Este documento expone los principales hallazgos de los análisis desarrollados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la relación entre migración masiva de venezolanos y los índices delictivos en Colombia. En agosto del 2018, la FIP realizó un primer análisis exploratorio sobre la relación entre la migración de […]
Este documento expone los principales hallazgos de los análisis desarrollados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la relación entre migración masiva de venezolanos y los índices delictivos en Colombia. En agosto del 2018, la FIP realizó un primer análisis exploratorio sobre la relación entre la migración de venezolanos y los índices delictivos en Colombia entre el 2012 y el 2017. Este primer análisis indicó que
A pesar de que esta migración es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta la seguridad ciudadana, el análisis de las cifras […] indica que las condiciones de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos. Los resultados sugieren que la población venezolana se ha insertado en las dinámicas colombianas comportándose como el grueso de la población. (Castillo et al., 2018, p. 4)
Al realizar el seguimiento de los datos, estas conclusiones se mantuvieron, y la versión más actualizada de los datos muestra que, mientras el ingreso de venezolanos al país se ha reducido, no parece haber una relación significativa entre lo anterior y la participación de ciudadanos de este país en delitos, aunque son crecientemente víctimas de estos (Castillo, Ayala, Rubio, Silva & Zárate, 2019).
Enfoque genérico para un fenómeno diverso: la relación teórica migración-crimen y la migración venezolana a Colombia en términos históricos
El análisis de la FIP encontró que no existe un consenso claro en la literatura sobre la posible relación entre migración y crimen, a pesar de ser un tema ampliamente discutido. Existen, a grandes rasgos, dos perspectivas: «una en la que la migración aparece como un proceso revitalizador que disminuye el crimen, y otra en la que constituye un motor para la generación de delincuencia» (Castillo et al., 2019, p. 7). La primera perspectiva de la migración como un proceso revitalizador que disminuye el crimen aduce que los migrantes mejoran los mecanismos de control social de los lugares donde llegan, como también las oportunidades de trabajo y los niveles de empleo por medio del desarrollo de economías de enclave (Martínez & Lee, 2000; McDonald, 2009). En contraste, la perspectiva de la migración como un motor para la generación de la delincuencia sostiene que los migrantes optan por actividades delictivas como medio de subsistencia al enfrentar condiciones de pobreza y exclusión en el mercado laboral (Rumbaut et al., 2006; Skaperdas, 2011; Baker, 2015), o son instrumentalizados por organizaciones criminales que aprovechan los procesos migratorios y el influjo de migrantes que representa mano de obra joven y no cualificada para incrementar sus ingresos mediante tráfico de personas, narcotráfico y lavado de activos, entre otros tipos de actividad delictiva (Kolowski, 2012; Shihadeh & Barranco, 2010; Pastore & Maguire, 2008; Ousey & Kubrin, 2017).
Estas perspectivas sobre la relación entre migración y crimen simplifican la naturaleza heterogénea de los flujos migratorios, sus características y necesidades específicas. El proceso migratorio de venezolanos hacia Colombia ha sido históricamente diverso, aunque se pueden distinguir tres movimientos. En primer lugar, existe un movimiento de empresarios que migraron a Colombia por nuevas políticas económicas basadas en control gubernamental de principales industrias y nacionalizaciones de empresas en sectores bancario, cementero, petrolero y de telecomunicaciones, a partir de la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1999 (Azicri, 2009). Después, hubo dos picos migratorios (en el 2005 y el 2010) generados por despidos masivos en el sector petrolero y la devaluación de la moneda, caracterizados por la fuga de trabajadores cualificados con conocimientos técnicos en el sector petrolero y otras disciplinas (Freitez, 2011). Se puede identificar un tercer movimiento desde el 2015, a partir del retorno de 17.000 colombianos en situación de ilegalidad y el influjo masivo de migrantes venezolanos buscando oportunidades por el declive económico.
La heterogeneidad de esta migración hace que su análisis no se pueda reducir al análisis somero de cifras. Al no analizar cabalmente las características y necesidades de esta población, se aumenta su vulnerabilidad por no contar con insumos para el diseño de políticas y programas que garanticen la defensa de sus derechos y satisfacción de sus necesidades. Es imprescindible analizar con detenimiento las percepciones alrededor de la migración venezolana y su vinculación a actividades delictivas como víctimas y victimarios.
