Si bien Colombia ha venido haciendo algunos esfuerzos importantes en la expedición de medidas institucionales y normativas en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad, los cuales son factores comunes para la lucha contra la corrupción y apuntan a acciones de un Buen Gobierno. La percepción que prima entre la ciudadanía es que aún hay mucho por hacer en estos temas, tal como se evidencia en la Encuesta de Cultura Ciudadana Bogotá 2018, donde el 59% de las personas entrevistadas consideran que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos y el 86% que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos, ello contrasta con la opinión de un 80% de los trabajadores del sector empresarial que afirman no haber conocido algún caso de corrupción en su lugar de trabajo. (Corpovisionarios, 2018).

Sobre esto se puede afirmar que, más allá de los datos y las encuestas, hay suficiente diagnóstico sobre las falencias y posibles mejoras del quehacer institucional, relacionado con la lucha anticorrupción, por ello basta leer las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– consignadas en el Integrity Review (2017) (Actúe Colombia, 2019) o el informe final del Proyecto ACTUE Colombia (2018), para entender que este gobierno enfrenta varios desafíos, entre los que vale la pena destacar:

• Paz y anticorrupción: La implementación de los acuerdos de paz supone la inversión de no pocos recursos, tanto en obras de infraestructura, diseño y puesta en marcha de sistemas de información, como en la ejecución de proyectos productivos para víctimas y desmovilizados. Esto, además de necesitar una inmensa coordinación interinstitucional, encabezada por la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la cual debe ir de la mano de una estrategia de integridad, transparencia y rendición de cuentas, que se implemente bajo la tutoría de la Secretaría de Transparencia, en coordinación con la Comisión Nacional de Moralización y la mirada aguda de órganos de control y auditorías, de tal suerte que se puedan detectar los posibles riesgos de corrupción[1] y se establezcan medidas de mitigación y respuesta, los cuales puedan brindar confianza al país y a las organizaciones internacionales que han venido apoyando el proceso de una paz sostenible.

Adicional a lo anterior, y teniendo en cuenta las zonas de posconflicto, se puede decir que el proceso se enfrenta a un reto adicional, donde es necesario diferenciar las capacidades de la administración pública, regional y local (que en ocasiones pueden ser muy débiles), y fortalecerlas en temas de información e integridad.

• Mejorar la calificación de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En los últimos cuatro años, Colombia ha venido descendiendo en puestos en este índice, el cual se mide en una escala de 0 a 100 (donde 0 es una percepción muy alta de corrupción y 100 lo contrario), los niveles de percepción de corrupción en el sector público, en un país determinado. Con una calificación constante, por debajo de 40, lo cual denota que, a pesar de los múltiples esfuerzos, no hay avances significativos, además el país debe revisar sus actuaciones en temas trascendentales como el soborno (público y privado), el fraude electoral, el financiamiento de campañas políticas, los escándalos políticos, el tráfico de influencias, entre otros, que han marcado la profunda desconfianza del ciudadano en las instituciones, reflejada en esta medición.

[1] En el tema de riesgos de corrupción, vale la pena mencionar que Transparencia por Colombia adelanta un ejercicio de identificación de riesgos de corrupción sobre los recursos destinados a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, como contribución desde la sociedad civil a la garantía y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

[caption id="attachment_1324" align="aligncenter" width="907"] Nota. Recuperado de Transparencia Internacional[/caption]

Más allá de la regulación, donde Colombia ha logrado llevar la delantera, es importante el cumplimiento de las leyes y una buena administración de justicia que coadyuve esta tarea. Del mismo modo, un aliado fundamental en la lucha contra la corrupción son los medios de comunicación, por lo que es importante garantizar su seguridad y su independencia.

• Fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia: No obstante la creación en 2011 de la Secretaría de Transparencia, como una entidad adscrita a la Presidencia encargada de asesorar y apoyar directamente al Presidente en el diseño e implementación de una Política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Presidencia de la República, 2011), esta entidad, tal como lo señala la OCDE en su estudio sobre Integridad, debe fortalecerse y empoderarse en este rol asesor, para lo cual, pueden adelantarse varias acciones:

En primer lugar, está la forma de nombramiento y remoción del Secretario, la cual debería ser más transparente, por ejemplo, mediante concurso abierto convocado por la Presidencia de la República, de tal suerte que no admita interferencias o sea utilizado para beneficio personal. Adicionalmente, este funcionario, una vez nombrado (por periodo fijo), debería tener más incidencia y línea directa con los organismos de control competentes, frente a la posibilidad de iniciar o priorizar investigaciones de personas o casos relevantes, más allá de los espacios de articulación como la Comisión Nacional de Moralización o el Comité de Coordinación contra la Corrupción –C4-. Esto le permitiría a la entidad, superar el hecho de ser simple receptora de múltiples denuncias, frente a las cuales no tiene capacidad de investigación ni sanción, por lo que debe canalizarlas a los entes competentes. Por último, en aras de la legitimidad, el Secretario de Transparencia debería tener asiento en el Consejo de Ministros.

De otra parte, frente al diseño e implementación de la política pública, es hora de pensar en la estructuración, de forma participativa, e implementación de una nueva política pública que supere las deficiencias del documento Conpes 167 de 2013 (Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción –PPIA) donde, de manera desarticulada, se planteó el cumplimiento de un número importante de acciones y compromisos de diferentes entidades que, entre otras, no cuentan con un sólido mecanismo de evaluación.

