa en orden, sin olvidar de dónde venimos

March 21, 2018

El origen de nuestras Fuerzas Militares y las turbulentas oleadas producidas por cambios ideológicos en Colombia han tenido una connotada repercusión en la conformación de la doctrina que marcaría el andar de la política de defensa nacional. En principio, un ejército irregular que hacía honor a su nombre —«Ejército Comunero»—, que se oponía a un régimen colonial se conformó en medio de la precariedad, pero también en medio del abundante coraje de quienes defendían una dignidad que empezaba a sentirse nacional. Una valentía que superaba de lejos la escasez de recursos de formación, de entrenamiento y de estrategia militar, y con un solo objetivo claro: ayudarle a alcanzar la tan anhelada libertad a un pueblo que venía construyendo su cultura y sus valores nacionales.

Aunque sobre la historia y el origen de nuestras Fuerzas Militares se han escrito muchas líneas, vale la pena destacar que «desde 1819 si se suman los años de paz entre cada una de las guerras civiles en el país, apenas se alcanza a tener un total de 20 años» (Radio Yes, 2017). Varias reflexiones sobre el particular surgen en el debate; sin embargo, nos concentraremos en la que nos lleva a pensar sobre un sector predominantemente activo, frágil en su institucionalidad, al menos en su origen, pero sobre todo orientado a apoyar debates ideológicos más que a asegurar los principios democráticos que en su momento se fundaban.

En los ires y venires de los cambios ideológicos en el poder que salpican la historia de Colombia, las fuerzas militares fueron un mejor instrumento para los propósitos políticos de turno, que no necesariamente reflejaban intereses patrióticos de una república en fundación al servicio de los ciudadanos. Así las cosas, ¿cómo se definieron los objetivos misionales de nuestras fuerzas militares? ¿Cómo se definieron las amenazas y, así mismo, la doctrina que iba a dirigir la formación de sus efectivos? La Policía Nacional, que toma vigor años después que el Ejército y demás fuerzas militares, no se escapó de este vaivén político y entró como contrapeso a tratar de equilibrar la disputa partidista. Unos al servicio de los liberales y los otros al de los conservadores no se dieron tiempo para reflexionar sobre su origen fundacional. Si bien en un principio este origen era claro, darnos la libertad, omitimos preguntarnos lo siguiente: una vez lograda esta autonomía, ¿qué sigue? Ya como pueblo libre nos ahogábamos en un debate interminable que pretendía doblegar ideologías adoptadas y heredadas más que definir las propias que regirían el sentido de la república. Por tal razón, no hubo tiempo de pensar en el qué ni en el cómo se consolidarían unas fuerzas militares al servicio del país, sus intereses y valores nacionales. No queremos decir con esto que no hubo intentos de hacerlo, ya que sí hay ejemplos de escuelas que se abrieron y se cerraron y de propósitos de darles orden a las instituciones castrenses. Tal es el caso de la misión francesa de 1887, de la que heredamos la organización en divisiones, batallones y regimientos (Rey, 2008), o la reforma militar de 1907 que lideró el presidente Reyes Prieto (1904-1909), para quien saliendo de la guerra de los Mil Días era prioritario darles una institucionalidad a las Fuerzas Militares, para lo cual tomó la iniciativa de las misiones chilenas con el reto de organizar la escuela militar y darle estructura (Pillanfah, 2010).

Pero en medio de un conflicto todavía humeante, de un panorama muy politizado y de un país aún con grupos armados en las regiones con gamonales al mando, estos intentos resultaron fallidos porque carecieron de la dedicación y la constancia que un emprendimiento de esta magnitud requería. De nuevo quedamos con unas instituciones sugeridas y con unos lineamientos trazados, pero con el gran reto de consolidarlos y ponerlos en funcionamiento, de nuevo no hubo tiempo. Seguíamos enfrentando el reto de encontrar una identidad política propia, de generar un debate constructivo desde lo ideológico y no desde lo armado; seguíamos viviendo desde escaramuzas y alborotos hasta enfrentamientos sangrientos en las regiones aisladas y apartadas del país, apartadas en lo geográfico, pero también de la participación en el debate.

Pasaron los años, muchos de estos extremada e innecesariamente violentos. Vivimos algunos acuerdos y tuvimos la esperanza de haber llegado a la reconciliación; sin embargo, se continuaba aplazando el momento para pensar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que a partir de la década de los cincuenta ya era parte del Ministerio de Guerra, sin conocer cuál fue la reflexión de fondo que llevó a tomar la decisión de integrarla a este.

