De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados: Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo […]
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados:
Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Con más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América del Sur, este es el éxodo más grande en la historia reciente de la región (Acnur, 2019)
¿En qué momento el país denominado Venezuela saudita en la bonanza petrolera pasa a ser catalogado como un posible Estado fallido? Acá les presentamos los momentos más importantes sobre la implosión de la revolución bolivariana.
El proceso histórico que se presenta a continuación deja en evidencia que no todas las dictaduras nacen producto de un golpe de Estado, como sucedía en la primera mitad del siglo XX con las dictaduras del general Juan Vicente Gómez y después la del general Marcos Pérez Jiménez luego del golpe de Estado de 1948 al expresidente Isaías Medina Angarita. Así, los militares tenían un distintivo adicional en la primera mitad del siglo XX de interferir en política y, después de intentos golpistas, hacerse con el poder político. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, se instauró un nuevo surgimiento democrático llamado el Pacto de Punto Fijo, en el que los partidos tradicionales Acción Democrática y Comité de Organización Política Electoral Independiente se alternaban el poder político y mantenían la predominancia del sistema bipartidista, para darle relativa estabilidad institucional al Estado, proceso parecido al que vivió Colombia con el Frente Nacional, en el que conservadores y liberales se alternaban el poder político.
Este periodo de estabilidad democrática se fragmentó a finales de los ochenta y la última década del siglo XX, cuando las elites tradicionales venezolanas se desligaron de la realidad de la sociedad, la cual se encontraba en una grave crisis económica en la que los bienes de consumo incrementaron sus precios, el desempleo aumentaba cada vez más y el acceso a medicinas era restringido dada la limitada oferta. Sin ir más allá, el descontento y las dificultades de la sociedad venezolana durante la década de los ochenta y noventa es un panorama que no se aleja de la realidad de Venezuela bajo la cuestionada y cada vez más parecida a una dictadura como la de Nicolás Maduro, en la que la inflación más alta del mundo ha sido el mejor indicador macroeconómico de su gestión, lo que dejó al bolívar venezolano completamente destruido e imposibilita adquirir bienes de la canasta familiar dado su exponencial costo. Caracas ha sido catalogada la ciudad más insegura del mundo por la cantidad de muertes asociadas a la criminalidad por cada cien mil habitantes (Estas son las 50, 2018). Este y muchos otros resultados en las actuales crisis de salud, desempleo, corrupción, provisión de servicios públicos, migración, seguridad ciudadana, justicia, instituciones, censura a la libertad de expresión y oposición han ejercido un accionar criminal y sistemático por parte del difunto presidente Chávez y ahora dictador Maduro, arropados por la legitimidad que brinda estar al frente de la primera magistratura nacional.
Febrero de 1989. Carlos Andrés Pérez asumió su segundo mandato como presidente de la república. Para contrarrestar el impacto de lo sucedido en la crisis del petróleo, se implementó un paquete de medidas económicas liberalizadoras formuladas por el Fondo Monetario Internacional. La inflación, el control de precios y la corrupción en la administración dieron paso al episodio conocido como el «caracazo», una de las manifestaciones sociales más reconocidas en el país ocurrida en octubre de 1989 entre los sectores más populares de la capital. Así, después de cuatro décadas de existencia democrática se incrementó la pobreza y se acumuló una deuda externa gigantesca. A pesar de que el gasto público era elevado, este parecía desviarse del objetivo de subsanar las necesidades del pueblo venezolano. La deficiencia en la provisión de los servicios públicos y, aparte de eso, la creciente corrupción administrativa y gubernamental para atender los asuntos de la sociedad venezolana eran problemas que existían aun cuando Venezuela era favorecida por el boom de la bonanza petrolera de la década de los setenta; no obstante, la corrupción resultó ser el factor transversal a todos estos ámbitos y problemas, a tal punto que por corrupción se enjuició, por primera y única vez, al presidente de la República de Venezuela, lo que ocasionó la salida de Carlos Andrés Pérez del poder.
El caracazo dejó como lección, entre otras, que la clase política tradicional venezolana no supo canalizar sus errores políticos y, por tanto, al no invertir correctamente los recursos millonarios provenientes de los altos precios del petróleo, se generó, también, la deslegitimación de las instituciones democráticas, de los partidos políticos y del Estado en general, los cuales se consideraron antipatrióticos y absorbidos por la corrupción.
Febrero, 1999. Después de un fallido golpe de Estado por el cual estuvo prisionero el militar Hugo Chávez Frías, este fue elegido presidente de Venezuela. Tras llegar al poder, su primera decisión fue reformar la Constitución Política y llamar a elecciones bajo las nuevas reglas de juego; cabe preguntarnos si acaso ¿es en este momento cuando se empiezan a poner en riesgo las instituciones venezolanas? Chávez se presentó como un intruso que terminó de fisurar el sistema de alianza bipartidista, promulgando una nueva Constitución que refundó el Estado y le dio mayor importancia al poder ejecutivo, ya que redujo el legislativo a una sola cámara parlamentaria. Más adelante Nicolás Maduro, por medio del Tribunal Supremo de Justicia, le quitó las competencias a la Asamblea Nacional y convocó de manera inconstitucional una Asamblea Nacional Constituyente, o parlamento paralelo, en el que todos sus miembros pertenecían al partido del Gobierno. Esto lleva a concluir que al régimen cada vez más le gusta la democracia y con estas medidas les ha dado varios golpes de Estado a las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela.
