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Ultimátum
20 de marzo de 2018

Reincorporación de las FARC-EP: ¿innovación posconflicto o más de lo mismo?

 

Tras el primer año de implementación de los compromisos derivados del acuerdo de paz suscrito en La Habana, el balance ha sido deficiente para el gobierno, según el Instituto Kroc[2] (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2017), la Organización de las Naciones Unidas[3] (COLPRENSA, 2017) y el presidente Santos Calderón.

El 16 de agosto de 2017, con el fin de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y su transformación en espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), inició oficialmente el proceso de reincorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Este proceso está a cargo de la antigua Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy rebautizada Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), según los decretos 897 y 899 de 2017 (Presidencia de la República, 2017; Herrera, 2017a). Así, la «nueva» institución heredó una de las agendas en las que el gobierno colombiano tiene la experiencia más estructurada a escala internacional (Herrera & González, 2013), ¿qué ha pasado desde entonces?

Errores previos a la reincorporación social y política: «Lo mismo que antes»[4]

Tras cerca de catorce años de contar con un programa para reintegrar excombatientes y cerca de veinte años de desmovilizar individuos de forma colectiva e individual[5], se infería que se habían aprendido las lecciones de los procesos anteriores en el país en temas de dejación de armas, desmovilización y reincorporación/reintegración (DDR) (Bechara, Herrera, & Cortés, 2015). Sin embargo, a pesar de las preparaciones y proyecciones que los equipos técnicos tuvieron en años previos al acuerdo, en el día D, en el momento 0, la respuesta estatal no estaba lista.

Instituciones como FondoPaz, que se destacó por su gran nivel de aprendizaje en las desmovilizaciones colectivas de las AUC, no pudieron sortear las limitaciones legales y administrativas para tener listas las zonas cuando se debía. Cabe anotar que, a pesar de que las FARC-EP llegaron a las zonas al final de enero de 2017, a noviembre del mismo año y tras la verificación explícita que se realizó en uno de los ECTR, se encontró que no estaban terminadas las obras acordadas.

 

 

Figura 1. Fotos del ETCR de Dabeiba. Fuente: @DylanHerrera.

 

Contrario a lo imaginado, los problemas no fueron solo de logística e infraestructura (OIAP, 2017). Tras años enteros de guerra contra las FARC-EP, quedó en evidencia que el aparato de defensa colombiano no tenía totalmente identificado a su blanco mayor de la última década; el desconocimiento de los miembros del ala clandestina y algunos combatientes dificultó los procesos de certificación y llevó a posteriores errores, como la aprobación preliminar de narcotraficantes y otros actores delincuenciales en los listados. Inicialmente se recogieron en total cerca de 14.000 nombres, que fueron depurados hasta que, al final, quedaron 11.284.

Esta revisión aún no ha terminado, pues según el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, a septiembre del 2017 aún faltaban por revisar cerca de 350 casos. Cabe aclarar que el tiempo para la inclusión de nombres de las FARC-EP terminó el 16 de agosto[6], es decir, que a hoy no se tenía certeza del número exacto de integrantes de las FARC-EP que iban a atravesar el proceso de reincorporación para finales del año anterior.

Los medios destacaron que supuestamente se estaban cobrando cifras millonarias en cárceles (del orden de $5.000 millones) para ser incluidos en los listados que se iban a remitir desde las cárceles. De ahí salieron los 25 nombres de potenciales colados entre los que estaban personas como Eduardo Cabrera (hermano de alias Fabián Ramírez) y otras personas con nexos con redes de crimen trasnacional organizado en México e incluso Italia, como Giovanny y Édgar Castillo Rico.

Aunque el escándalo se desató por la denuncia que hizo El Tiempo (2017) sobre la inclusión de 25 narcos, algunos de ellos pedidos en extradición por Estados Unidos, el problema es aún mayor. En la actualidad, en la revisión de casos se encuentran miembros de estructuras delincuenciales, sicarios, lavadores de activos, entre otros que afirman haber realizado sus acciones a nombre de las FARC-EP, aunque no necesariamente estuvieran en los listados iniciales de la organización.

Un agravante de la situación es que, en las estructuras de inteligencia militar y de policía, algunos de ellos sí aparecían como parte de las estructuras de las FARC-EP y de sus redes de apoyo en temas de extorsión, finanzas, logística, entre otros. Este ha sido un argumento que el grupo y las corporaciones afines han utilizado para decir que el mismo gobierno se está contradiciendo al sacar algunos de estos personajes de los listados entregados por el grupo.

