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Ultimátum
8 de octubre de 2019

Desafíos del gobierno Duque en materia de seguridad y convivencia ciudadana

La llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia de Colombia, el pasado 7 de agosto de 2018, generó una gran expectativa en torno al rumbo que su administración le daría a los principales temas de la agenda pública del país. Uno de esos temas tiene que ver con la seguridad y la convivencia ciudadana y, en ese sentido, este artículo busca resaltar los principales retos y desafíos que el presidente Duque deberá enfrentar sobre la materia.

El panorama, en materia de seguridad y convivencia ciudadana que recibió la administración de Iván Duque, en agosto de 2018, no era nada fácil. Este recibió un país en el que los principales indicadores en estos aspectos traían una tendencia creciente en los últimos años, como lo muestra la Tabla 1. Incluso, el número de homicidios, que se había convertido en el salvavidas y en la variable a mostrar por parte de los gobiernos nacionales y locales, al haber presentado continuamente tendencias decrecientes, volvió a aumentar, pasando de 12,077 casos en 2017 a 12.575 en 2018, es decir que aumentó 4.1% con respecto al año anterior.

Tabla 1. Indicadores de seguridad y convivencia en Colombia 2014-2017

Nota: Elaboración propia con datos de Dijin-Policía Nacional y Ministerio de Defensa. Las casillas sombreadas muestran periodos en donde el indicador disminuyó a lo largo del periodo

Por otro lado, las elecciones presidenciales de 2018, aunque se libraron en medio de un tenso ambiente de polarización, resultaron ser unas de las más pacíficas en la historia del país. Además, en las elecciones de marzo de ese año, sólo dos municipios reportaron haber sido afectados por hechos violentos, y en las de mayo, sólo se reportaron seis hechos de violencia –aunque ninguna asociada a la contienda electoral en sí–, en este sentido: “no hubo quema de urnas, o traslado de mesas por orden público”. (PARES, 2018, p. 27)

Haber salido entonces ganador de un proceso político sin violencia alguna es, sin duda, un hecho para resaltar, aunque al mismo tiempo ello le planteaba un reto adicional a la administración del entrante Presidente Duque: mantener el ejercicio de la política, alejado de la violencia. A ese reto, se le pueden sumar otros más, y es que los desafíos a los que Iván Duque está abocado son bastantes, algunos heredados de su antecesor y otros propios de su visión de gobierno.

Los desafíos que heredó el gobierno de Duque del gobierno anterior

Un enorme desafío que el actual presidente debe enfrentar es la violencia contra líderes sociales. En este sentido, el aumento constante del número de asesinatos y amenazas que enfrentan líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país es alarmante, pero no es nuevo. Según la Fundación Ideas para la Paz –FIP–, los homicidios a líderes sociales aumentaron un 11% entre el primer y el segundo periodo presidencial de Juan Manual Santos. Además, mientras en 2017 se reportaron 70 homicidios de líderes sociales, a agosto de 2018 esa cifra ya era de 93 (FIP, 2018). Por otro lado, el Programa Somos Defensores reportó que entre 2017 y 2018, las agresiones totales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron 44%, al pasar de 560 en 2017 a 805 en 2018. (Somos Defensores, 2019)

Es claro que la administración anterior quedó en deuda al no haber podido diseñar e implementar una política clara y efectiva que tuviera la capacidad para disminuir esos índices de violencia, pero esto se equipara con el hecho de que los gobiernos anteriores  tampoco lo lograron. El diagnóstico del problema no es complicado: la presencia de muchos líderes interfiere con el accionar de estructuras criminales, con intereses de grupos políticos y con el deseo de ciertos actores, de controlar lo que algunos denominan espacios vacíos. Sin embargo, no ha sido posible encontrar esa solución urgente a este importante tema. El reto para Duque es de tal magnitud que, desde el principio de su gobierno, este tema ha hecho que lluevan fuertes críticas al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, –al declarar que la protesta social es financiada con dineros ilegales– y esto no le ha permitido dejar en firme el nombramiento de la persona que quería designar como directora de la Unidad Nacional de Protección –entidad encargada de la protección de líderes sociales en el país–.

Para hacerle frente a esta situación, el Presidente Duque creó el Plan de Acción Oportuna –PAO–, en noviembre de 2018, como la principal estrategia del gobierno. Este Plan le apunta a fortalecer los componentes de prevención y protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de priorizar unas regiones específicas y de buscar tener un contacto más directo con la población afectada. Para lograrlo, todo este proceso se hace fundamental que el gobierno nacional logre mostrar resultados positivos en poco tiempo, especialmente cuando el PAO no ha sido bien recibido por algunos sectores y cuando sigue habiendo críticas por la continuidad de iniciativas que venían del gobierno anterior, como la demora en convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –creada a través del Decreto Ley No. 154 de 2017– (Herrera, 2019) y cuya convocatoria apenas se realizó a finales de enero de 2019.

