Venezuela se ha convertido en un laboratorio que hoy es objeto de debate en el ámbito mundial. Hablar de crisis en Venezuela es un lugar común en sus diversos niveles o dimensiones (crisis política, económica, social, humanitaria, entre otros), esta es la expresión del rotundo fracaso e inviabilidad del socialismo […]
Venezuela se ha convertido en un laboratorio que hoy es objeto de debate en el ámbito mundial. Hablar de crisis en Venezuela es un lugar común en sus diversos niveles o dimensiones (crisis política, económica, social, humanitaria, entre otros), esta es la expresión del rotundo fracaso e inviabilidad del socialismo del siglo XXI y de la llamada revolución bolivariana, que hizo retroceder al país andino en muchos ámbitos. Venezuela desaprovechó el segundo boom petrolero y la posibilidad real de ser el país con más desarrollo y estándar de vida, y haberse convertido en la primera economía de la región.
Las distorsiones de toda índole estuvieron presentes a lo largo del Gobierno del presidente Chávez, y se han profundizado con Nicolás Maduro[1] (devaluaciones, expropiaciones de tierras y empresas, estatizaciones, aumento de la dependencia de las importaciones, devastación del aparato productivo, sostenidos controles de precios y cambiarios, escasez de los productos de primera necesidad, aumento de la pobreza, miseria y desnutrición, etc.). Estos últimos aspectos se han potenciado y conforman parte de la crisis humanitaria actual, que ha sido objeto de evaluación de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Human Right Watch, comisiones de la OEA, y la visita de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2019), con sus respectivos informes. Así se han constatado la situación de vulnerabilidad de la población, la violación flagrante de derechos humanos, y un sinnúmero de situaciones degradantes de la condición humana que explica parte del éxodo masivo de venezolanos, entre otros temas discutidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2019), en el que se aprobó la apertura de una investigación al Gobierno de Venezuela por violación de derechos humanos[2].
2. La militarización y desinstitucionalización de la política en Venezuela (1999-2019)
En la experiencia venezolana, sui géneris, uno de los fenómenos registrados con Chávez y Maduro en el poder ha sido la particularidad de haber militarizado todas las instancias de gobierno durante estos años[3], expresada en el ejercicio de cargos públicos o la creación de entes, organismos o programas (desde la Asamblea Nacional Constituyente en 1999; el Plan Bolívar 2000, Misiones y Grandes Misiones; gobernaciones, alcaldías, ministerios, embajadas, consulados y otros) que han sido ocupados por militares sin los perfiles idóneos o requeridos para su ejercicio, con un desempeño desfavorable en sus funciones y responsabilidades; esto, sin olvidar la sostenida carrera armamentista de compras y equipamiento militar (tabla 1), la creación de unidades de la Reserva Nacional, zonas de defensa integral, y otras decisiones que ratifican una visión pretoriana en la conducción del Estado y el ejercicio del gobierno.
Tabla 1. Acuerdos y adquisición de equipos militares por Venezuela 2004-2019
Fuente: Rivas Leone (2019).
Creemos que uno de los mayores errores históricos del presidente Chávez, y ratificado por Maduro, ha sido alterar el rol de las fuerzas armadas, politizándolas, ideologizándolas y modificando su papel y misión estrictamente institucional y apolítica. El trastorno institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) implica asumir un sinnúmero de funciones no tradicionales, con altos grados de discrecionalidad, opacidad e ineficiencia, por lo que, paradójicamente, se descuida la misión primigenia y genuina de las FANB: el resguardo de las fronteras y la soberanía nacional, trastocada por la acción de grupos irregulares que operan dentro del territorio.