Por su parte, tras la dejación de las armas, al 1.° de noviembre de 2017, habían asesinado a 33 integrantes de las desmovilizadas FARC-EP, según reportes de la organización misma, varios incluso antes de poder iniciar de manera efectiva su proceso de reincorporación.

La reincorporación: entre las Escila y Caribdis de lo político y lo técnico

Uno de los elementos innovadores del presente proceso de reincorporación era que, a diferencia de las experiencias del pasado reciente, se optó por un enfoque más participativo por parte del colectivo que deja las armas, donde, en conjunto con la ARN, trazaran los lineamientos del programa de reincorporación en una instancia denominada Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

El CNR es una instancia compuesta por dos representantes del gobierno y dos de la antigua guerrilla de las FARC-EP, en donde, tras casi un año de funcionamiento y cerca de medio centenar de sesiones realizadas, no ha logrado presentar un solo reporte[7] sobre la ruta de reincorporación que habrán de seguir los exguerrilleros de la organización rebelde (Herrera, 2017b).

El tiempo de reincorporación, que dura dos años según el acuerdo y que arrancó oficialmente en agosto del 2017, sigue su curso sin que a los excombatientes se les haya definido una salida clara. Retomando la obra de Homero, La Odisea, los desmovilizados están a la deriva en un barco que lucha por mantenerse a flote entre una pugna política y una técnica; como a Ulises, les está tocando mantenerse a flote en la legalidad entre la Escila de lo político y la Caribdis de lo técnico, dos monstruos que al estar en orillas opuestas ponen en riesgo la vida y futuro en la legalidad de quienes dejaron las armas.

Para las FARC-EP ha sido conveniente mostrar que ellos han cumplido mientras que el gobierno, que contaba con más de 14 años de experiencia reciente en estos procesos, ha fracasado en los puntos más elementales del DDR[8]. Sin embargo, dicha victoria política viene a un elevado costo técnico en donde al final los perjudicados son los desmovilizados rasos que hoy siguen en los ETCR asistiendo a formaciones del SENA, pero sin una propuesta de reincorporación clara, algunos con niveles de analfabetismo más altos de los reportados en el censo socioeconómico de la Universidad Nacional de Colombia[9].

En conclusión, además de la falta de una ruta, al 1.° de octubre de 2017 aún faltaba afiliar alrededor de 1.450 desmovilizados al sistema de salud, tan solo 3.500 (31 % de los 11.284) estaban inscritos en programas académicos, 3.840 (34 % de los 11.284) estaban afiliados a pensión y aún más de 1.100 exguerrilleros no habían recibido su asignación única de normalización tras haber dejado las armas[10].

 

Las mismas fallas del pasado en un esfuerzo de reinventar la rueda

Los principales aprendizajes de catorce años del proceso de reintegración de excombatientes y las experiencias colectivas de las desmovilizaciones de los años noventa no se han tenido en cuenta lo suficiente y se están comenzando a ver los primeros efectos colaterales de querer reinventarse la rueda.

La implementación por parte de Fondo Paz y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)[11] aterrizó en Colombia y no en Suiza. Esta entidad había liderado procesos similares durante las desmovilizaciones de las AUC entre 2003 y 2006, pero no logró anteponerse al sistema. Las zonas no estuvieron listas —y aún no lo están—, dado que toda medida que hubiera arrancado de manera previa en el cronograma —el ideal técnico—  habría sido un riesgo de demanda por peculado. Por consiguiente, toda implementación en las zonas veredales —actuales ETCR—  fue tardía, ineficiente e incompleta.

La gente llegó a las zonas a construir y a esperar a que gradualmente fuera llegando la oferta gubernamental, que aún no es constante ni completa tanto en formación académica como vocacional, y mucho menos llegó la asistencia psicosocial. La consecuencia evidente es que, tras casi un año de estar en las zonas —donde la reincorporación tan solo arrancó en agosto de 2017—, hoy más de la mitad de los excombatientes abandonaron las zonas y optaron por buscar trabajo rural en su gran mayoría, aunque hay reportes en ciertas zonas de su vinculación a estructuras disidentes y criminales.