Mientras tanto, las amenazas se consolidaban y se fortalecían, mutaban y se enriquecían de fuentes que aún desde el gobierno no se identificaban. Los grupos que tildamos de revoltosos o facinerosos lograron hábilmente recibir cooperación y apoyo internacional, quizás de manera mucho más ágil y decidida que la lograda por el gobierno a través de los canales diplomáticos. Esta situación los llevó a tener orden, capacidad, coordinación y presencia efectiva en las regiones, además de sustituir la acción del Estado en algunos casos.

El país a finales del siglo XX se vio inmerso en un enfrentamiento a escalas nunca antes imaginadas con patrullajes de grupos alzados en armas en los alrededores de su capital, tomas a gran escala como la dolorosa toma de Mitú, capital de departamento, o la del cerro de Patascoy, entre muchas otras que, además de dejar pérdidas humanas lamentables y de ser el preludio de tiempos sombríos del secuestro de los uniformados, evidenciaron la poca preparación de nuestras fuerzas para enfrentar un ataque de tal dimensión y con tal nivel de elaboración y coordinación. El control de fronteras parecía no estar dentro de la agenda nacional, ni por mar ni por tierra, y menos pensar en el control del espacio aéreo. La agenda internacional, en cuanto a defensa, nos hizo perder de vista el escenario jurídico que venía preparando un fallo que tampoco anticipamos como lo fue el que favoreció los intereses de Nicaragua, con el resultado bien sabido por todos. Los grupos armados al margen de la ley copiaban modelos de administración de negocios ilegales como la minería y el narcotráfico para captar rentas incalculables, lo que les permitió crecer en número y en poder. Las crecientes ciudades albergaban cada vez más conflictos de muchas índoles: familiares, económicos y culturales, que demandaban una reacción decidida desde la política para identificar, definir y enfrentar de forma efectiva las amenazas, y ni hablar de los desastres naturales que requerían una capacidad logística y de reacción inmediata considerables.

Aun cuando el país se defendió con todo lo que tenía frente a esta realidad, la carencia de una política en temas de defensa y seguridad se hizo evidente y la reflexión sobre el sector defensa que tenía aplazada el gobierno desde hacía muchos años nos pasó una cuenta de cobro muy cara. Fue necesario recurrir a la cooperación internacional que se concretó de manera más eficaz con el Plan Colombia, que motivó el flujo de recursos económicos importantes por parte de Estados Unidos, pero el componente de formación y acompañamiento técnico fue el que permitió al final consolidar los proyectos de mejoramiento y desarrollo del sector de la defensa. Desde allí podríamos destacar un punto de quiebre en el que finalmente se toma el tiempo de, aún en medio del conflicto, pensar a mediano y largo plazo las competencias y atributos que deberían tener nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Si bien el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) marcó la agenda y los lineamientos de desarrollo estratégico del sector de la seguridad y la defensa por muchos años, es un error pensar que una vez que estas firman el proceso de paz debe procederse a reducir o minimizar la importancia del sector para el desarrollo del país.

Es indiscutible que el escenario estratégico nacional en temas de defensa cambia una vez las FARC-EP asumen un rol desde lo político, pero es una ligereza seguir aplazando el debate que plantea la definición de roles y misiones de las diferentes instituciones que conforman el sector de la defensa, de acuerdo con un análisis profundo y riguroso de las amenazas internas y extraterritoriales que en el escenario actual retan en gran dimensión y creatividad la seguridad y defensa nacional. No afrontarlo es condenarnos a seguir aplazando el debate sobre la estructura institucional que requiere el país para atender sus necesidades en defensa tal como lo hemos venido haciendo desde el origen mismo de las Fuerzas Militares, olvidando al tiempo que la misión surge desde la Constitución Política y no desde la manifestación de la amenaza. Así mismo, con este olvido seguiremos expuestos al surgimiento de nuevas amenazas con consecuencias devastadoras para el país. Es bien sabido que es en tiempos de paz cuando se desarrolla el sector de la defensa (Van Eekelen, 2006); por tal motivo, si bien las FARC-EP —y en alguna medida el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— concentraron la atención del país por tantos años, es también cierto que el acuerdo de paz debe permitirnos tomar el tiempo para poner la casa en orden.

 

Definiendo el rumbo

Es imprescindible pensar en el estado actual del sector de la defensa y los logros alcanzados, reflexionar sobre el camino recorrido y los costos asumidos para llegar a ellos. Así mismo, en las amenazas que enfrenta y enfrentará el país en el escenario nacional e internacional, pero agregándole un componente dinámico muy importante: la oportunidad que tiene el sector no de evitar daños tras la consolidación de una amenaza, sino desde el aprovechamiento de múltiples oportunidades desde el punto de vista comercial y económico (Seibertz, Sthale & Hensler, 2010). Oportunidades que van desde el desarrollo de la industria en la ejecución de proyectos de alta tecnología con aplicación dual (sectores civil y militar) hasta la cooperación internacional con apoyo técnico y de formación.