3. La gravedad de la crisis venezolana
La lista de distorsiones en la economía venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013) y su acentuación con Nicolás Maduro (2013-2019) son las principales claves para entender la dimensión y las consecuencias de la crisis actual. Los graves efectos de la indisciplina macroeconómica, la destrucción del sistema de precios, el tipo de cambio, la pulverización del signo monetario, la disminución de las reservas, la expansión monetaria a gran escala, los controles de precios para desestimular la producción y desincentivar la inversión privada, junto con el debilitamiento sistemático de las instituciones públicas responsables de la elaboración y producción de las estadísticas económicas, son parte de la debacle actual inédita en nuestra historia económica.
Reconocidas y acreditadas voces que han estudiado la economía nacional (Balza Guanipa, 2015) señalan que Venezuela no podrá derrotar la hiperinflación sin una formulación clara de política fiscal, monetaria y cambiaria, junto a la estimulación de la oferta de bienes y servicios, y la consecución de un mercado más natural, con menos controles de precios y de cambio, entre otras medidas que persigan frenar la hiperinflación creciente en Venezuela, que es de las más altas en la historia de la inflación a nivel mundial.
Junto a muchos analistas, politólogos y economistas (Alarcon Deza 2016, Bautista Urbaneja 2017; Balza Guanipa 2015; Oliveros 2017; Reid 2018; Rivas Leone 2019) hemos insistido en que Venezuela no puede producir un cambio de modelo y sociedad si no asume ciertamente un conjunto de acciones en varias direcciones, y que naturalmente pasan por un cambio de gobierno. Primero, de política macroeconómica orientada a disminuir la tasa de hiperinflación; segundo, de política fiscal basada en una sostenibilidad fiscal, aspecto que demanda el balance del presupuesto y sus fuentes de financiamiento, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir la vulnerabilidad fiscal; tercero, de política monetaria, ya que urge recuperar el valor del signo monetario o moneda, así como la confianza y capacidad de ahorro, aspecto vinculado a contar con una arquitectura fiscal y monetaria cónsona con la estabilidad económica; cuarto, de política petrolera, en la que es urgente lograr un tipo de cambio competitivo para estimular, justamente, a los sectores transables distintos al petrolero con un papel técnico y central del Banco Central de Venezuela en el manejo de la tasa de cambio; a lo cual se le suma un conjunto de políticas sectoriales en el área de petróleo, minería, industrias básicas, agroindustria y afines.
El expresidente Chávez no solo promovió y fortaleció lo militar y pretoriano en detrimento de lo civil, sino que terminó preso de sus propios temores y laberintos; ello determinó su propia sucesión en manos de Nicolás Maduro Moros como presidente impuesto tras su fallecimiento en el 2013, después elegido, y actualmente con la peor gestión, valoración y apoyo popular, ya que hipotecó y comprometió el futuro inmediato de la revolución e incluso del propio Partido Socialista Unido de Venezuela.
En el último trienio en Venezuela hemos apreciado un deterioro generalizado en todos los órdenes, basta revisar las cifras y estadísticas en términos de economía, salud, educación, seguridad, poder adquisitivo, infraestructura y transporte, con un impacto directo en la población más vulnerable, a tales niveles que las carencias de múltiples necesidades conforman el motor del éxodo de una porción importante de la población, sin contar con las personas fallecidas y la caracterización de la situación venezolana como «crisis humanitaria» a partir del año 2017 y recientemente hablar de “crisis humanitaria compleja”[4].
4. La transición venezolana 2020
Tres variables o aspectos hacen complejo el proceso actual venezolano, y conforman la diferencia o las claves en comparación con cualquier otro periodo o transición en nuestra historia nacional, e incluso, en la región latinoamericana: en primer lugar, la injerencia notoria de Cuba y Rusia en la política interna de Venezuela; en segundo lugar, la presencia desmedida de las FANB copando todos los espacios del Estado, y en tercer lugar, la desinstitucionalización de los partidos políticos; aspectos que condicionan la crisis actual y la propia transición política.
