Uno de los asuntos más sensibles de las relaciones colombo-venezolanas en materia de seguridad ha sido la presencia transfronteriza de grupos armados colombianos. Mientras que Chávez y Maduro denunciaron, en momentos distintos, que organizaciones paramilitares estaban buscando derrocarlos con la complicidad de autoridades colombianas, los Gobiernos de Uribe, Santos y […]
Uno de los asuntos más sensibles de las relaciones colombo-venezolanas en materia de seguridad ha sido la presencia transfronteriza de grupos armados colombianos. Mientras que Chávez y Maduro denunciaron, en momentos distintos, que organizaciones paramilitares estaban buscando derrocarlos con la complicidad de autoridades colombianas, los Gobiernos de Uribe, Santos y Duque coinciden, bajo sus propias razones, en que el territorio de Venezuela se ha convertido en el espacio de retaguardia y refugio de las guerrillas.
En medio de estas acusaciones mutuas entre Caracas y Bogotá sobre nexos, inoperancia o aquiescencia con organizaciones ilegales, lo cierto es que estas tensiones no solo han tenido como efecto la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el 2008 y el 2010 o distintos cierres fronterizos con efectos directos en lo socioeconómico. En realidad, una de las consecuencias más negativas está asociada al deterioro de las condiciones de seguridad que se registran en las zonas de frontera. Sin duda, la ausencia de una definición y acción conjunta frente a las amenazas y actividades que se derivan de los grupos ilegales se ha traducido en la continuidad de múltiples economías criminales y en un aumento de eventos violentos de alto impacto humanitario en varios escenarios.
El valor creciente de las fronteras en medio del conflicto armado y la paz
Para empezar, es preciso tener en cuenta que la frontera colombo-venezolana ha sido un espacio clave e histórico en la organización y el desarrollo de actividades militares y financieras de los distintos grupos armados colombianos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los setenta, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los ochenta, localizaron parte de sus primeros frentes en zonas limítrofes con Venezuela con el propósito de asegurar el acceso a corredores clave de movilidad hacia adentro y fuera del país, pero también, por la posibilidad de desdoblar sus frentes, demostrar capacidad armada y construir espacios de influencia político-social (Echandía & Cabrera, 2017).
A su turno, la configuración de varias zonas en la frontera colombo-venezolana como espacios óptimos para el narcotráfico y el acceso a medios de financiación implicó el desarrollo de enfrentamientos no solo entre las guerrillas en escenarios como Arauca, sino, además, disputas con grupos paramilitares, cuya incursión, hacia finales de los noventa en zonas como el Catatumbo y Arauca, se tradujo en un escalamiento del conflicto armado.
Con todo, luego del auge y la desmovilización de los paramilitares, así como del incremento de las operaciones de las fuerzas armadas del Estado en contra de las guerrillas, a partir del 2003 el ELN y las FARC empezaron a experimentar un retroceso territorial y estratégico que los llevó a una mayor concentración de sus actividades armadas y de financiación en escenarios periféricos. Como resultado, las fronteras cobraron mayor valor táctico en la medida en que para el ELN y las FARC estas zonas permitían eludir las operaciones militares en su contra y compensar la pérdida de recursos obtenidos en el interior del país con actividades ilícitas transfronterizas (Cabrera, 2018).
En este contexto, más que desarrollar operaciones militares de gran envergadura, entre el 2003 y el 2015 ambas guerrillas se encargaron de reproducir acciones armadas que les implicaban poco esfuerzo militar y contados hombres con el fin de demostrar algún poder de desestabilización en medio de su progresivo debilitamiento. En razón a este último factor y a la aparición de bandas criminales, varias zonas de la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada se convirtieron no solo en espacios de competencia armada, sino también de alianzas esporádicas, en torno al control de rentas ilícitas y el acceso a espacios funcionales para su supervivencia.
Bajo estas condiciones, la inclinación de las guerrillas a negociar con el Gobierno de Santos obedecía al creciente desgaste militar del ELN y las FARC, como también al temor de una creciente atomización y pérdida de control interno en medio de la mayor autonomía de sus frentes para adelantar actividades armadas y de financiación. A lo anterior se sumó un nuevo elemento de presión: entre el 2013 y el 2014 Santos y Maduro alcanzaron acuerdos en materia de seguridad con el fin de adelantar operaciones conjuntas contra los actores armados y el contrabando en la zona de frontera venezolana, incluyendo procesos de captura, deportaciones e intercambio de información (Linares, 2019). Esta cooperación transformó temporalmente los cálculos de las guerrillas en términos de seguir utilizando la frontera como espacio de refugio por cuenta del incremento en las operaciones de control de ambos Gobiernos sobre la frontera. En su momento Maduro tenía como propósito demostrar un compromiso mayor en la lucha contra diferentes formas de crimen organizado trasnacional en medio del inminente deterioro de la situación política y económica de Venezuela.