Para abordar estas discusiones, debemos pensar en el país que tenemos y así diseñar una estrategia que, desde la defensa y sus atributos, nos permita resaltar nacional e internacionalmente nuestras riquezas. Colombia es un país megadiverso con todas sus oportunidades, pero también con sus responsabilidades de conservación y protección de los recursos naturales. Su riqueza natural es difícilmente comparable con la de otros países del mundo, alberga casi 55.000 especies de flora y fauna que se consolida como una gran oportunidad de negocios. Tiene reservas minerales que se han reducido dramáticamente a causa del flagelo de la minería ilegal, causando impactos económicos y naturales irrecuperables en regiones apartadas, que requieren un control más efectivo del Estado. La situación social y económica de nuestras extensas fronteras, tanto marítimas como terrestres, refleja la permanente concentración de recursos en determinadas zonas del país y el olvido de la importancia estratégica de controlarlas.

Por otra parte, el sector de la defensa ha alcanzado un desempeño muy superior en los últimos años gracias a la metodología de planeación por capacidades. Tal como se define en el documento Visión de las Fuerzas Armadas 2030, del Ministerio de Defensa Nacional (2016):

Una capacidad está definida como la habilidad para desarrollar una tarea bajo ciertos estándares (como tiempo, ambiente y nivel de alistamiento específicos), a través de la combinación de diferentes medios y modos. Una capacidad está en función de cinco componentes (Doctrina, Material y Equipo, Personal, Infraestructura y Organización) y requiere de todos ellos para ser efectiva (p. 26).

Con esta claridad metodológica y la del escenario estratégico, deben empezar a determinarse las competencias y atributos que debe tener el talento humano que conforma el sector de la defensa.

Por muchos años, la elaboración de las políticas públicas en defensa en la mayoría de los países del hemisferio occidental se ha dejado en manos de los militares, desconociendo que el sector debe estar diseñado en función de las necesidades democráticas, establecidas desde el escenario civil, más que de las necesidades operacionales (Mayer, & Khademian, 1996). Por esto, el sector deben concebirlo y diseñarlo civiles, quienes darán una visión estratégica y plantearán las necesidades y objetivos que debe enfrentar el sector de acuerdo con sus amenazas. Es, entonces, cuando los militares se consolidan como los asesores estratégicos de cómo lograr que esas capacidades se desarrollen y responder a los requerimientos establecidos en la política.

Así las cosas, debemos generar más espacios de formación para civiles especialistas en temas de defensa que puedan argumentar y generar debates constructivos con los militares y que permitan resolver preguntas relevantes a la hora de tomar decisiones, como ¿qué tanto es suficiente invertir para tener un sistema de defensa proporcionado y efectivo? ¿Cuál es el sistema de defensa adecuado, sobre todo cuando su uso no es tan visible en tiempos de paz? ¿Cómo se mide la defensa y cómo sabemos si la defensa que tenemos es efectiva cuando ya no hay días de intensos combates ni bajas que contar en campos de batalla? ¿Cuáles serán los temas de debate en el Congreso de la República para defender el presupuesto nacional en defensa? ¿Cómo se mide, entonces, el sector en el número de guerras ganadas o evitadas? ¿Cómo se decide la destinación del presupuesto?

Pero más allá de todo esto, debemos estar en la capacidad de resolver dilemas como el de si tenemos una industria preparada para entrar a ofrecer bienes y servicios en el mercado internacional, o si vamos a vender nuestros desarrollos militares a países en guerra, como Siria, por ejemplo.

El espacio de discusión debe abrirse a un espectro mucho más amplio de actores en el que las universidades tendrán un papel determinante. Es necesaria la participación más cualificada de expertos a través de estudios e investigaciones en think tanks estratégicos del sector defensa para que produzcan conocimiento, ¿por qué no pensar en escribir el libro blanco de la defensa nacional? El sector privado tendrá la posibilidad de apalancar el desarrollo del sector defensa y, así mismo, apalancarse en el sector de la defensa para su desarrollo y la generación de mejores condiciones de productividad. Esta relación, aunque en principio puede no resultarnos evidente, la aclara más George (1960) cuando explica que en la Segunda Guerra Mundial les costó mucho trabajo a los civiles entender que las Fuerzas Militares son el puño al final del brazo de la industria. Esta relación ha generado destacados avances tecnológicos de aplicación civil que hoy son de gran utilidad en nuestra agitada vida moderna y se pueden contar desde los enlatados, el microondas hasta las aplicaciones de uso cotidiano en nuestros teléfonos celulares como el GPS y el envío de datos a través de la red satelital.