Recordemos que más de cincuenta países han desconocido al Gobierno de Nicolás Maduro y especialmente las elecciones fraudulentas del 20 de mayo del 2018, razón por la cual califican al régimen de Maduro de ilegal e ilegítimo. A partir del 10 de enero del 2019 (fecha en que concluyó el periodo constitucional), se produjo la usurpación por parte de Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional, de acuerdo con el marco constitucional vigente, procedió a juramentar como presidente encargado a Juan Guaidó, en su condición de presidente del Poder Legislativo.
La dinámica política venezolana contemporánea ha sido sumamente accidentada, en parte por el bloqueo institucional, el deterioro del Estado de derecho y la falta de autonomía de los poderes públicos, incluyendo la inobservancia de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, con lo cual la situación política se ha agravado al extremo de tener paralelismos no solo en términos del poder ejecutivo, sino incluso frente a la legítima Asamblea Nacional, la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente, y una manifiesta debilidad institucional y legal para solventar la grave crisis de gobernabilidad en Venezuela.
Tras la visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y su informe (2019), el país andino reinició procesos de diálogo y negociación, con la mediación de varios países, entre ellos Noruega y Barbados (suspendidos posteriormente); recientemente representantes de partidos minoritarios de la oposición firmaron un acuerdo de diálogo nacional con el Gobierno, en la búsqueda de un entendimiento y salida frente a la grave crisis venezolana.
Sin embargo, más allá de la intención de diálogo y de materializar algunos objetivos del acuerdo firmado (el 17 de septiembre del 2019), orientados a la liberación de presos políticos, al regreso del oficialismo a la Asamblea Nacional, la conformación de un comité de postulaciones y designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (enero 2020) o la exigencias del oficialismo de exigir levantar las sanciones al Gobierno, la realidad actual de Venezuela luce sumamente precaria en términos de deterioro económico e institucionalidad democrática y partidista en el cierre del año 2019 e inicios del 2020. Si los recientes procesos de diálogo no se materializan en una transición acordada de manera urgente –acompañada de un programa inminente de estabilización macroeconómica–, aparte del agravamiento exponencial generalizado del país para el cierre del 2019 y su agravamiento en 2020, otras posibilidades de cambio podrían surgir vinculadas a una ruptura o un estallido social, un golpe de Estado, mayores sanciones al Gobierno de Maduro, y la latente amenaza de una intervención militar (descartada para muchos) para restituir la democracia.
Venezuela exhibe una panorama sumamente complejo que se desprende no solo de la dimensión de la crisis, que ya se asume como humanitaria compleja y catastrófica con efectos en toda la región, sino además, del notorio afianzamiento del régimen de Maduro en el poder con la venia de las FANB. A lo cual se le suman los efectos del conjunto de sanciones internacionales, una deuda externa astronómica difícil de refinanciar y reestructurar (default) y la afectación de activos como Citgo, entre otros; sin negar las fracturas en el seno de la oposición que favorecen al régimen (y, por supuesto, la presencia en esta última de diferencias alrededor del liderazgo emergente de Juan Guaidó). Finalmente, se les suman las consecuentes migraciones y éxodos hacia Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, y otros países que consideran que Venezuela representa una amenaza para la paz, seguridad y estabilidad democrática en la región, y de allí surge la reciente reactivación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), entre otros aspectos que condicionan la viabilidad de la revolución bolivariana, y más aún, demandan una transición política de manera perentoria (a partir de un gran acuerdo o pacto nacional como ocurrió en 1958 con el Pacto de Punto Fijo) con la presencia de todos los actores y factores de la sociedad venezolana y, por supuesto, con el apoyo de la comunidad internacional como principal desafío no solo de Venezuela, sino de la propia región latinoamericana.
Referencias
Alarcón Deza, B. (2016). ¿Es posible una transición democrática negociada en Venezuela? En B. Alarcón Deza y M. Á. Martínez Meucci (eds.). Transición democrática o autocratización revolucionaria. El desafío venezolano II (pp. 169-201). Caracas: Centro de Estudios Políticos-Universidad Católica Andrés Bello, UCAB Ediciones.
