En una decisión tan encomiable como inesperada, el 3 de agosto de 2018 el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció al Estado palestino. Con este gesto se canceló la deuda histórica colombiana con esa nación, subyugada durante décadas por el aparato militar y administrativo israelí. La medida se tomó seis años después de haberle negado en el Consejo de Seguridad el voto para su ingreso como miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo cual habría morigerado la tragedia. ¿Por qué esta aceptación tardía de un Estado con amplio soporte internacional? ¿Cómo se caracterizaron las relaciones colombianas con Israel y Palestina desde el comienzo del conflicto, y cuáles son las principales implicaciones de esta decisión diplomática?

Colombia tiene una prolongada y valiosa experiencia de trato con el pueblo palestino, en dos frentes principales: en el ámbito multilateral —en el seno de la ONU— y en el escenario interno, por la participación de las comunidades árabes y palestinas en el quehacer nacional. Ambos factores se entrelazaron para forjar el relacionamiento equilibrado frente a los dos pueblos en disputa territorial, desde el momento del plan de participación en la ONU. Ese patrón de familiaridad operó hasta 1969, año a partir del cual —y durante las siguientes cinco décadas— la colaboración con Israel se tornó más explícita y más cómplice. Algunos hechos esporádicos, tales como la visita presidencial a Gaza, en 1997, y la acogida al Estado palestino, en 2018, matizan el largo sesgo proisraelí del gobierno colombiano.

A grandes rasgos, la posición de Colombia respecto a la lucha autonomista palestina se resume en tres periodos: una fase inicial de oposición a la partición del territorio palestino por parte de la ONU, en 1947, y la posterior neutralidad, hasta 1969; la larga etapa intermedia de concesiones a los intereses de Israel, sustentada en las relaciones comerciales entre ambos, y por último, el nuevo e incierto tramo que comenzó con la celebración de Palestina como «Estado independiente, libre y soberano».

El rechazo colombiano al establecimiento del doble Estado israelí y palestino, en 1947, se basaba en dos premisas: por un lado, la vulneración de los derechos de la población palestina asentada por milenios en el territorio por dividir; por otro, el pedido a la comunidad internacional a acoger más migrantes judíos, en solidaridad con esa comunidad perseguida por los nazis. Esa fue la doctrina López, planteada por el embajador López Pumarejo, quien el 28 de noviembre de 1947 instó a la Asamblea General a: 

[…] aplazar una decisión y […] hacer un nuevo ensayo, no importa el costo que representa para la organización o el trabajo adicional que imponga a sus funcionarios, para encontrar una solución más susceptible de obtener la aceptación tanto de los judíos como de los árabes, así como el apoyo y la cooperación entusiastas del mundo cristiano (Tirado y Holguín, 1995, p. 59).

De igual modo, López guardaba la sospecha de que confinar la población judía en un espacio único serviría tan solo de coartada para aquietar la conciencia de los gobiernos, negándole la posibilidad de incorporarla a sus propias sociedades. Así lo manifestó al día siguiente en el Consejo de Seguridad:

[…] creemos firmemente que no se debería obligar al pueblo judío a vivir únicamente en ciertas partes de Palestina, sino que debería tener asimismo el derecho de establecerse en los territorios de los estados miembros de las Naciones Unidas, como se ha propuesto ya. No nos agrada la perspectiva de un inmenso ghetto labrado en Tierra Santa, a fin de que los gentiles de la humanidad puedan descargar sus conciencias de los males infligidos a la raza judía por orden de Hitler y de sus cohortes (Tirado y Holguín, 1995, p. 60).

El presidente Julio César Turbay Ayala, de origen libanés, rememoraría años después dicho suceso, así:

Yo estaba con el presidente López. Colombia fue uno de los países que se abstuvieron de votar a favor de la creación del Estado de Israel, a pesar de la clara presión de los Estados Unidos. Él hizo un impresionante discurso […] con sentido futurista y premonitorio. En su intervención advirtió cómo no era justo que la ONU, la Organización Mundial, creara un Estado que podría ser contrario a la paz internacional […] porque era una minoría que desalojaba de sus tierras natales a los palestinos y creaba condiciones ingobernables y que ese Estado tendría que vivir de la influencia de potencias extranjeras. Dijo el presidente López que Colombia no se vincularía a ese error (Vargas, 2007, p. 172).