Transformaciones y continuidades: las percepciones sobre la migración venezolana
A partir de una revisión de medios nacionales y regionales durante los últimos quince años, la FIP identificó tres imaginarios sobre la migración venezolana: 1) una percepción positiva; 2) una percepción negativa, y 3) una percepción del migrante venezolano como víctima. El primer imaginario, que comprendió el periodo del 2004 al 2010, se caracterizó por un discurso emitido desde las entidades públicas, las empresas y la sociedad civil que favorecía la llegada de migrantes venezolanos, enfatizando que se trataba de una población cualificada que ofrecía una oportunidad para dinamizar la economía del país (Castillo et al., 2018, p. 9). A partir del 2015, luego de varios años sin contar con registros representativos que indicaran algún tipo de opinión sobre la migración venezolana, desde la sociedad civil, la fuerza pública y diferentes entidades públicas emanó un discurso que señalaba a la migración como catalizador de la actividad delictiva, especialmente en delitos como homicidio, hurto y contrabando; una parte importante de esta percepción estaba basada en información parcializada proveniente de la Policía Nacional, sin acotar que los migrantes fueran venezolanos, colombo-venezolanos, o colombianos que retornaban al país (Castillo et al., 2018, p. 10). A mediados del 2018 comenzó a cambiar la manera en que se percibía la migración venezolana, en la medida que organizaciones humanitarias, iglesias y entidades públicas comenzaron a visibilizar la vulnerabilidad de esta población ante fenómenos relacionados con el tráfico de personas, la explotación laboral, la discriminación y la estigmatización.
Durante el 2019, la FIP ha identificado nuevas percepciones alrededor de la migración venezolana que coexisten con percepciones antes establecidas. Una de estas nuevas percepciones, proveniente de entidades como el Banco Mundial o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), señala que, aunque la migración venezolana ocasiona desbalances en la economía nacional, a mediano y largo plazo podría beneficiar la economía si las políticas de recepción facilitan la integración de la población migrante en lugar de su ingreso a la marginalidad. En paralelo, diversos medios y figuras públicas han difundido historias de vida de migrantes venezolanos para potenciar la ayuda humanitaria y alertar sobre las condiciones socioeconómicas de esta población.
De manera simultánea, instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las organizaciones humanitarias continúan visibilizando la vulnerabilidad de la migración venezolana frente a formas de violencia como el homicidio, la explotación sexual y la estigmatización. Aunque la percepción negativa de la migración venezolana por un asocio a la criminalidad ya no es tan recurrente, en algunos municipios fronterizos se ha puesto de manifiesto que las zonas se han vuelto insalubres por la falta de servicios públicos, el comercio informal y las zonas protegidas ambientalmente, y la sociedad civil en estas áreas percibe a la población migrante como una «amenaza» al mercado laboral local por desplazar mano de obra colombiana y aumentar la informalidad laboral.
Menos ingresos, más víctimas: el flujo migratorio venezolano y su relación con el delito
Mientras que la entrada de venezolanos a Colombia viene disminuyendo, la victimización, las capturas y la reclusión de la población venezolana en el país están aumentando. Entre enero y septiembre del 2018 se registraron 1.053.071 entradas de venezolanos, mientras que para el mismo período del 2019 se han registrado 860.326; esto representa una reducción del 18 % (o 192.745 entradas menos). Por su parte, la composición de ciudades receptoras se mantiene igual, donde Bogotá, Ipiales y Cúcuta siguen siendo las ciudades que más reciben venezolanos en Colombia[1], y las mismas 11 ciudades[2] concentran el 94 % de la población venezolana. Sin embargo, existe un cambio notable en los puntos de entrada de migrantes venezolanos[3].
Figura 1. Entradas de venezolanos a Colombia 2018-2019
Fuente: Elaboración FIP, a partir de registros administrativos de Migración Colombia (2018-2019).
Desde el periodo enero-septiembre del 2018 hasta el periodo correspondiente al 2019, han aumentado las víctimas venezolanas de homicidios, hurto a personas, lesiones personales, delitos sexuales y violencia intrafamiliar; se registra un número más alto de venezolanos en relación con las lesiones personales, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar[4]. Lo anterior es contrario a la disminución nacional de los delitos sexuales (por 3 puntos porcentuales), homicidios (por 3 puntos porcentuales) y lesiones personales (por 14 puntos porcentuales) durante el mismo periodo.
Figura 2. Casos de delitos en Colombia con víctimas venezolanas 2018-2019
Fuente: Elaboración FIP, a partir de registros administrativos de SIEDCO (2018-2019).
El porcentaje de víctimas venezolanas del delito ha aumentado frente al total nacional, de tal manera que la proporción de víctimas venezolanas en los delitos mencionados se ha, virtualmente, duplicado. El caso de homicidios es notable: 3 de cada 100 homicidios es cometido contra un ciudadano venezolano. Como ha advertido la FIP, es posible que parte del incremento en el número de víctimas venezolanas esté relacionado con los ingresos masivos de migrantes en los años inmediatamente previos.
Tabla 1. Porcentaje de víctimas venezolanas frente al total nacional enero-septiembre 2018 vs. enero-septiembre 2019
Fuente: Elaboración FIP, a partir de registros administrativos de SIEDCO (2018-2019).
