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Colombia, Naciones Unidas y la lucha contra las drogas

October 26, 2016

El nuevo papel que busca desempeñar Colombia en la lucha contra las drogas nace de las consecuencias poco satisfactorias de pasadas políticas que buscaban penalizar cualquier tipo de relación con estas. Además, el nuevo escenario interno que vive el país con las negociaciones de paz en La Habana y la eventual firma de un acuerdo permite aprovechar mejor los espacios de deliberación que le proponen organizaciones internacionales como Naciones Unidas, para lograr posicionar su visión experta sobre cómo se debe manejar con mayor eficiencia el tema de las drogas en el escenario internacional. 

A pesar de los esfuerzos y políticas que durante décadas los distintos gobiernos han emprendido para contrarrestar el problema de las drogas, Colombia continúa teniendo una relación importante con la producción de cocaína (Gaviria y Mejía, 2011). Para el 2014, el país contaba con 109.788 hectáreas de cultivos de la hoja de coca, principal componente de la cocaína (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015). Los factores de esta relación no han sido explicados con certeza hasta ahora. Sin embargo, lo claro es que con el paso de los años se convirtió en el principal abastecedor del mercado emergente de drogas, en especial en Europa y Estados Unidos.

Las causas son variables y se pueden explicar desde lo geográfico hasta lo político. Por un lado, el país cuenta con tierras y climas propicios que favorecen la siembra de las plantas, y por el otro, se presenta el abandono del Estado en vastas regiones del territorio, las cuales fueron usadas por narcos, bandas criminales y grupos guerrilleros para suplir la demanda de drogas en países desarrollados. Lo anterior se acompaña de un pronto suministro de dinero a campesinos pobres y sin oportunidades laborales o educativas que encontraron en el cultivo de la hoja de coca una actividad laboral con demanda y un elevado precio estable (Gaviria y Mejía, 2011, pp. 4-5).

Este país, envuelto desde la década del sesenta en problemas de la lucha contra las drogas, vio en las Naciones Unidas y en especial en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)[1] un aliado y promotor de estrategias para superar el desafío que supone la eliminación de cultivos de coca en su territorio (Naciones Unidas, 2009, pp. 46-47). Bajo este contexto, se establece que el enfoque es el liberalismo institucional, visión desde la cual las instituciones[2] se ven como actores independientes de los Estados, con un papel importante en la creación de normas internacionales que modifican el comportamiento de los Estados y la naturaleza anárquica.

En este caso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) como institución se desempeña como facilitadora o intermediaria entre Estados. Incluso, no sirve al interés de un Estado sino al interés de todos los Estados, por lo que permite disminuir la incertidumbre y promover la cooperación (Frasson-Quenoz, 2014, pp. 149-150). En esta medida cabe preguntarse, ¿qué podría explicar el interés de Colombia por proponer en la ONU una reforma a la lucha contra las drogas? Con el fin de desarrollar la respuesta, se analizará el fracaso de la política antidrogas tradicional y se referirá el nuevo papel de Colombia en la lucha antidrogas, desde el posconflicto y la relevancia que cobra Naciones Unidas para el desarrollo e implementación de la reforma.

Fracaso de la lucha contra las drogas tradicional

Según datos de la Casa Blanca, en el 2015 las hectáreas cultivadas con coca alcanzaron las 159.000, lo que representa un aumento del 42 % con respecto a los cultivos registrados en el 2014, en Colombia (RCN, 2016). El ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes (citado por RCN, 2016), aseguró que este aumento no tiene relación directa con la suspensión de las fumigaciones y recordó que esta decisión empezó a regir desde octubre de 2015, por cuanto el impacto no pudo ser tan significativo.

En esta línea, se desataca el informe de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia (2015), establecida por ONUDD. Tal Comisión determinó que es necesario promover frente a las sustancias psicoactivas un enfoque que sea al mismo tiempo de salud pública y de derechos humanos” (p. 21). Lo anterior se debe a que, según el informe el modelo de prohibición fracasó (La FM, 2015). En esta medida, es prioritario plantear “alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas” (Comisión Asesora, 2015, p. 21). Al respecto, en el informe también se proponen estrategias de despenalización flexibles, para acabar con las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los altos niveles de hacinamiento carcelario existentes. (La FM, 2015)

Es evidente que la lucha contra las drogas enfrenta nuevos retos, en tanto que este conflicto de más de 40 años ha cambiado de escenario. Tal lucha enfrenta a Estados Unidos y países de América Latina contra las organizaciones criminales que trafican drogas ilícitas, mejor conocidas como narcotraficantes o carteles de la droga (Rojas, 2013, p. 13). La solución a este conflicto implica la búsqueda de nuevos actores que actúen como intermediarios y que promuevan nuevos tipos de soluciones, que garanticen mejores resultados. En este contexto, cobra relevancia Naciones Unidas como espacio de consenso.

