Desafíos de seguridad en torno a la participación política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)

El contexto en el que se puso en marcha la reincorporación política de las FARC-EP, es poco común, dado que las partes se han propuesto cumplir con el acuerdo de la Habana en medio del conflicto y la violencia que tienen otros protagonistas. Este artículo hace un mapeo de los desafíos de seguridad en torno a la participación política de los excombatientes de las FARC-EP, más aún, cuando persisten el conflicto y la violencia en las zonas donde el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) obtuvo apoyo en las pasadas elecciones legislativas de 2018 y, muy seguramente, se volverá a registrar en las elecciones regionales de 2019.

Una aproximación al apoyo electoral a las FARC, a nivel municipal, se presenta en los mapas adjuntos con los resultados de la votación que obtuvo el partido en las pasadas elecciones al Congreso. Esta evidencia muestra que, en varias zonas donde las FARC-EP mantuvo una presencia activa hasta el fin de las hostilidades y que corresponderían a La Guajira, Cesar, el Oriente antioqueño, Arauca, Valle, parte del Urabá, varios municipios de Cauca y Nariño, e incluso Guaviare y Guainía, el número de votos al Congreso (específicamente al Senado) por la lista de la FARC resultó considerablemente bajo, con porcentajes entre 0,0001% y 1,50% del total de la votación válida por municipio (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018).

Mapa 1. Apoyo a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en las elecciones parlamentarias de 2018

También se advierte que, de los aproximadamente 220 municipios que experimentaban la influencia de alguno de los bloques de las FARC-EP hasta la firma del acuerdo de paz, en tan solo 32 municipios este grupo logró a su favor entre un 1,5% y 5% del total de votos registrados por todos los partidos; incluso en 14 municipios registró porcentajes entre 5% y 12%; pero en 4 municipios (San Calixto–Norte de Santander, Puerto Nariño-Amazonas, Jambaló-Cauca y Argelia-Cauca), alcanzó entre 12% y 16% de los votos a su favor; además, en un municipio (La Uribe-Meta) se presentó una votación máxima del 22,52% del total de votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018). Entre los pocos escenarios regionales que presentaron una votación superior al 5% por el partido de las FARC se encontraron varios municipios del Catatumbo, del Bajo Putumayo, del norte y sur del Cauca, del occidente del Meta y de Caquetá.

Apoyo electoral a la FARC en escenarios con presencia de grupos armados

En primer lugar, se considera la persistencia de estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EPL o Los Pelusos e incluso de una variedad de grupos armados organizados, y su influencia o impacto en la participación política de las FARC. Aunque miembros de este nuevo partido han asegurado que organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo han amenazado a sus integrantes y atentado contra sus sedes políticas, un análisis de la correspondencia entre las estructuras armadas que aún están vigentes y los escenarios en los que el partido de las FARC ha obtenido diferentes niveles de votación, resultados observados en las pasadas elecciones legislativas de 2018, es claro afirmar que el impacto negativo de la presencia de estos grupos sobre el potencial de votos no se puede generalizar.

En realidad, existen dos escenarios distintos. Mientras que por un lado se registran varias zonas de influencia del ELN como el Catatumbo, Nariño, Cauca y Chocó donde el partido de las FARC logró apoyo electoral y la persistencia de la guerrilla del ELN no configuró un obstáculo para la obtención de votos[1], de otro lado, en departamentos como Arauca, Boyacá y Casanare, así como en zonas del bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar es evidente la presencia del ELN y una votación nula o escasa por el partido de la FARC.

Sin duda, la falta de cohesión interna del ELN sería un elemento clave a la hora de entender, en la actualidad, su comportamiento diferenciado a nivel nacional y, desde una perspectiva histórica, el hecho de que esta guerrilla mantuviera procesos de cooperación con las FARC-EP para algunos territorios y competencia en otros. Justamente, en departamentos como Nariño y Arauca, la disputa entre ambas guerrillas llegó a niveles tan elevados en el pasado, incluso después del año 2009, que el Secretariado de las FARC-EP y el Comando Central (COCE) del ELN, establecieron un acuerdo para frenar la confrontación (Buitrago, 2016). Esta dinámica contrasta con lo ocurrido en el Catatumbo, donde ambos grupos optaron por alianzas esporádicas y de no agresión, con el propósito de minimizar su desgaste militar y financiero en el contexto de la presión militar que adelantaba el Estado antes de la firma del Acuerdo en la Habana.