El cierre fronterizo del 2015 y del acuerdo en La Habana como elementos de transformación
En medio del debilitamiento progresivo de las guerrillas, tanto la declaratoria del estado de excepción en el 2015 por parte de Maduro como la firma del acuerdo de La Habana en el 2016 impusieron nuevos propósitos y lógicas en torno a las economías criminales en la frontera. En primer lugar, el cierre fronterizo constituyó una oportunidad para que frentes del ELN (ubicados entre Arauca y Apure, al igual que entre Catatumbo y Táchira), así como miembros de los Rastrojos y el Clan Úsuga (entre la Guajira y el Zulia) empezaran a buscar un mayor control del contrabando de bienes de consumo e hidrocarburos, así como del tráfico y la trata de personas en medio de la necesidad de la población venezolana de acceder a bienes de primera necesidad y cruzar la frontera hacia Colombia.
A lo anterior se suma que varios frentes del ELN, en medio del estancamiento de las negociaciones con el Gobierno colombiano, no dudaron en buscar oportunidades para reorganizarse dentro y fuera del territorio colombiano[1]. Su ubicación más allá de la frontera era un medio idóneo para garantizar su continuidad, dado que la desestabilización política y social venezolana creaba una ventana de oportunidad para el acceso a recursos y el reclutamiento de nuevos hombres. Además, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos en el 2018 a las exportaciones de minerales desde Venezuela (Sanciones, 2018), el ELN se ha encargado de aprovechar los excedentes y el potencial minero para participar directamente en la explotación de oro, coltán y diamantes en los estados de Bolívar y Amazonas, y coordinar su posterior contrabando a través de Colombia, Brasil y Guayana (Crisisgroup, 2019)[2].
En suma, lo que se puede notar desde las operaciones de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia es una transformación en los patrones de contrabando. Mientras que, por un lado, la tabla 1 permite notar una reducción ostensible de la aprehensión o detección de mercancía de contrabando que ingresa a Colombia (véase tabla 1), lo cual se asocia al desabastecimiento en Venezuela; por otro lado, informes de inteligencia revelan que los grupos armados colombianos están monopolizando el contrabando entre Colombia y el vecino país, buscando el sometimiento de estructuras pequeñas y multiplicando las actividades de extorsión a aquellos que quieran usar las trochas para el ingreso de bienes básicos (Unidad de Investigación de Venezuela, 2018). De acuerdo con estas condiciones, la suspensión del Centro Binacional contra el Crimen Organizado configura uno de los retrocesos más significativos luego del cierre fronterizo, en la medida en que varias organizaciones aprovecharon la ausencia de operaciones conjuntas para ajustar y continuar actividades de tráfico ilícito.
Tabla 1. Evolución de las aprehensiones de contrabando por zonas en la frontera con Venezuela
En segundo lugar, es importante mencionar que la reincorporación de las FARC también tuvo un efecto transformador en la dinámica de los grupos armados en torno a las economías criminales en la frontera. Justamente se destacan el reacomodo y la competencia del ELN y el Ejército Popular de Liberación, en el departamento de Norte de Santander y más específicamente en el Catatumbo, por el control de zonas clave para el narcotráfico. Al respecto, cabe indicar que este departamento no solo concentra el mayor número de hectáreas de coca entre los departamentos fronterizos con Venezuela, tal y como se aprecia en la tabla 2, sino que, además, para el 2018 ocupó el segundo puesto a nivel nacional como el territorio más afectado por cultivos de coca luego de Nariño.
Tabla 2. Número de hectáreas de coca en los departamentos fronterizos con Venezuela
A su turno, grupos como los Puntilleros en Vichada, así como los Rastrojos y Clan Úsuga en algunas zonas limítrofes de la Guajira y el sur de Norte de Santander, han tenido como propósito afianzar su papel de intermediación para el envío internacional de cargamentos de coca mediante rutas que empiezan en las fronteras de Colombia con Venezuela y que se dirigen hacia Estados Unidos vía el Caribe o hacia Europa vía África. Lo cierto es que, a pesar de varias capturas y operaciones en su contra, estos grupos han logrado mantener cierto margen de maniobra, principalmente, en la producción y comercialización de la base de cocaína.