Por otro lado, se deben revisar casos como los de Uruguay, Países Bajos y Bolivia, que presentan una alternativa viable para la erradicación de la droga, así como una relación de costo-beneficio sobre el precio en la salud pública y las ventajas de la disminución del crimen a partir de la legalización de un mercado que pueda ser regulado. Para entender esta propuesta, es necesario saber que lo que se legaliza en Uruguay y Países Bajos es el cannabis y en Bolivia solo se descriminaliza el uso y cultivo de hoja de coca, no el uso de cocaína. Si bien Colombia aún no aprueba la legalización, debe entenderse que este tema es mucho más relevante para el país que en Uruguay y Bolivia, por lo que es mucho más controversial y decisiva cualquier solución que se busque dar.

Como ya se mencionó, en el seno de los países pioneros en el desarrollo de la nueva estrategia de lucha contra las drogas, está el caso de Uruguay. El 23 de diciembre de 2013 el presidente José Mujica firmó la Ley 19.172 para convertir a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar por completo la producción, venta y consumo de la marihuana para uso personal. A través de esta medida, se busca proteger a la población de los riesgos asociados con el tráfico ilegal de drogas. En específico, se busca atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, al igual que reducir el tráfico ilegal y el crimen organizado (Drug Policy Alliance, 2015, pp. 3-4). El uruguayo es uno de los pocos casos de legalización en el mundo, por lo que no constituye una política fortalecida a nivel internacional, pero sí demuestra que se está abriendo la puerta[3] a determinar soluciones innovadoras en la lucha contra las drogas.

Papel de Colombia en la nueva lucha contra las drogas

Si bien la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)[4] sobre Drogas estaba programada para el 2019, como fecha límite establecida en la Declaración Política y Plan de Acción de 2009, para lograr una reducción significativa o eliminar por completo la oferta y la demanda de drogas; en septiembre de 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a las Naciones Unidas para que incluyeran una conferencia internacional sobre la reforma de las políticas de drogas (IDPC, 2016). Esta iniciativa evidenció el nuevo papel de líder que busca desempeñar Colombia en materia de lucha contra las drogas, a partir de un redireccionamiento de la política antidrogas, al ser uno de los países que más sufre por este problema. Además, al utilizar el escenario que representa la Asamblea General como principal órgano deliberante de Naciones Unidas, que cuenta con la presencia de todos los Estados miembros, se constituye la fórmula necesaria para promover y establecer un cambio de enfoque más eficiente que el que se ha utilizado, con el fin de solucionar el problema de las drogas.

Dentro del país dos decisiones muestran cómo, con este cambio de enfoque que busca promover Colombia, se materializan las políticas internas. Por un lado se encuentra la decisión de la Corte Suprema de Justicia donde se indica que el problema de las drogas “no le corresponde al derecho penal sino al sistema de salud”. Es decir, que el consumo de la dosis mínima no se debe considerar un delito, como sí lo son la producción y la comercialización de narcóticos (El País, 2016).

Por el otro, el decreto que reglamenta la producción y exportación del cannabis con fines científicos y medicinales. Ahora se busca que productos que estaban en el mercado tengan condiciones de seguridad. Y pese a que es cierto que el decreto enfatiza en que de ahora en adelante en Colombia se puede sembrar cannabis únicamente para fines médicos y científicos, para algunos expertos en el tema esta decisión representa un paso enorme en el establecimiento de canales alternativos para lucha contra las consecuencias del tráfico de drogas en el país (El Espectador, 2015). Este último se encuentra bajo lo estipulado en el informe UNGASS 2016, que establece la recomendación operacional para asegurar la disponibilidad de sustancias sometidas a la fiscalización y el acceso a ellas con fines de exclusividad médica y científica e impedir su desviación (UNGASS, 2016).

Además, el ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda, indicó que la nueva política antidrogas del Gobierno se fundamenta en sacar los cultivos ilícitos de dieciséis parques nacionales y buscar que los municipios que cultivan coca queden libres de ese cultivo. Estableció que se debe trabajar para reducir de manera sustancial el área de la coca y añadió que el principal obstáculo para lograr dicha reducción ha sido en los últimos 20 o 25 años la presencia de las FARC en las distintas zonas (Presidencia de la República de Colombia, 2016). Por ende, es claro que en el posconflicto Colombia tendrá mayor capacidad para continuar en su estrategia de consolidación como líder regional en materia de drogas. Sin las FARC se tendrán mejores perspectivas y mayor éxito en esta política.

¿Hacia dónde debe mirar Colombia?

