Movimientos sociales en clave de posconflicto

Con la firma final del acuerdo de paz en noviembre de 2016, el país asiste a un proceso transicional denominado posconflicto. Este se entiende como un profundo y complejo proceso de transición política, en el que un régimen preexistente político o económico es remplazado o modificado con la sustitución o negociación de valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas (Santamaría, 1982). Durante ese tiempo crítico se opera lo acordado en los ámbitos local y nacional, enmarcado en una profunda incertidumbre, pero con la certeza de que realizarlo es vital para mejorar la transformación de reglas institucionales, mecanismos de participación y competencia política, es decir, la estructura de la democracia.

Vale la pena recordar que, en los numerosos procesos de transición política que se han presentado en América Latina, África, Asia e incluso Europa Oriental, se registraron inusitados aumentos de la movilización social y política por parte de antiguos y nuevos colectivos sociopolíticos que «buscaron forzar o reforzar las aperturas desde arriba, mientras el componente social buscaba seguir negociando a través de la movilización, pero dentro de los marcos institucionales establecidos dentro del proceso planteado» (Garretón, 1997, p. 7).

En ese orden de ideas, los movimientos sociales en Colombia tienen una estructura de oportunidad para construir su agenda e incidir en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Por lo tanto, no resulta sorpresivo que la movilización social aumente y sea más persistente en las circunscripciones especiales para la paz (CTPE)[1], en las que los colectivos sociales serán actores sustanciales en la implementación de lo acordado.

Así, los movimientos sociales colombianos se encuentran en un profundo proceso de transformación no solo en cuanto al tipo de organizaciones y los tipos organizativos, sino en la manera en que interactuarán con los actores institucionales y del mercado en diversos ámbitos. Por ello, comprender los movimientos sociales en este especial contexto proveerá pistas para entender los desafíos que su presencia significa para el sistema político colombiano que se está reconfigurando.

 

Desafíos de los movimientos sociales

Varios son los desafíos a los que se enfrentan los movimientos sociales en la transición que significa el posconflicto: la conceptualización de estos, su organización y alcance, sus temas y repertorios de acción, la militarización de la protesta y la participación en las elecciones legislativas del 2018.

El primero se refiere al concepto que, desde el Estado, los organismos de seguridad e incluso la opinión pública se han hecho de los colectivos sociales y sus acciones colectivas, ya que el contexto de la Guerra Fría creó lo que se ha denominado una sociedad contrainsurgente, es decir, que «la amenaza interna logra articular tanto los intereses de los organismos estatales como de las élites políticas y económicas en torno a la salvaguarda del orden» (Franco, 2002, p. 72).

Es evidente que el impacto de concebir la participación política de esa forma tuvo nefastas consecuencias para la movilización de los diversos colectivos sociales, al asociarlos a conceptos como desorden, ingobernabilidad, violencia o parálisis social. Por ello, el posconflicto emerge como una oportunidad única para superar esa interpretación contrainsurgente y con ello profundizar en que el disenso es condición necesaria para la democracia en su aspecto de pluralismo político.

De este modo, el cambio de concepto debe ser más notorio a nivel territorial, recordándoles a los decisores políticos subnacionales que los movimientos sociales:

Permiten la expresión política de los actores sociales subrepresentados, contribuyen a la socialización de la ciudadanía en los valores democráticos, enriquecen el debate político, visibilizan problemas relevantes coadyuvan en la formación de la sociedad civil y fomentan el control social de la gestión pública (Cruz, 2015, p. 93).

Y es que, en los territorios donde funcionarán las circunscripciones especiales para la paz, los diversos sectores sociales de mujeres, indígenas, ambientales, culturales, campesinos, mineros o de jóvenes tienen que realizar un importante trabajo para posicionarse como actores legítimos dentro de los procesos de negociación de la política pública local o en procesos coyunturales de movilización.

Es vital, entonces, para la gobernabilidad y el éxito del posconflicto que la desconceptualización de la sociedad contrainsurgente inicie por parte de los gobernantes y líderes políticos de los territorios, aceptando el disenso y la legitimidad de otras formas de hacer política, como lo realizan los movimientos sociales.