Asimismo, no hay duda de que el narcotráfico fue uno de los principales incentivos para la conformación de disidencias de las FARC o de grupos armados organizados residuales de acuerdo con la nueva categoría establecida por el Gobierno Duque. En el caso de la frontera con Venezuela, se organizaron el frente 33 en Norte de Santander, el frente 10 en Arauca, y tres frentes bajo el mando de alias Gentil Duarte con influencia respectiva en Vichada, Guainía, Vaupés, cuya influencia se extiende a las zonas venezolanas de Amazonas, Táchira y Apure, donde participaron en la producción y salida de coca bajo el apoyo del Cartel de Sinaloa (Méndez, 2019).
Algunas reflexiones en torno a la violencia
Como en el pasado, la pretensión de los actores armados de lograr y mantener un control hegemónico sobre economías criminales como el narcotráfico y la minería de oro se sigue traduciendo en diversas formas de violencia. Con todo, la presencia transfronteriza de estas organizaciones añade factores de complejidad en términos de las situaciones de victimización.
Un primer asunto es el reclutamiento forzado que vienen adelantando grupos como el ELN y las disidencias en Colombia y Venezuela particularmente de menores, migrantes, así como de miembros de comunidades indígenas que son utilizados para el desarrollo de actividades armadas, de narcotráfico, contrabando e incluso minería (Acosta & Murphy, 2019; Defensoría del Pueblo, 2018). En este sentido, existe el riesgo de que las operaciones militares y policiales contra estos grupos terminen apuntándoles, de manera contraproducente, a los eslabones débiles que han llegado a estos grupos bajo condiciones de engaño, coerción y explotación.
Y el segundo asunto tiene que ver con el repunte de los homicidios, las amenazas, los desplazamientos forzados y los secuestros que tienen lugar a lado y lado de la frontera[3]. Mientras que la Defensoría del Pueblo de Colombia se ha encargado de señalar en sus alertas la existencia de ajustes y competencias entre actores armados que están provocando estos eventos de violencia y que hacen inminente la adopción de medidas de protección y respuesta por parte de múltiples autoridades, dentro del panorama se están subestimando al menos dos cuestiones clave: de un lado, que la operación de grupos armados transfronterizos ya constituye un catalizador adicional de refugiados desde Venezuela y, de otro lado, que hasta el momento no es clara la ruta de reconocimiento y protección de los migrantes venezolanos que están siendo víctimas del conflicto en territorio colombiano. A partir de estos elementos no cabe duda de que la continuidad de la crisis venezolana también pone en jaque la posibilidad de desarticular a los grupos armados transfronterizos y a las lógicas violentas que se mantienen en el límite.
Referencias
Acosta, L. & Murphy, H. (20 de junio del 2019). Exclusiva-Grupos armados colombianos seducen a venezolanos desesperados. Reuters. Recuperado de https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-colombia-gruposarmados-idLTAKCN1TL120-OUSLT.
Cabrera Nossa, I. (2018). Presentación del Dossier «Políticas públicas de seguridad en las fronteras». OPERA, (23), 3-4. DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n23.02.
Defensoría del Pueblo (2018). Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf.
Echandía, C. & Cabrera, I. (2017). Madurez para la paz. Evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
«El 30 por ciento del ELN está en Venezuela»: comandante FF. MM. (27 de septiembre del 2019). El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/comandante-de-las-fuerzas-militares-habla-de-presencia-del-eln-en-venzuela-417042.
International Crisis Group (28 de febrero del 2019). El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela. Recuperado de https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south
[1] De acuerdo con el comandante de las fuerzas militares de Colombia, el 30 % del ELN se encuentra en Venezuela (El 30 % del ELN, 2019).
[2] Estos países sirvieron como plataforma para certificar productos mineros de contrabando que luego son exportados con vicio de legalidad a terceros destinos.
[3] En Norte de Santander desde el año 2018 se registra un aumento de los homicidios, desplazamientos forzados y amenazas con especial incidencia en Tibú, el Tarra, Convención y El Carmen. Este departamento, al igual que Arauca, presenta un aumento en el número secuestros extorsivos y asesinato de líderes (Defensoría, 2018). Del lado venezolano, Bolívar, Apure y Amazonas presentan un incremento en el reclutamiento forzado y los homicidios –en forma de asesinatos selectivos y masacres– (International Crisis Group, 2019).
Irene Cabrera Nossa
Docente investigadora
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
irene.cabrera@uexternado.edu.co
Alex Valencia
Magíster en Asuntos Internacionales
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
alex.valencia@est.uexternado.edu.co