El interés de Colombia en proponer una reforma está fundamentado tal y como lo presenta María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, en la relevancia del tema de las drogas y en el cual no se han visto resultados en ningún aspecto, ni en la reducción del consumo, ni en la producción, ni el tráfico (El Mundo, 2016). Por tanto, el mundo tiene que hablar más del tema y establecer cómo avanzar en este sentido.

Para lograr lo anterior, Colombia busca tener iniciativas en la promoción de estrategias innovadoras que sean más efectivas para la disminución del tráfico de drogas y sus devastadoras consecuencias en materia de violencia y corrupción institucional. El país debe seguir manteniendo iniciativas como la del pasado UNGASS y aprovechar los espacios que Naciones Unidas le presenta para consolidar su interés de ser líder en materia de lucha contra las drogas (UNGASS, 2016). Incluso debe fortalecer la cooperación internacional basada en el principio de la responsabilidad común y compartida, a partir de la cooperación Norte-Norte y Sur-Sur y la cooperación triangular entre Estados miembros para hacerse de una buena reputación (Thoumi, 2009).

[1] La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fue creada en 1997 con el fin de reforzar la capacidad de Naciones Unidas para abordar las cuestiones de la fiscalización de drogas, la prevención del delito y el terrorismo internacional, que están relacionadas entre sí. Es el órgano líder dentro del organigrama de Naciones Unidas encargado de los temas referentes a la fiscalización de las drogas. (Naciones Unidas, 2009, p. 46)

[2] Institución se refiere a una organización que rige las acciones de los Estados en una área específica de la “vida internacional” a través del establecimiento de un conjunto de normas internacionales. (Frasson-Quenoz, 2014)

[3] Con ejemplos como Bolivia y la legalización de cultivos de coca, Países Bajos y el consumo de marihuana. Incluso Colombia con la ampliación de la dosis mínima y la legalización de la marihuana de uso medicinal.

[4] La Asamblea General es el principal órgano de deliberación y formulación de políticas públicas de la ONU, y el único en el cual los 193 Estados Miembros de la ONU tienen una representación equitativa. En respuesta a las peticiones de Estados Miembros, la Asamblea General puede convocar Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. (International Drug Policy Consortium, 2016)


 

Referencias

Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia (2015). Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia. Recuperado de http://www.odc.gov.co/Portals/1/comision_asesora/docs/informe_final_comision_asesora_politica_drogas_colombia.pdf.

El Mundo (20 de abril de 2016). Países avanzaron hacia nueva política antidrogas . Recuperado de http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/paises_avanzaron_hacia_nueva_politica_antidrogas.php#.V1TYZMd76b6.

Elpaís.com.co/Colprensa (15 de marzo de 2016). Polémica por decisión de la Corte sobre dosis mínima de droga en el país. ElPaís.com.co. Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/decision-corte-sobre-dosis-minima-genera-rechazo-diferentes-sectores.

Frasson-Quenoz, F. (2014). Una Cartografía de los Autores y Teorías de Relaciones Internacionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

International Drug Policy Consortium (2016). La sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas de 2016. Recupeado de http://idpc.net/es/incidencia-politica/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016.

La FM. (13 de mayo de 2015). Plantean cambio de estrategia en lucha contra las drogas. Recuperado de http://www.lafm.com.co/noticias/plantean-cambio-de-estrategia-182652.

Naciones Unidas (2009). Las Naciones Unidas hoy. Nueva York: Departamento de Información Pública.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) & Gobierno de Colombia (2015). Colombia: Monitoreo de cultivos de coca 2014. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf.

Palomino, S. (23 de septiembre de 2015). Colombia presenta un nuevo plan de política antidrogas. El País. Recuperado de http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/22/actualidad/1442950930_608000.html.

Presidencia de la República de Colombia (15 de marzo de 2016). Ministro para el Posconflicto explica nueva política antidrogas del Gobierno. Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/noticia/Ministro-para-el-Posconflicto-explica-nueva-politica-antidrogas-del-Gobierno.

RCN (15 de marzo de 2016). Los cambios que plantea Colombia en la política de lucha contra las drogas a nivel mundial. Recuperado de http://www.rcnradio.com/audios/los-cambios-plantea-colombia-la-politica-lucha-las-drogas-nivel-mundial/.

Redacción Salud (22 de diciembre de 2015). Colombia aprobó marihuana medicinal. El Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-aprobo-marihuana-medicinal-articulo-607344.

Thoumi, F. (diciembre de 2009). Políticas antidrogas y la necesidad de enfrentar las vulnerabilidades de Colombia. Análisis político, (67), 60-82. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v22n67/v22n67a04.pdf.

UNGASS (2016). Declaración de los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas. Viena: Consejo Económico y Social.


Laura Carolina Saavedra Garzón
Estudiante
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
laura.saavedra01@est.uexternado.edu.co

Zero Impresa Edición 34
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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