Para que esto empiece a ser una realidad resulta inminente abordar varios temas que pueden generar temores y reticencia, pero que por lo mismo son fundamentales en la discusión. En primer lugar se ha intentado, de manera tímida, proponer una ley de defensa que defina roles y misiones y que, de cierto modo, organice el entramado institucional perteneciente al sector. Una ley que le asigne a cada cual su perfil funcional dentro del ejercicio de la defensa y la seguridad nacional, incluidas, por supuesto, aquellas pertenecientes al Grupo Social y Empresarial de la Defensa, que esperamos tengan un rol más protagónico en el desarrollo de la economía nacional. No es un buen síntoma ver tanto a soldados como a policías patrullando las carreteras del país y mucho menos ver a los soldados del Ejército haciendo presencia en puentes peatonales en Bogotá. Cada institución debe tener clara su función misional y más ahora cuando el énfasis es enfrentar los retos en cuanto a seguridad ciudadana se refiere con las características del perfil profesional y la preparación que requieren escenarios tan diversos como atender un parto en una patrulla, atender una riña familiar, desmantelar redes de microtráfico, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas o hurto callejero hasta los delitos financieros. Si bien es cierto que el desarrollo de competencias lo marcará el compás de las amenazas, también es cierto que es muy importante especializar y definir responsabilidades que estén acordes con la ley, ley de defensa nacional que aún no tenemos.

En segundo lugar, es el momento de abordar el debate de si sería apropiado establecer el Ministerio de la Seguridad Pública, tema que se ha tratado de abordar también en un par de ocasiones, pero sin éxito. También es un mal síntoma oír al ministro de Defensa hablando de la compra de aviones y fragatas para hacer un control más efectivo del territorio nacional, al tiempo que manifiesta su preocupación por el incremento del hurto a residencias y las implicaciones de la implementación del Código de Policía.

Dadas las condiciones actuales que enfrenta Colombia, es necesario generar una institucionalidad —que no debemos entender como más burocracia— encargada de estudiar, analizar, medir y discutir los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana y la forma de enfrentar sus amenazas, para así canalizar recursos tanto económicos como humanos especializados. En este Ministerio de Seguridad Pública tendrían cabida, además de la Policía Nacional, instituciones como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los bomberos y la Defensa Civil, incluyendo la Unidad de Gestión y Prevención de Riesgos, por ejemplo. De esta manera, los generales militares tendrían toda la concentración y agenda del ministro para tratar temas netamente militares, entre los que están las compras de helicópteros o repuestos para los mismos, el tipo de avión de combate más apropiado para nuestras condiciones, las fragatas con las que ejerceremos soberanía en nuestros océanos y el entrenamiento de los efectivos de las Fuerzas Militares, la estrategia de despliegue y control en fronteras y relaciones y alianzas internacionales, para dar solo unos ejemplos.

Con el nuevo escenario estratégico que se presenta después de la firma del acuerdo de paz, se abre una oportunidad para tomarnos el tiempo de dar el debate sobre la institucionalidad y la conformación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que hemos venido aplazando por los avatares del conflicto permanente. El resultado debe ser una institucionalidad moderna con un rol protagónico en el desarrollo económico del país, así como versátil, capaz de moldearse y adaptarse a las amenazas en permanente cambio sin perder el rigor operacional, la disciplina y la responsabilidad que los colombianos hemos dado como mandato en la Constitución.


 

Referencias

George, E. B. (1960). The Staggering Problem in Managing National Defense. California Management Review, 73-83.

Mayer, K. R. & Khademian A. M. (1996). Bringing Politics Back in: Defense Policy and the Theoretical Study of Institutions and Processes. Public Administration Review, 56(2), 180-190.

 Ministerio de Defensa Nacional (2016). Visión de Futuro de las Fuerzas Armadas. Bogotá: Imprenta Nacional. Recuperado de https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estrategia_planeacion/proyeccion/documentos/vision_futuro_FA.pdf.

Pillanfah (2010). Misión el Ejército chileno para la profesionalización militar de Colombia. Recuperado de http://chiledefensa.foro-chile.net/t42-misiones-del-ejercito-chileno-para-la-profesionalizacion-militar-de-colombia.

Radio Yes Historia de Colombia (2017). Solo 20 años de paz en Colombia. Recuperado de http://www.radioyes.co/solo-20-anos-de-paz-en-colombia/.

Rey Esteban, M. F. (2007). La educación militar en Colombia entre 1886 y 1907, Historia crítica, (35), 150-175.

Seibertz, J., Sthale, P. & Hensler, T. (2010). Industrial Products, Aerospace and Defence, Challenges for the German Defence Industry CEO agenda for 2030, Development of the Market, Strategy for the Industry. Hechinsen: PricewaterhouseCoopers.

Van Eekelen, W. F. (2006). What Kind of Defense Do We Need? Ginebra: Defense Institution Building, NATO DCAF publication.


Jaime Polanco Barreto
Docente
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
jaime.polanco@ptp.gov.co

Zero Impresa Edición 35
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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