El segundo se enmarca tanto en la organización como en el alcance de los movimientos sociales en los planos local y nacional. Lo primero que se debe señalar es que Colombia, más que un movimiento social de orden nacional, heterogéneo, transversal, solidario, tiene múltiples movilizaciones sociales descentralizadas, pero con capacidad de presión territorial, que se han incrementado en los últimos años, de acuerdo con las cifras del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

El éxito de movilizaciones como el paro nacional agrario, el paro minero o el paro de profesores da cuenta de la experiencia adquirida respecto a la capacidad organizativa de los colectivos, que han transitado de espacios rígidos y verticales a unos más asamblearios y horizontales, imprimiéndoles un carácter y una identidad más sólidos a sus miembros. Además, han aprendido a dosificar sus recursos económicos, humanos, políticos e incluso simbólicos, con el fin de potenciarlos cuando la clase de modalidad de acción colectiva así lo requiera.

Así, la idea que la sociedad contrainsurgente ha construido sobre las organizaciones se desvirtúa de acuerdo con la capacidad de presión que han logrado en los últimos años, llegando incluso a ser un actor predominante no solo en la construcción de los acuerdos, sino en la operacionalización de los puntos pactados y como garantes de su cumplimiento.

Por ello, entender que los movimientos sociales, al igual que el resto de actores políticos en este contexto transicional de posconflicto, se encuentran en proceso de transformación y adaptación a las nuevas reglas institucionales y normativas le permitirá al Estado entenderlos como voces necesarias para garantizarle a cualquier administración local o nacional elevados grados de gobernabilidad.

El tercero se refiere a los temas y los repertorios de acción usados por los colectivos sociales que, en el contexto actual, deberán empezar a ser tratados por parte del gobierno como prioritarios para su agenda. Y aunque la seguridad seguirá siendo fundamental, asuntos como la pobreza, desigualdad, equidad, modelo económico, explotación minera o trabajo visibilizarán problemas estructurales del sistema político-económico colombiano.

En este sentido, viejos movimientos sociales anclados en demandas económicas, como el campesino, laboral, servicios públicos, educación o infraestructura, coexistirán con nuevos movimientos de orden más simbólico y de reivindicación de derechos, como víctimas, LGBTI, animalistas, ambientales, mujeres, jóvenes, por la paz, afrodescendientes o indígenas o socioambientales.

La existencia de materias tan diversas se reflejará en la creación de nuevos colectivos u organizaciones sociales que incluirán temas inscritos en los denominados nuevos movimientos sociales, dentro de los territorios y regiones donde existió el conflicto armado. Por lo tanto, es necesario que gobernantes locales y municipales se enfrenten a estos «nuevos» problemas públicos, con la misma capacidad que ante los problemas tradicionales, propiciando cambios culturales y políticos.

Paralelo a los temas, los movimientos sociales se enfrentan a la diversificación de sus repertorios de acción colectiva que desde el 2011 le han venido apostando a la celebración de huelgas, marchas y performances culturales de profunda contundencia simbólica, capaces de llegar a la ciudadanía con el fin de dar a conocer su problema. En ese orden de ideas, al finalizar el conflicto las acciones colectivas entrarán en una dinámica distinta, en la que tanto desafiantes (movimientos sociales) como desafiados (Estado) puedan comprender los repertorios de acción más allá de la lógica contrainsurgente.

El cuarto se enmarca en esa lógica contrainsurgente que aún justifica respuestas de orden coercitivo y militar frente a la protesta y el trabajo de los colectivos sociales, como los movimientos campesinos y de restitución de tierras, ya que, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, han asesinado a 17 líderes y miembros de dichos colectivos desde la aprobación del acuerdo de paz.

Una de las instituciones que necesita reinterpretar los colectivos y la movilización son las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que deben repensar la concepción de los repertorios de acción de los colectivos como análogos a disturbios, situación que desdibuja el alcance político de los movimientos y su legitimidad, dando un espacio para que sean criminalizadas sus acciones y líderes, con consecuencias graves para los principios democráticos.

Por ello, para que los movimientos sociales y sus acciones colectivas puedan garantizarse en el posconflicto, es necesaria una revisión profunda del andamiaje normativo e institucional existente, además de legitimar desde las fuerzas policiales a estos actores como partícipes legítimos de los procesos de deliberación pública.

El último desafío se refiere a la participación de los colectivos y movimientos en las elecciones legislativas del 2018, ya que uno de los objetivos fundamentales por el cual se crearon las circunscripciones especiales para la paz (CTPE) fue ampliar y profundizar la participación política de las diversas organizaciones sociales en los territorios donde la presencia institucional ha sido débil y fragmentaria.