Si se decide elaborar una nueva política pública, no se pueden desconocer los avances del país en materia de acceso y calidad de la información pública, los esfuerzos del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP– en temas de integridad y los retos que allí plantea la OCDE (por ejemplo, los temas de conflictos de interés), la reactivación de las Comisiones Regionales de Moralización, el mejoramiento del Manual Único de Rendición de Cuentas, entre otros. Sin embargo, más allá de un nuevo diagnóstico, nuevos compromisos y el mejoramiento, reestructuración o eliminación de varios de los instrumentos y herramientas que hoy se tienen para combatir la corrupción, es necesario pensar en un enfoque sistémico, multiactor y articulado que, además del fortalecimiento de la prevención en identificación de riesgos y de un componente fuerte y efectivo de transformación cultural, apunte a la diferenciación regional, sectorial y temática de la corrupción.

Un país tan extenso y multicultural no puede ser homogenizado en el tratamiento y en la aplicación de herramientas y de políticas públicas anticorrupción, idea que claramente expresa la investigadora Gloria Isabel Ocampo al decir que:

Políticas públicas diseñadas en la capital, siguiendo parámetros técnicos, tendrían efectos muy diferentes a los enunciados al llegar a los ámbitos locales, y expondrían tanto las falencias, los márgenes y las declinaciones del Estado y de la política, como las divergencias entre el orden estatal y el orden societario (especialmente, el orden de la ciudadanía en marginalidad) que se exacerbaban con las reformas (2018, p.23).

Resalta dentro de la Secretaría el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el cual debe ser potencializado en aras de difundir el conocimiento, las alianzas y las herramientas que se produzcan en desarrollo de la política pública y la función asesora de la Secretaría. En el mediano plazo, este espacio puede contribuir a transparentar la evaluación de la política y generar indicadores.

La alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública es fundamental para llevar a buen puerto las recomendaciones que, en materia de transparencia, exige la OCDE para la elaboración de una nueva política pública o, si se quiere, de un sistema nacional de integridad.

Un último punto, relacionado con el fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia, tiene que ver con que se le garanticen los recursos financieros y humanos para su funcionamiento. Esto, según el informe del Proyecto ACTUE debe incluir la posibilidad de:

(…) contratar a algunos profesionales medio senior y senior con capacidad de gestión de equipos, conocimiento técnico sólido y habilidades técnico-políticas para la interlocución y coordinación con los niveles de toma de decisiones de otras entidades públicas y privadas y con visión de permanencia en los cargos durante los cuatro años del gobierno. (Actúe Colombia, 2018)

• Desarrollar lineamientos de política pública para avanzar de un gobierno abierto a un Estado abierto. Desde el año 2011, liderada por la Secretaría de Transparencia junto con entidades gubernamentales y aliados estratégicos de la sociedad civil, Colombia inicia su participación en la Alianza para Gobierno Abierto (AGA) a través de la elaboración del I Plan de Acción. La Alianza:

(…) es una iniciativa multilateral voluntaria en la que participan más de 60 países, que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías, que logren generar cambios concretos y visibles. (Alianza Gobierno Abierto Colombia, 2019)

 En el marco de la Alianza, entre otros, se han logrado avances positivos en materia de plataformas electrónicas de divulgación de información, de compromisos del nivel territorial y de justicia abierta. Para 2019 se adelantará la elaboración del IV Plan de Acción en el que se espera ampliar el número de compromisos y territorios.

No obstante la Alianza, es importante que el gobierno recoja los logros y desafíos de esta experiencia y elabore documentos de política que potencien la transparencia, la rendición de cuentas y la participación más allá de la rama ejecutiva, en un enfoque integral que vincule al poder legislativo, la rama judicial, las entidades independientes del gobierno, los territorios sub nacionales, la academia, la sociedad civil y el sector privado, tal como lo sugiere la OCDE, en su documento Gobierno Abierto. Contexto mundial y el camino a seguir, aspectos claves (2016).

[caption id="attachment_1325" align="alignnone" width="1084"] Nota: Disponible en: Gobierno Abierto. Contexto mundial y el camino a seguir, aspectos claves. OCDE (2016) Recuperado de: http://www.oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ESP.pdf[/caption]

Vale la pena precisar que la idea de un Estado abierto no riñe con la independencia de los poderes. Lo que se buscaría, es, en el mediano plazo una diferencia cultural y una apropiación de los principios rectores del gobierno abierto.

Referencias

Actue Colombia (2018) Transparencia y Anticorrupción. Recuperado de: http://actuecolombia.net/images/docs/RecomendacionesdeACTUE.pdf.

Actue Colombia (2019) Estudio Integridad de Colombia. Consultado el 09/04/2019. Recuperado de: http://www.actuecolombia.net/images/docs/EstudioIntegridaddeColombia.pdf.

Actue Colombia (2019) Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia. Recuperado de: http://actuecolombia.net/

Alianza Gobierno Abierto Colombia (AGACOLOMBIA) (2019) Misión de Alianza para el gobierno abierto. Recuperado de: http://agacolombia.org/mision.

Corpovisionarios (2018) Encuesta CC-2018. Consultado el 08/04/2019.Recuperado de: https://corpovisionarios.org/wp-content/uploads/2018/12/encuestaCC-2018.pdf.

Documento COMPES 167 (2013) Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de: http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Conpes_167.pdf

Ocampo, G I, 2018, ¿Cuál Estado para cuál ciudadanía? Paradojas y disyunciones de la modernización del Estado en Colombia, Bogotá. Editorial EAFIT, Cinep.

OCDE (2016) Gobierno Abierto. Contexto mundial y el camino a seguir, aspectos claves. Recuperado de: http://www.oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ESP.pdf

Presidencia de la República (2011) Decreto 4637 de 2011. Recuperado de: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Diciembre/09/dec463709122011.pdf

Sandra Ximena Olaya Flórez
Docente de Política Pública Anticorrupción
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
sandra.olaya@uexternado.edu.co

ZERO IMPRESA EDICIÓN 37

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