Un segundo punto que se presenta como un asunto de cuidado para la seguridad y la convivencia ciudadana es la migración venezolana a Colombia. En este sentido, al 31 de marzo de 2019, Migración Colombia confirmó que había más de 1.260.000 venezolanos en el país. Esa cifra ha generado preocupación en diferentes esferas, especialmente ante la posibilidad de que los venezolanos que llegan aumenten los niveles de criminalidad. Si bien ese sentimiento sí puede afectar la percepción de inseguridad, lo cierto es que, como lo establece la FIP, “resulta equivocado establecer una relación entre criminalidad y migración”. (FIP, 2018a, p. 30) Sin embargo, si es cierto que, como informa la Policía Nacional, el número de venezolanos capturados por haber cometido algún delito ha aumentado –situación lógica dado el fenómeno migratorio–, pero eso no indica que todos los venezolanos sean, necesariamente, criminales. Por el contrario, muchos de esos migrantes han terminado siendo víctimas de la inseguridad en territorio colombiano: según estadísticas, el total de víctimas venezolanas en territorio colombiano “entre 2016 y 2017, pasó de 21 casos a 78 (un incremento del 270%), y la tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes registró un incremento del 70%”. (FIP, 2018a, p. 19)

Además, la simple presencia de venezolanos realizando diferentes trabajos informales –como ventas ambulantes, servicio doméstico y prostitución– o de campamentos organizados por las mismas autoridades colombianas para ubicarlos y prestarles atención humanitaria, ha llevado a que sean rechazados y estigmatizados, incrementando la intolerancia hacia ellos. Por ello es vital que el gobierno de Duque le preste suficiente atención a este tema, para así evitar que aumente la xenofobia hacia los venezolanos que se han visto obligados a huir de su país y que esa situación no altere los niveles de convivencia en la sociedad colombiana.

Más allá del narcotráfico en Colombia –que sin duda alguna hace parte de la agenda nacional e internacional del gobierno–, combatir el microtráfico es otro de los grandes desafíos de Iván Duque. El aumento de los niveles de consumo de diferentes sustancias psicoactivas, sumado a la existencia de grandes redes de microtráfico en las diferentes ciudades del país, ha llevado a que este tema ingrese rápidamente a la agenda de gobierno, como quedó demostrado con la emisión del controvertido decreto 1844 de 2018 sobre la dosis mínima.

Para el Gobierno nacional, el inicio de la implementación del decreto fue exitoso, dado el número de comparendos elaborados en las primeras semanas; sin embargo, el decreto parece no haber logrado incidir en las prácticas de consumo. Así lo demuestra una encuesta adelantada por la Corporación ATS la cual, tras un sondeo a más de 1900 consumidores, unas semanas después de la entrada en vigencia del decreto, arrojó que más del 90% de los encuestados no dejaron de consumir y que, por el contrario, incrementaron las precauciones para no ser sancionados; esas precauciones incluían pedir drogas a domicilio y evitar consumir en el espacio público. (Acción Técnica Social, 2018) Es por ello que el reto para el Gobierno radica no solamente en la desarticulación de esas redes de microtráfico, sino en cómo balancear una política que esté dirigida a reducir la oferta y a disminuir el consumo –la demanda–. En este sentido, se debe aclarar que el prohibicionismo ha demostrado que, por sí sólo, no es suficiente; se requieren medidas alternativas.

Un último desafío heredado que vale la pena resaltar está relacionado con la implementación del Código de Policía y Convivencia que entró en vigor el 30 de enero de 2017. Este código, con sus virtudes y falencias, establece los lineamientos mínimos que la sociedad colombiana debe seguir para mantener, entre otras cosas, un adecuado nivel de convivencia. Sin embargo, el Código quedó abierto a muchas interpretaciones que pueden llegar a desvirtuar su objetivo. Además, como lo plantea la FIP, son pocas las medidas educativas y preventivas que se han impartido –la mayoría son sanciones económicas–; la actuación de la Policía Nacional es muy discrecional y subjetiva, lo que puede llevar a abusos; y las sanciones que se han impuesto no han logrado reducir la ocurrencia de delitos. (Castillo J. y Ayala S., 2019) El gobierno de Iván Duque, al respecto, tiene el gran reto de evitar esas múltiples interpretaciones que se pueden generar y que pueden ir en contravía de la misma convivencia ciudadana, así como de dar a conocerlo, divulgarlo y socializarlo e invitar a la población colombiana a apropiarse del mismo.