En efecto, cuando se analizan casos como el de Arauca, donde la superioridad de la fuerza política del ELN, respecto a las FARC-EP, fue evidente por años, es posible inferir que la persistencia de la primera de estas guerrillas habría neutralizado el apoyo político por el partido de las FARC para los comicios de marzo de 2018. Para el ELN, la reintegración política de las FARC-EP amenazaría, de forma directa, sus intereses de financiación, si se tiene en cuenta el compromiso asumido por el partido de las FARC de contribuir a la solución del problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico. En suma, en zonas como Arauca, el ELN estaría inclinado a limitar el proselitismo de las FARC y de cualquier otro partido sobre las bases sociales que ha intentado mantener, desde la creación de sus primeros frentes en esta región[2]. Lo anterior contrasta con la situación en territorios de incursión relativamente recientes del ELN, donde su influencia sobre la población y capacidad para incidir en el comportamiento electoral son bastante limitadas.

Aunque el obstáculo que puede representar el ELN para la participación política de las FARC es un factor sobre el cual no se pueden trazar conclusiones generales a nivel nacional, la amenaza que representa este grupo ha sido poco referida o identificada públicamente por los miembros de las FARC, en comparación con la alusión reiterada de este último actor sobre el peligro que representan los grupos armados organizados.

Al considerar la presencia más reciente del EPL o Los Pelusos, La Constru, El Clan del Golfo y su disidencia Los Caparrapos, se advierte correspondencia con varias zonas de influencia previa de las FARC-EP (El Tiempo, 17 de febrero de 2019). Sin embargo, cuando se consideran los resultados de los comicios de marzo de 2018, no necesariamente se registraron resultados desfavorables para el partido de las FARC en los escenarios donde tienen actividad los diferentes grupos en mención.

No obstante, la capacidad de adaptación de grupos como el ELN, el EPL y el Clan del Golfo, en función de su propósito de ampliar el acceso a economías criminales de diversa índole, plantea a futuro posibles cambios o transformaciones que pueden llegar a ser desfavorables para la participación del partido de las FARC. Justamente el reacomodo de estos grupos en Catatumbo, Bajo Cauca y su continuidad con el sur de Córdoba, norte del Chocó, Cauca y Nariño ya ha generado enfrentamientos que tienen un impacto directo en los indicadores de violencia contra los civiles (Echandía y Cabrera, 2019).

Apoyo electoral a las FARC en escenarios con asesinatos de líderes sociales, disidencias de las mismas FARC-EP y economías criminales

Si bien, el comportamiento de los homicidios a nivel nacional mantuvo una tendencia decreciente hasta 2017, cuando presentó la tasa de homicidios más baja en 42 años, las disputas por el control de economías criminales se expresaron en el incremento de los homicidios de 2018 (El Tiempo, 13 de enero de 2019). El incremento de la muerte de líderes sociales, que se produce justamente en medio del reacomodo de grupos armados en los territorios ocupados anteriormente por las FARC-EP, ha motivado a que tanto las FARC como distintas organizaciones sociales expresen su preocupación por las dificultades que impone la ausencia de garantías de seguridad a la hora de hacer política.

En términos de la muerte de líderes entre 2016 y 2018, puede decirse que estos eventos se concentraron en zonas específicas donde se incrementan los homicidios de civiles en general, los cuales guardan correspondencia, por un lado, con la presencia de estructuras armadas vigentes y, sobre todo, con escenarios que son funcionales para los cultivos de coca y la minería de oro. Lo anterior permitiría corroborar que la amenaza y el asesinato de líderes que no se puede explicar, de manera exclusiva, a través de razones ideológicas o partidarias sino que, además, es preciso considerar en qué medida las actividades sociales y económicas, promovidas por las víctimas, no serían funcionales a los intereses estratégicos de los actores armados. Por ejemplo, en una investigación de la Fiscalía sobre las amenazas de varios líderes en Cauca, Nariño y Putumayo, se encontró que la coacción en su contra se debía a que eran personas clave de sus comunidades a favor de la sustitución de cultivos ilícitos (El Tiempo, 13 de enero de 2019).

Bajo estas condiciones, aunque la votación más significativa por las FARC, en los comicios de marzo de 2018 se produjo por fuera de los escenarios, los cuales registraron el asesinato de líderes entre 2016 y 2018, la persistencia de actores armados y de economías criminales en distintas zonas del país reveló además que el Estado aún tiene la tarea de cumplir con efectividad sus actividades de protección a los civiles, incluyendo a los ex-combatientes de las FARC-EP, con el fin de reducir los factores de riesgo electoral[3] asociados al conflicto armado y la violencia.