Colombia también abogó de una manera muy firme por las víctimas del conflicto. A raíz de la guerra de 1948, la delegación ante la ONU adujo que:

[…] se deben tomar medidas eficaces a favor de los refugiados árabes. No es suficiente reconocerles compensaciones equitativas; deberían tener derecho a escoger una compensación y el regreso a su hogar, y en este último caso deberían tener la seguridad de poder gozar de sus derechos de ciudadanía, su libertad de acción y el ejercicio de sus derechos en general (Tirado y Holguín, 1995, p. 61).

El 4 de octubre del mismo año, en la Asamblea General, el gobierno colombiano propuso el estatuto especial de Jerusalén, iniciativa que se aceptó. En su segunda participación en el Consejo de Seguridad, en el bienio de 1953-1954, Colombia condenó la guerra de Israel contra Jordania, en Qibya, ciudad con numerosa población palestina refugiada. En la tercera participación entre 1957 y 1958, se unió al consenso para exigir el cese el fuego en la guerra entre Israel y Jordania.

Sin embargo, a partir de 1969, se abrió paso la alianza trilateral entre la política anticomunista estadounidense, el enfrentamiento israelí con Palestina y una buena parte de los países árabes e islámicos, y la represión oficial en Colombia. Ese año, en su cuarta participación en el Consejo de Seguridad, Colombia abandonó la solidaridad con Palestina, para identificarse progresivamente con los lineamientos estadounidenses y los intereses israelíes. Aun cuando reprobó las pretensiones israelíes de anexar Jerusalén oriental y los ataques en el sur del Líbano, se abstuvo de suscribir la Resolución 265, por medio de la cual se condenaron los bombardeos premeditados a las aldeas jordanas, y no le recriminó el incendio de la mezquita Al-Aqsa, acción condenada por el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 271.

El gobierno colombiano tampoco quiso avalar la Resolución 280, de mayo de 1970, mediante la cual se censuró la nueva arremetida israelí contra el sur del Líbano. Poco después, en el marco de la Asamblea General celebrada en 1974, en contra de los intereses palestinos, se negó a votar a favor de la participación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como observadora en la ONU; en 1975 no apoyó la Resolución 3379, que equiparó el sionismo al racismo, al tiempo que, paradójicamente, prometía inclinar la política exterior hacia el tercer mundo, al solicitar la condición de observador en el Movimiento de Países No Alineados (NOAL), al cual ingresó como miembro pleno diez años después.

En paralelo a la anterior secuela, se abría espacio a pasos agigantados el fuerte intercambio comercial con Israel. En 1984 empezaron las exportaciones masivas de carbón hacia ese territorio, desde las minas del Cerrejón. Posteriormente, entre 1987 y 1988, los ministros israelíes de Comercio y de Defensa comprometieron al gobierno colombiano con la industria militar de su país. En medio de la controversia por el incumplimiento por parte de la empresa Israel Aircraft Industries (IAI) del mantenimiento de la flota de Mirages colombianos, y ante la reticencia estadounidense, que privilegiaba la venta de sus propios F-16, al final se logró la adquisición de trece bombarderos Kfir C-2 a la IAI. En noviembre de 1988, el gobierno colombiano multó a la empresa israelí con US$358.373 por la infracción, pero para ese entonces la compra ya se había llevado a cabo (Ramírez, 1989).

En los años noventa, Colombia apoyó a Palestina en el marco del NOAL. En 1995, auspició la cumbre del movimiento en Cartagena, con la presencia de alrededor de 120 jefes de Estado y de gobierno. En ese contexto, en noviembre de 1996 se autorizó convertir la oficina de prensa en Misión Permanente de Palestina en Bogotá, y el primer mandatario colombiano, Ernesto Samper, en calidad de presidente del NOAL, realizó varias giras internacionales, entre las cuales la de 1997 lo condujo hasta Gaza, donde se encontró con Yasser Arafat e hizo una animada alocución ante el Consejo Legislativo Palestino.