Los nuevos desafíos que debe enfrentar el gobierno de Duque.

Además de los desafíos que se heredaron, la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia le plantea otros desafíos, desafíos nuevos o desafíos propios, asociados a su ideología política y a sus promesas de campaña. El principal desafío de Iván Duque, en cuanto a seguridad y convivencia ciudadana se refiere, radica en lograr desligarse, separarse o apartarse de lo que fue la política de seguridad democrática de la administración de Álvaro Uribe. Si bien Iván Duque y Álvaro Uribe hacen parte del mismo partido político, Duque está gobernando en un contexto diferente al que se vivió entre 2002 y 2010 y, por ende, su aproximación al tema seguridad y convivencia también debería evolucionar. Lo anterior adquiere mayor importancia cuando, como bien lo mencionó en su discurso de posesión, Duque considera que el cimiento de las libertades de los ciudadanos es la seguridad. ¿De qué tipo de seguridad está hablando? Eso aún no está claro y es fundamental que lo pueda definir lo antes posible.

Derivado de lo anterior, las primeras declaraciones y decisiones presidenciales, en materia de seguridad, dejan entrever una ligera predominancia de las estrategias de mano dura; es decir, de iniciativas de carácter más militar y policial para enfrentar las amenazas a la seguridad y la convivencia. El desafío aquí tiene que ver con la forma como la experiencia en América Latina ha demostrado que las iniciativas de mano dura, por sí solas, no han logrado mejorar las condiciones de seguridad de las sociedades donde se han implementado. ¿Cómo se buscaría, entonces, balancear esas iniciativas de mano dura?

Otro enorme desafío consiste en lograr fortalecer las iniciativas de planeación en seguridad y convivencia ciudadana, con un especial énfasis en su enfoque territorial. Todas las autoridades locales están obligadas a elaborar un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) con el fin, entre otras cosas, de tener una ruta clara en cuanto al diagnóstico y las necesidades de cada territorio, así como sobre los proyectos a implementar, los cuales pueden ser financiados a través de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) y del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Sin embargo, las autoridades locales no le han prestado suficiente atención al tema y, desde que se eliminó la Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, no se ha logrado consolidar una directriz clara del orden nacional, con la capacidad de organizar estos esfuerzos de planeación.

Por último, a todo lo anterior se le debe sumar el desafío de enfrentar a los diferentes grupos delincuenciales organizados que persisten en el país y los cuales continúan afectando los contextos de seguridad y convivencia en escenarios urbanos y, especialmente, rurales. Al respecto se puede afirmar que una parte de ese desafío consiste en retomar el control de aquellos territorios dejados por la desmovilización de las FARC-EP y por los que se presentan enfrentamientos entre los mismos grupos delincuenciales –incluida la guerrilla del ELN–. La otra parte de ese desafío radica en diseñar estrategias dirigidas a enfrentar las economías ilegales que financian esa delincuencia organizada, sin caer en el error de considerar que atacar a los grupos delincuenciales equivale a acabar la existencia de dichas economías ilegales. Si bien ambos fenómenos están relacionados, es necesario diferenciar, desde el gobierno nacional, las distintas iniciativas dirigidas a atacar problemáticas que son, en esencia, diferentes.


Referencias

Acción Técnica Social. (2018) Microtraficantes y policías corruptos, los grandes beneficiados con el decreto de destrucción de dosis personal. Obtenido de: https://www.acciontecnicasocial.com/microtraficantes-y-policias-corruptos-los-grandes-beneficiados-con-el-decreto-de-destruccion-de-dosis-personal/

Castillo J. y Ayala S. (2019) Código de Policía y su impacto en la convivencia. Fundación Ideas para la Paz. Obtenido de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1730.

Fundación Ideas para la Paz FIP. (2018) Agresiones y Homicidios de Líderes Sociales. Obtenido de: http://ideaspaz.org/media/website/infografia-lideres.pdf

Fundación Ideas para la Paz FIP. (2018a) Seguridad ciudadana y migración venezolana. Análisis exploratorio. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Fundación Paz y Reconciliación PARES. (2018) Violencia y Elecciones. Obtenido de: https://pares.com.co/2018/06/13/violencia-y-elecciones/

Herrera, N. (2019) ¿Por qué el presidente Iván Duque no convoca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad? En: El Espectador. Obtenido de: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/por-que-el-presidente-ivan-duque-no-convoca-la-comision-nacional-de-garantias-de-seguridad-articulo-857536

Programa Somos Defensores (2019). La Naranja Mecánica. Informe Anual 2018. Obtenido de: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf


Andrés Macías Tolosa
Docente investigador
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
hector.macias@uexternado.edu.co

ZERO IMPRESA EDICIÓN 37
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