Al parecer, una de las agendas de victoria temprana —la reincorporación— no ha aportado de manera plena su granito de arena, en parte porque no tiene la autonomía, dado que toda decisión es consensuada y, por ende, surte un proceso largo y desgastante en el CNR. Pero a su vez, porque con decretos recientes, como el 2026 de 2017, además de consensuar lo técnico, tendrá que encargarse de lo operativo y logístico a partir del 1.° de abril de 2018. Así, al heredar todos los incumplimientos de Fondo Paz y la OACP y al asumir tareas que no le deberían competer debido a su enfoque misional técnico, se está pasando de una agencia técnica a una agencia «todera». Colombia fue la gran noticia en lo político tras la firma del acuerdo de paz en 2016, era la gran expectativa en lo técnico para 2017, tras toda la preparación y planeación que se dio en las entidades en los últimos tres años; sin embargo, la historia fue otra. Se llega a cambio de gobierno con un proceso endeble, frágil en lo técnico, pero comprometido en lo político, por lo que la innovación del posconflicto terminó siendo en su primer año tan solo un poco más de lo mismo que antes.


[1] Profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Asuntos Internacionales con mención en Seguridad Internacional de SciencesPo París. Ha sido consultor en temas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes por varios años, apoyando procesos en Colombia, Filipinas y la República Democrática del Congo.

[2] Según el informe del Instituto Kroc publicado en noviembre de 2017, de las 38 disposiciones que tiene el acuerdo en temas de reincorporación, solo el 42 % han sido implementadas completamente, 5 % están en vías de implementarse, 26 % hasta ahora han empezado y cerca del 26 % de las disposiciones aún no arrancan (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2007).

[3] Según Jean Arnauld Representante Especial y Jefe de Misión de Naciones Unidas en Colombia, «(…) las salidas se han dado por la desilusión frente a la ausencia de perspectivas socioeconómicas, como también porque otros han querido reunirse con sus familias, hacer política, buscar reincorporación por su propia cuenta, entre otros. “Sin embargo, el mayor determinante de las salidas es efectivamente, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los ETCR. Muchas expectativas incumplidas por mucho tiempo”».

[4] Expresión célebre de Jaime Garzón en su programa Zoociedad.

[5] La Ley 418 de 1997 crea el instrumento para viabilizar desmovilizaciones individuales (tras el fin de los procesos de desmovilización colectivos) y posteriormente se retoma para que fuera la base de los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006.

[6] Según el acuerdo, tenían hasta el final de las ZVTN para poder incluir nombres en las listas que se entregaron al gobierno.

[7] Al 8 de diciembre de 2017.

[8] Desarme, desmovilización y reintegración.

[9] Razón por la cual una de las actividades que tendrá que hacer la ARN es actualizar dicho censo, dado que hay elementos para verificar y porque la población objetivo ha disminuido tras la salida de los ETCR de cerca del 55 % de los excombatientes.

[10] Este cálculo se hizo con las cifras reportadas por el director de la Agencia, Joshua Mitrotti, el 1.° de octubre en Icononzo (Tolima), en la reunión de balance de la implementación. Para más información, ver Caracol Radio (2017).

[11] Oficina del Alto Comisionado para la Paz.


Referencias

Bechara, E., Herrera, D. & Cortés, E. (2015). Desarmar la guerra para construir la paz: la reintegración de combatientes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En C. Isaza (ed.), Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia (pp. 23-38). Bogotá: Universidad Externado de  Colombia.

Caracol Radio (2017). Las cifras de la reincorporación. Recuperado de http://caracol.com.co/radio/2017/09/30/nacional/1506805442_683252.html.

Colprensa (22 de noviembre de 2017). La mitad de las FARC se ha ido de las áreas de reincorporación. Vanguardia. Recuperado de http://www.vanguardia.com/colombia/416484-la-mitad-de-las-farc-se-ha-ido-de-las-areas-de-reincorporacion.

Unidad Investigativa (10 de septiembre de 2017). Los 25 capos que se colaron en las listas de las FARC. El Tiempo. Recuperado de //www.eltiempo.com/justicia/investigacion/lista-de-25-narcos-colados-en-listas-de-las-farc-128994.

Herrera, D. (4 de agosto de 2017a). El cambio de ACR a ARN: el Ferrari que no les sirvió a las FARC-EP. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3054275.

Herrera, D. (2 de noviembre de 2017b). Más allá de la participación en política, ¿qué ha pasado con la reincorporación de FARC? La Silla Vacía. Recuperado de http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/historia/mas-alla-de-la-participacion-en-politica-que-ha-pasado-con-la.

Herrera, D. & González, P. (2013). Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS). Colombia Internacional (77), 272-302.

Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz (2017). Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia. Universidad de Notre Dame. Recuperado de http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf.

Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) (2017). ¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el Acuerdo Final? Boletín (4). Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/232422.pdf.

Presidencia de la República (29 de mayo de 2017). Decreto 897 de 2017. Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20897%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf.


Dylan Herrera[1]

Consultor en temas de desarme
Egresado
Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales
dylan.herrera@fdipacifico.org

Zero Impresa Edición 35
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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