Con el cambio de siglo, la adhesión a la política de resguardo de Estados Unidos se plasmó en la ofensiva simultánea contra el narcotráfico y las guerrillas comunistas en el Plan Colombia. En relación directa con el aumento de los negocios con Israel, Colombia se hacía cada vez más insensible frente a la tragedia del pueblo ocupado. En 2003, fue uno de los países que no censuraron la intención del gobierno de Ariel Sharon de matar a Arafat. Y más adelante, en 2011, cuando el presidente Abas llegó a Bogotá con el fin de buscar apoyo en el Consejo de Seguridad para pasar la resolución de membresía completa en la ONU, el presidente Santos se mantuvo aferrado a la posición israelí de condicionar el reconocimiento del Estado palestino al arreglo previo bilateral entre ambos contendientes. Un año después, en noviembre de 2012, cuando la Asamblea General aceptó por 138 votos al Estado de Palestina como Estado observador no miembro, Colombia se encontró entre los 41 países que se abstuvieron de votar. En otro escenario, ese mismo año se iniciaba el trámite del TLC, en cuyo contenido no se excluyeron las empresas ubicadas en los territorios ocupados, a diferencia del TLC entre Israel y la Unión Europea.

Dos medidas reprobadas por la comunidad internacional, en 2018, que revivieron los sentimientos de solidaridad colombiana con Palestina, explican en parte su admisión como Estado soberano. Fueron, por una parte, la decisión unilateral de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, en contra de la determinación de la ONU de preservarla dentro de un estatus especial hasta la solución del conflicto; por otra parte, la nueva afrenta del Parlamento israelí al declarar a Israel el «Estado nación del pueblo judío», discriminando la población árabe, su idioma y religión, así como otros grupos sociales y culturales, en contravención de los principios fundadores del Estado de Israel en 1948, que proclamaron «una completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos, sin distinción de raza o de sexo, y plena libertad de conciencia, de culto, de educación y cultura»[1].

Con estos antecedentes, llegó agosto de 2018 a marcar el inicio de una nueva fase, con un activo a favor de la causa palestina: el reconocimiento de su soberanía por parte de Colombia, que vino a ser el país 137 en el mundo y el último suramericano en hacer ese gesto diplomático. Incluso con esa tardanza, la medida dio lugar a toda serie de improperios y descalificaciones por parte de los diplomáticos israelíes y el sionismo. La embajada de Israel en Bogotá declaró que la decisión era «una bofetada a un aliado fiel, que contradice la calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes», y solicitó al nuevo gobierno de Iván Duque revertir la decisión de su predecesor. Ciertos analistas locales unieron sus voces a la monserga, con los calificativos de decisión «subrepticia y por la puerta de atrás», «traicionera» y «puñalada trapera». Se suscitó una verdadera cadena de insultos contra quien, condecorado por la American Jewish Committee poco meses antes, el 1º de diciembre de 2017, en el Palacio de Nariño, en Bogotá, había sido ensalzado como «un amigo genuino y firme» (AJC Global View, 2017).

El apoyo colombiano amplía el respaldo de la comunidad internacional a la justa autodeterminación palestina. Dado que es un problema de orden multilateral, pues se creó en el seno de la ONU, es ese el escenario para resolver el conflicto, cuando la institucionalidad multilateral logre el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho y conduzca el regreso de Israel a la frontera inicial, lo cual implica el desalojo de los territorios ocupados hasta ahora y el retorno de miles de refugiados a sus sitios de origen. Hacia ese objetivo se orientó su llegada a la Unesco, en 2011, su aceptación en la ONU como Estado observador no miembro, en 2012, y el ingreso como Estado parte de la Corte Penal Internacional, en 2015.

La justicia con Palestina depende cada vez más de la suma de fuerzas de la comunidad internacional, a través del reconocimiento de su soberanía por parte de los países y de las medidas de los grupos e instituciones privadas, en alianza firme con las fuerzas judías no sionistas, tanto en Israel como en el resto del mundo. Las exigencias a Israel de poner fin a la ocupación y a la negación de los derechos palestinos se han contrarrestado desde el lado moral con la coartada de que cualquier crítica a ese gobierno es un gesto antisemita. Desde el lado militar, la arrogancia del gobierno israelí depende de la extensa asistencia económica y tecnológica que le brinda Washington.

Conjugar esfuerzos con las voces judías no sionistas es imprescindible de aquí en adelante. Para la filósofa Judith Butler (2003, p. 209):

Si pensamos que criticar la violencia israelí o presionar a ese gobierno con medidas económicas para que cambie sus políticas es un «antisemitismo efectivo», todos vamos a bajar la guardia por el temor de ser calificados de antisemitas.