La captura y reclusión de venezolanos también ha aumentado. Hasta el 16 de octubre del 2019, se han registrado 10.691 capturas de población venezolana en el país, en comparación con 7.232 capturas registradas en el 2018. Los tres principales delitos en los cuales se concentra el 63 % de la captura de venezolanos en el 2019 son hurto a entidades comerciales, hurto a personas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes[5]. Por su parte, hasta el momento se encuentran recluidos 1.276 ciudadanos venezolanos en Colombia, por lo que pasaron de representar el 0,61 % de la población carcelaria a finales del 2018 a 1,02 % en el 2019. De acuerdo con Migración Colombia (2019), hasta el 31 de agosto del 2019 había 1.488.373 venezolanos radicados en Colombia, lo que equivale al 3 % de la población colombiana[6], lo cual está 2,3 puntos porcentuales por debajo de la participación de capturas y 2 puntos porcentuales por encima de la participación en reclusos. No parece haber una relación significativa entre la radicación de población venezolana y la captura y reclusión de venezolanos en Colombia, y las proporciones de venezolanos capturados y reclusos continúan siendo muy bajas.
Tabla 2. Capturas de venezolanos y reclusos venezolanos en Colombia 2015-2019
Fuente: Elaboración FIP, a partir de registros administrativos de SIEDCO e INPEC (2015- -2019)
Medidas temporales: política pública y respuestas institucionales para atender la población venezolana
En materia de política pública y estrategias de atención a la población venezolana, se ha fortalecido la respuesta institucional a nivel nacional y local para atender las necesidades de la migración venezolana. Durante el 2018, el Gobierno nacional creó la Gerencia de Frontera e implementó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, además de autorizar la instalación de centros de atención al migrante, diseñar protocolos de protección a menores y reunificación familiar, y permitir el acceso a educación preescolar, básica y media para migrantes. De igual forma, en noviembre de ese año el Gobierno expidió el documento CONPES 3950, que establece estrategias de atención en salud, educación, infancia y adolescencia, trabajo y vivienda para la población migrante venezolana. A nivel local, varias administraciones han implementado centros de atención integral (CAI)[7] para población migrante o colombianos retornados o han decretado calamidades públicas[8].
Sin embargo, estos esfuerzos se limitan a proponer medidas temporales que dejan de lado elementos estructurales. El documento CONPES propone implementar una estrategia contra la trata de personas en la cual el Ministerio del Interior aspira a realizar trece procesos de asistencia en los próximos tres años, y una estrategia contra el contrabando de combustibles que se limita a una revisión mensual por parte del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda de los volúmenes máximos de combustibles subsidiados en zonas fronterizas (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pp. 97-98). Por su parte, la construcción de CAI y las declaratorias de estados de conmoción o emergencia no constituyen esfuerzos efectivos o sostenibles en el tiempo orientados a identificar, prevenir y mitigar amenazas a la seguridad o convivencia ciudadana, ni a responder a las múltiples necesidades económicas y sociales de la migración masiva venezolana.
Conclusiones
Referencias
Alcaldía de Villa del Rosario (11 de febrero del 2019). Por medio del cual se declara situación de calamidad pública en el municipio de Villa del Rosario, para realizar acciones humanitarias en la zona de frontera con la República Bolivariana de Venezuela [Decreto 030 del 2019]. Recuperado de https://villadelrosarionortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/villadelrosarionortedesantander/content/files/000314/15684_decreto-calamidad-publica-2019.pdf
Azicri, M. (2009). The Castro-Chávez alliance. Latin American Perspectives, 36(1), 99-110.
Baker, S. R. (2015). Effects of immigrant legalization on crime. American Economic Review, 105(5), 210-213.
Castillo, J., Ayala, S., Prada, T., Ocampo, D., Cajiao, A., Lleras, M. E., Rubio, G., Silva, A. & Zárate, L. (2018). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Análisis exploratorio. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/migracion-final.pdf.
Castillo, J., Ayala, S., Rubio, G., Silva, A. & Zárate, L. (2019). Seguridad ciudadana y migración venezolana. Documento de seguimiento n.° 1. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_MigracionVOL2_Final_V1.pdf.
Departamento Nacional de Planeación (2018). Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela (Documento CONPES 3950). Bogotá D. C.: DNP.
Freitez, A. (2011). La emigración desde Venezuela durante la última década. Revista Temas de Coyuntura, (63), 11-38.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) (2019). Estadísticas. Recuperado de http://inpec.gov.co/web/guest/estadisticas.
Kolowski, R. (2012). Immigration, crime and terrorism. En R. M. Ronsenblum y D. J. Thichenor (eds.). Oxford Handbook on International Migration (pp.). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. Recuperado de http://www. albany. edu/~ rk289758/documents/Koslowski_ Immigration_ Crime_Terrorism_OUP_handbook. pdf.