Arenas, N. (2016). El chavismo sin Chávez. La deriva de un populismo sin carisma. Nueva Sociedad, (261), 13-22.
Balza Guanipa (coord.) (2015). Venezuela 2015. Economía, política y sociedad. Caracas: Konrad Adenauer Stiftung-Universidad Católica Andrés Bello.
Informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (2019). 4 de julio de 2019. Ginebra – Suiza.
Iturbe, E. (2017). La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas. En D. Bautista Urbaneja (coord.). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano (pp. 195-224). Caracas: Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Universidad Católica Andrés Bello, ABC Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung.
Maigon, T. (2007). Síntomas de la crisis y la deslegitimación del sistema de partidos en Venezuela. En G. Maihold (ed.), Venezuela en retrospectiva. Los pasos hacia el régimen chavista (pp. 77-111). Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
Martínez Meucci, M. Á. (2016). Cambio político en Venezuela 2013-2016: ¿transición, Estado fallido o profundización revolucionaria? En B. Alarcón Deza y M. Á. Martínez Meucci. (eds.), Transición democrática o autocratización revolucionaria. El desafío venezolano II (pp. 99-139). Caracas: Centro de Estudios Políticos-Universidad Católica Andrés Bello, UCAB Ediciones.
Oliveros, L. & Rodríguez Grille, J. M. (2017). Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petrolera. En D. Bautista Urbaneja (coord.). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano (pp. 259-290). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, ABC Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung.
Ramos Jiménez, A. (2009). El experimento bolivariano. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada-Universidad de Los Andes.
Reid, M. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Bogotá: Crítica.
Rivas Leone, J. A. (2010). En los bordes de la democracia. La militarización de la política venezolana. Mérida: Centro de Investigaciones de Política Comparada-Consejo de Estudios de Postgrado Universidad de Los Andes.
Rivas Leone, J. A. (2019). Transición democrática o autocratización revolucionaria. El deterioro institucional de la democracia en Venezuela 1999-2019. Working Papers (358). Barcelona: Institut de Ciencies Politiques i Socials, Universidad Autónoma de Barcelona.
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Urbaneja, D. B. (coord.) (2017). Desarmando el modelo. Las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999. Caracas: Abediciones-Konrad Adenauer Stiftung.
[1] «[…] si la mayoría de los venezolanos apoyó a Chávez en su apogeo, fue porque pensó que estaba ampliando la democracia, no extinguiéndola, como lo hizo Maduro […] El país más moderno de América Latina se vio reducido a un Zimbabue» (Reid, 2018, pp. 233-238).
[2] El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2019) aprobó la creación de una misión internacional independiente de determinación de los hechos cuyo propósito es realizar una indagación a fondo sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014 por el Gobierno de Nicolás Maduro.
[3] Véase ampliamente Rivas Leone (2010 y 2019); Ramos Jiménez (2009); Sucre Heredia (2017).
[4] En estos años se han producido algunas investigaciones y ensayos que documentan ampliamente el panorama de deterioro nacional y la propensión al militarismo y pretorianismo en las áreas de petróleo, economía, productividad, alimentación, finanzas; el declive de la administración pública e instituciones como Petróleos de Venezuela S. A., el Banco Central de Venezuela, y las industrias básicas, entre otros. Véanse ampliamente los trabajos de Eglé Iturbe (2017), «La institucionalidad administrativa de la revolución bolivariana y las políticas públicas», pp. 195-224; Oliveros y Rodríguez Grille (2017), «Transformaciones del sistema político venezolano en el siglo XXI: la política petrolera», pp. 259-290; Sucre Heredia (2017), «El papel de la estructura militar en la configuración del nuevo sistema político», pp. 331-381. Véase ampliamente el largo capítulo de Reid (2018) «El desastre venezolano», pp. 206-238.
José Antonio Rivas Leone
Docente investigador
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad de Los Andes. Mérida (Venezuela)
rivasleone@gmail.com