De ese modo, en las 16 zonas que abarcan 167 municipios en 18 departamentos del país, los actores sociales han «establecido diversos tipos de relación con los actores armados» (Cruz, 2015, p. 88), que han oscilado entre movimientos de resistencia al conflicto y a la violencia, al desarrollo de múltiples proyectos con las comunidades y colectivos de los territorios, por lo que han coexistido con todo tipo de actores violentos.

Con el posconflicto la participación ya no tendrá ese matiz de resistencia y sobrevivencia, sino que podrá optar por el uso de las vías electorales, para fortalecer la representación institucional en el Congreso de la República en dos elecciones legislativas que tendrán carácter transitorio. Así, todo tipo de organizaciones sociales legalmente constituidas y establecidas en dichos territorios pueden presentar candidatos, ya que los partidos políticos con representación en el Congreso no podrán hacerlo.

La lógica de esta medida institucional tiene para los movimientos sociales un impacto positivo como lo es la posibilidad de ampliar sus formas de representación política a través de los representantes elegidos, y con ella, la incidencia de sus demandas en la agenda nacional o en la discusión del diseño de los andamiajes normativos y técnicos de las políticas públicas con impacto en sus territorios. El impacto negativo es el debilitamiento o pérdida de su autonomía, entendida como las formas de organización, prácticas y reglas que trazan los miembros o activistas de las organizaciones o movimientos sociales, un recurso fundamental para su acción política.

 

Conclusiones

El posconflicto debe entenderse como parte de un proceso transicional político en el que los acuerdos pactados en La Habana con las FARC y los posibles con el ELN significan un proceso de transformación de reglas, prácticas políticas, reingeniería gubernamental y transformaciones culturales, con implicaciones institucionales no solo para el gobierno, sino para los actores inscritos en este proceso.

Los movimientos sociales, como actores políticos colectivos desafiantes, se concibieron como agentes alteradores del orden social vigente y amenaza a los intereses del statu quo vigente. Dicha interpretación atravesó todas las instancias sociales, políticas, económicas y culturales, aceptando la construcción de una sociedad contrainsurgente.

El debilitamiento de esa lógica en el posconflicto les permitirá a los colectivos sociales llevar a cabo transformaciones no solo en términos de su organización, sino en el alcance de sus demandas, ampliando la posibilidad de incidir en la construcción de las políticas públicas, donde la experiencia técnica, política y simbólica de estos actores es un recurso fundamental para transitar a espacios más flexibles de gobernanza territorial.

La desmilitarización de la protesta y la participación en las elecciones legislativas del segundo semestre del 2018 serán los desafíos más cercanos para los movimientos sociales y el Estado dentro de este amplio proceso transicional. Por ello, se requiere que los decisores políticos y las fuerzas de seguridad entiendan la movilización social como un recurso político de la democracia que es fundamental para la gobernabilidad y no como actos cercanos a la criminalidad.

La desconceptualización les permitirá a las organizaciones sociales presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz y competir con todas las garantías en el proceso electoral legislativo, ampliando la representación política, así como la capacidad de presión e incidencia de sus demandas en las agendas locales y nacionales.

Por último, los movimientos o colectivos sociales antiguos y nuevos presentes a lo largo del territorio nacional conforman una polifonía de voces que contribuyen en la democratización del país y en lo que se sueña: una paz estable y duradera.

[1] Nota de los editores: vale la pena aclarar que en el momento en el que se realizó este artículo, estaba todavía vigente la figura de las circunscripciones especiales para la paz que no fueron aprobadas, posteriormente, por el Congreso de la República. Pese a recibir 50 votos a favor y sólo 7 en contra, faltó un voto para darle curso, en tanto se trataba de una votación calificada. Posteriormente, una instancia judicial, al pronunciarse sobre una acción de tutela, ordenó enviar el texto del acto legislativo al Presidente de la República para ser sancionado.

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Referencias

Cruz, E. (2015). El posconflicto y los desafíos de la protesta social en Colombia. Ciudad Paz-Ando, 8(1), 84-103.

Franco, V. (2002). El mercenarismo colectivo y la sociedad contrainsurgente. Revista Estudios Políticos, 21, 55-82.

Garretón, M. (1997). Revisando las transiciones democráticas en América Latina. Revista Nueva Sociedad, (148), 20-29.

Santamaría, J. (1982). Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español. En J. Santamaría (ed.). Transición a la democracia en el sur de Europa y América Latina (pp. 371-417). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

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Magda Catalina Jiménez
Docente investigadora
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
magda.jimenez@uexternado.edu.co

Zero Impresa Edición 35

ISSN electrónico: 2344-8431

ISSN impreso: 0123-8779