Martínez, R. & Lee, M. T. (2000). On inmigration and crime. En G. LaFree, R. J., Bursik, J. Short & R. B. Taylor (eds.). Criminal Justice 2000: The nature of crime: continuity and change, vol. 1, (pp.). Washington D. C.: U.S. Department of Justice.
McDonald, W. F. (2009). Immigration, crime and justice. Bingley, Reino Unido: Emerald Group Publishing.
Migración Colombia (2019). Así ha sido la evolución de la crisis migratoria venezolana - corte agosto 31 del 2019. Recuperado de https://migracioncolombia.gov.co/venezuela.
Ousey, G. & Kubrin, C. (2017). Exploring the connection between immigration and violent crime rates in U.S. cities, 1980-2000. Social Problems, 56(3), 447-473.
Pastore, A. L. & Maguire, K. (eds.) (2006). Sourcebook of criminal justice statistics. Recuperado de http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t482006.pdf.
Policía Nacional de Colombia (2019). Datos delictivos homicidios, lesiones personales, hurto a personas, y hurto de celulares Sistema de Información Estadística Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional de Colombia - SIEDCO. Recuperado de https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva.
Rumbaut, R. G., Gonzales, R. G., Komaie, G., Morgan, C. V. & Tafoya-Estrada, R. (2006). Immigration and incarceration: Patterns and predictos of imprisonment among first-and second-generation young adults. En R. Martínez y A. Valenzuela (eds.). Immigration and crime: Race, ethnicity and violence (pp. 64-89). Nueva York: New York University Press.
Skaperdas, S. (2011). The political economy of organized crime: Providing protection when the State does not. Economics of Governance, 2(3), 173-202.
Shihadeh, E. S. & Barranco, R. E. (2010). Latino employment and black violence: The unintended consequence of US immigration policy. Social Forces, 88(3), 1393-1420.
[1] Estas tres ciudades pasaron de concentrar el 72 % de los ciudadanos venezolanos que entraron al país de enero a septiembre del 2018 a concentrar el 75 % de los ciudadanos venezolanos en el mismo período del 2019. En el caso de Cúcuta y Bogotá, la población venezolana residente en cada ciudad ha incrementado por dos puntos porcentuales y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente.
[2] Bogotá (36 %), Ipiales (32 %), Cúcuta (7 %), Medellín (5 %), Maicao (4 %), Pasto (3 %), Barranquilla (3 %), Cartagena (1 %), Bucaramanga (1 %), Cali (1 %) y Riohacha (1 %), a pesar de la reducción de 2 puntos porcentuales de población venezolana residente en Barranquilla y la reducción de 1,4 puntos porcentuales de población venezolana residente en Maicao.
[3] Las entradas por el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta disminuyeron en 12 puntos porcentuales al 49 % y en 1 punto porcentual (llegando al 14 %) por el puesto de control migratorio terrestre de Paraguachón en Maicao (14 %), mientras que las entradas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá incrementaron en 8 puntos porcentuales hasta el 18 %.
[4] Mientras que los homicidios de venezolanos en este periodo aumentaron en un 91 % (pasando de 159 a 303), los hurtos a venezolanos registraron un incremento de 107 % (pasando de 945 a 1.014 casos). En el mismo periodo, las lesiones personales a venezolanos incrementaron un 110 % (de 837 a 1.754), los delitos sexuales aumentaron 69 % (de 91 a 154 casos), y los casos de violencia intrafamiliar se elevaron en un 144 % (de 219 a 535 casos).
[5] El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes concentró un 23 % de las capturas de venezolanos hasta octubre del 2019. Por su parte, los hurtos a entidades comerciales y hurtos a personas concentraron un 40 % (es decir, 20 % para cada delito) de las capturas de venezolanos en el mismo periodo.
[6] Si se utiliza como denominador la población del 2018 del censo nacional (48.258.484), la proporción de venezolanos es del 3,08 %; si se utiliza la proyección de población del 2019 del DANE (50.374.478), la proporción es del 2,95 %.
[7] Acción tomada por las alcaldías de Bogotá, Cúcuta y Maicao.
[8] Decretada por la Alcaldía de Villa del Rosario a partir del Decreto 030 del 2019.
Alex Camilo Durán Montaño
Asistente de investigación Área de Seguridad y Política Criminal
Fundación Ideas para la Paz
cduran@ideaspaz.org
Jenny Paola Rivera Burgos
Asistente de investigación Área de Seguridad y Política Criminal
Fundación Ideas para la Paz
jrivera@ideaspaz.org
Jerónimo Castillo
Director Área de Seguridad y Política Criminal
Fundación Ideas para la Paz
jcastillo@ideaspaz.org