A la lucha por la autodeterminación palestina viene a sumarse ahora la defensa de la pluralidad social y religiosa israelí, cautiva como nunca antes del racismo. Para el poeta israelí Yitzhak Laor, se trata del racismo absoluto de la fe en «la naturaleza asesina de los árabes» o el eslogan del mesianismo religioso, esa ideología neonazi que asume el judaísmo radical. Por ello, asevera:

Es verdad, hay una ocupación. Pero en la mente israelí es temporal. La suspensión de todos los derechos civiles y humanos crea una situación extraordinaria, de emergencia, peor que una dictadura militar. Después de todo, el ejército puede hacer cualquier cosa en los territorios ocupados. Millones de personas están sujetas a ese régimen, que nuestra democracia parece no ver, porque pregona la ocupación como una excepción, no como la regla.

Al contrario, la democracia israelí se cuida de no hablar del estatus de los árabes dentro de sus fronteras, donde tiene instaurado un sistema abyecto de leyes y regulaciones para negarles los derechos reservados solo a los ciudadanos judíos, e incluso a otra población no judía. Ejemplo de ello son las leyes de finca raíz del Fondo Nacional Judío y la Agencia Judía, que actúan como si el Estado fuera solo para los judíos (Laor, 2007).

A su vez, Sholomo Ben-Ami (2017) evalúa así la manera como el gobierno israelí trunca el ideal cosmopolita propiciado por la ONU:

Netanyahu conduce a Israel hacia posiciones retrógradas. Su gobierno ha abandonado la concepción liberal y globalizada para sumarse a las aventuras de Trump. Después de medio siglo de ocupación del territorio palestino, Israel está sucumbiendo a sus más profundos impulsos de etnocentrismo y rechaza cada vez más las fronteras reconocidas. El país está ahora en camino a unirse al creciente club de las democracias iliberales y hay que agradecer por esto al primer ministro Benjamín Netanyahu [quien] ha reformado la psique colectiva del país. Ha elevado al «judío» aislado y traumatizado —que aún no se reconcilia con los «gentiles», sin llegar a mencionar a los «árabes»— por encima del «israelí» laico, liberal y globalizado, conceptualizado en la visión de los padres fundadores del país.

En buen momento, Colombia marcó distancia de esta prolongada afrenta a los derechos humanos. El gobierno de Santos libró a la administración de Duque de penosas e infructuosas negociaciones bilaterales con Israel, al brindarle el justo apoyo a Palestina. Por supuesto, la presión oficial israelí, de los grupos judíos extremistas, al igual que de  otras personas y organizaciones extranjeras y nacionales influyentes en el alto gobierno, va a ser incesante durante los próximos años, con el fin de lograr que el ejecutivo «revise y revierta» la concesión dada a Palestina. Para sostenerse en consonancia con la inmensa mayoría de la comunidad internacional y ofrecerle al mundo una imagen más ecuánime de Colombia, la mejor decisión presidencial será mantener el reconocimiento del Estado palestino, un gesto de solidaridad que no tiene repercusiones de ningún tipo en las relaciones económicas con Israel. Amparar esa posición será un reto para las personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos en todo el mundo, la justicia en el sistema internacional y el debido respeto a la soberanía de los estados.

[1] Declaración de Independencia del Estado de Israel, parágrafo 13.

Referencias

AJC Global Voice (2017). AJC reúne a líderes de las comunidades judías latinoamericanas y premia al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Recuperado de  https://www.ajc.org/es/news/ajc-reune-a-lideres-de-las-comunidades-judias-latinoamericanas-y-premia-al-presidente.

Ben-Ami, S. (2017). Israel iliberal. Recuperado de http://nuso.org/articulo/israel-iliberal/.

Butler, J. (2003). No, it’s not anti-semitic. London Review of Books, 25 (16), 19-21.

Laor, Y. (2007). Democracy for Jews only. Recuperado de  http://thehollytree.blogspot.com.co/2007/05/democracy-for-jews-only-by-yitzak-laor.html.

Ramírez, J. L. (1989). La proclamación del Estado palestino y sus implicaciones en las relaciones internacionales de Colombia. Colombia Internacional, 5, 3-10.

Tirado, Á. y Olguín, C. (1995). Colombia en la ONU. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vargas, P. y Suaza, L. M. (2007). Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración. Bogotá: Planeta.

Pío García
Docente investigador
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
pio.garcia@uexternado.edu.co