Por el momento, las investigaciones de la Fiscalía han permitido corroborar que buena parte de las amenazas y hechos violentos contra los excombatientes de las FARC-EP, vendrían de múltiples grupos armados y estructuras criminales entre las que se encuentran, además del Clan del Golfo, el ELN y los Pelusos, las propias disidencias de las FARC-EP. De acuerdo con estos datos, el comportamiento de las disidencias en contra de los desmovilizados en proceso de reincorporación, permite controvertir la idea de que las disidencias habrían sido utilizadas por el partido de las FARC como un medio para garantizar apoyo electoral.

Al respecto, es importante señalar que la presencia de las disidencias, en términos de actividades armadas entre 2016 y 2018, no corresponde espacialmente y para todos los casos, con los escenarios donde las FARC han obtenido respaldo electoral. Es más, en Guaviare, donde las disidencias presentaron los niveles más altos de acciones armadas entre 2016 y 2018, este grupo de las FARC ha obtenido una votación menor al 1,5% del total de votos. Sólo en dos municipios del país, que corresponden a Uribe (Meta) y Montañita (Caquetá), se habría registrado un nivel intermedio de acciones de las disidencias y una votación mayor al 5% por el partido de las FARC. Lo que es claro es que las zonas donde se ha registrado actividad armada por parte de las disidencias se corresponden con municipios donde predomina la economía de la coca (El Tiempo, 18 de marzo de 2019).

Bajo las circunstancias, es importante reiterar que al Estado corresponde contrarrestar todos aquellos factores que atentan contra la participación política de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Entre los principales desafíos de seguridad a considerar por el mismo Estado se destacan la persistencia del conflicto y los grupos armados que se reacomodan en las zonas ocupadas anteriormente por las FARC-EP. No hay duda alguna sobre el riesgo que implican estas disputas a sangre y fuego que libran estos grupos por el control de distintas economías criminales, las cuales podrían llegar a impactar al partido político surgido del Acuerdo de Paz.

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Referencias

Buitrago, L. (2016). La relación entre las FARC y el ELN: Guerra sin cuartel y confraternidad revolucionaria (2005-2010). Tesis de maestría. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia.

Echandía, C. y Cabrera, I. (2019). ¿Por qué no para la violencia en el Catatumbo? En: Revista Razón Pública. Recuperado de: https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11720-por-que-no-para-la-violencia-en-el-catatumbo.htmlEl Espectador (5 de septiembre de 2016). La guerra del ELN contra los comunistas. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/guerra-del-eln-contra-los-comunistas-articulo-653161

El Tiempo (18 de marzo de 2019). Desde la frontera disidencias de las FARC mueven narcotráfico y reclutamiento. Recuperado de:
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desde-la-frontera-con-venezuela-disidencias-de-gentil-duarte-mueven-narcotrafico-338650

El Tiempo (17 de febrero de 2019). Las 19 bandas que tienen en jaque la seguridad regional. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-bandas-criminales-que-hacen-presencia-en-las-regiones-del-pais-327840

El Tiempo (13 de enero de 2019). Asesinatos de líderes sociales no para. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/asesinato-de-lideres-sociales-no-para-ya-son-8-en-los-primeros-13-dias-del-ano-313902

El Tiempo (13 de enero de 2019). Tras 5 años a la baja, homicidios subieron en 2018. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/indice-de-homicidios-crece-en-colombia-en-el-2018-313930

Misión de Observación Electoral (MOE). (2018). Mapa y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales. Recuperado de: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Presentación-Mapas-de-Riesgos-Electorales-en-Colombia-Elecciones-2018-1.pdf.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2018). Elecciones Congreso de la República. Recuperado de: https://elecciones.registraduria.gov.co:81/elec20180311/resultados/99SE/BXXXX/DSE25091.htm. Consultado el 30 de mayo de 2018.

[1] En los comicios al Congreso, 13 municipios del país con presencia del ELN registraron un porcentaje de votación por el partido de las FARC, mayor al 1,5%. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018)

[2] El asesinato y persecución de miembros del partido comunista (PC) en Arauca por parte del ELN, tal y como lo denunció en una carta Carlos Lozano dirigente del PC en el 2016, revelaría el interés de este grupo para desarticular los esfuerzos de cualquier grupo político que busque movilizar o transformar las filiaciones de la población. (El Espectador, 5 de septiembre de 2016)

[3] Para la Misión de Observación Electoral (2018), los factores de riesgo incluyen criterios diversos como la institucionalidad electoral, la criminalidad electoral, factores de violencia, financiación de la política, acuerdo de paz, grupos de especial atención y comunicación.

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Irene Cabrera Nossa
Docente investigadora del CIPE
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
irene.cabrera@uexternado.edu.co

Camilo Echandía Castilla
Docente investigador del CIPE
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
camilo.echandia@uexternado.edu.co

ZERO IMPRESA EDICIÓN 37

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