Febrero, 2002. Durante el mandato de Hugo Chávez, se concedieron facultades extraordinarias, principalmente realizando reformas legislativas de los sectores agro e hidrocarburos. La renuncia de alguno de sus ministros, la crítica ante las actuaciones de Estados Unidos en Afganistán y los dudosos manejos en una de las compañías más importantes del país como Petróleos de Venezuela S. A., entre otras decisiones del presidente, trajeron consigo un nuevo golpe de Estado en el 2002. Uno de los factores que llevaron al paro petrolero del 2002 fue la intención netamente intervencionista del Gobierno Chávez de apropiarse de los recursos por concepto de renta petrolera, para la financiación de los programas sociales que mantuvieron su capital político estable y en crecimiento. La ideologización de Petróleos de Venezuela y su posterior nacionalización fueron, finalmente, la plataforma financiera de la agenda doméstica e internacional de la revolución bolivariana.
Abril, 2002. Luego de las presiones por parte de los militares, Hugo Chávez aceptó su renuncia y Pedro Carmona se autoproclamó presidente. Ahora bien, sus primeras decisiones iban en contravía de una estabilización democrática: disolvió entidades como el Parlamento, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia, lo que generó un descontento en la población venezolana y un rechazo por parte de la comunidad internacional. Con el apoyo de sus electores, Chávez retornó al poder.
Entre las medidas más polémicas encontramos la expropiación de terrenos privados, bajo la figura de la seguridad alimentaria; el Sistema Nacional de Misiones, entre las cuales se destacan programas educativos, de salud y de vivienda; las jornadas de nacionalización de extranjeros y sus dudosas estrategias para las reelecciones.
En las últimas dos décadas hemos escuchado sobre esa figura política y económica denominada el socialismo del siglo XXI y su intento por marcar un hito en el desarrollo socioeconómico de América Latina, por medio de políticas que buscaban la igualdad y la justicia social. No obstante, en la práctica, el discurso político y las decisiones que se tomaron desviaron el rumbo institucional de Venezuela. Después del intento golpista en contra de Hugo Chávez en el 2002, fue restituido en la presidencia, y así empezó a consolidar y acelerar el proyecto del socialismo del siglo XXI, en el que el ejecutivo tomaba decisiones sin ningún tipo de objeción por parte de los poderes legislativo y judicial, además de acreditarse victorias electorales. La burocracia en el poder ejecutivo se incrementó, al igual que lo hizo la corrupción administrativa, inflando la cantidad de ministerios del gabinete ejecutivo. De un promedio de 10 a 14 ministros que tiene una administración, Chávez y Maduro han nombrado entre 30 y 40 ministros en su gabinete. En el plano político, el objetivo del Gobierno fue y sigue siendo disminuir a su mínima expresión a la oposición, emprendiendo una persecución y el encarcelamiento de políticos opositores a los regímenes de Chávez y Maduro. La oposición, desde los inicios del Gobierno de Chávez, nunca tuvo garantías ni un estatuto de oposición que la protegiera del ventajismo del Gobierno.
2009 y 2010, crisis energética. El PIB Venezolano cayó, entre otros factores, por la crisis energética que empezó a vivirse en el país; llegaron los racionamientos de electricidad por el descuido en la infraestructura eléctrica del país. En octubre del 2012, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 55 % de los votos frente a su contrincante: Henrique Capriles; durante las elecciones regionales presentó un delicado estado de salud que evitó su presencia en las elecciones regionales.
Enero, 2013. Chávez asumió su mandato como presidente, pero por problemas de salud le delegó a su vicepresidente, Nicolás Maduro, la mayoría de sus funciones. Desapareció en medio de su enfermedad y los rumores de su muerte sin confirmar empezaron a generar un ambiente de caos e incertidumbre en las calles del país; para muchos sin el gran líder el país perdería el rumbo, mientras que para otros era una esperanza de un cambio, de nuevas prácticas gubernamentales, de una nueva página en la historia. Oficialmente falleció el 5 de marzo.
Marzo, 2013. Inició la era de Nicolás Maduro, quien juró continuar la revolución bolivariana y el legado del presidente Chávez. Sin embargo, ha tenido altibajos desde su inicio, especialmente frente a la legalidad de su mandato; las medidas que ha tomado el Gobierno, en particular en la política económica, han generado una mayor desconfianza del sistema financiero internacional, ha ahuyentado a la inversión extranjera, se han acrecentado los niveles de desempleo, la devaluación de la moneda junto con los altos niveles de inflación ha colapsado el sistema económico venezolano.
Ahora bien, ¿si el respirador artificial de la economía venezolana es la venta y exportación de petróleo, entonces cuáles son las variables que mantienen a flote al régimen de Maduro? ¿El apoyo de los militares, la presencia de Cuba y otros aliados militares, los grupos armados ilegales paralelos –colectivos–? Al igual que en el caso de Cuba, muchos consideran que en Venezuela aún existe democracia, pero lo que el proceso histórico del Gobierno bolivariano indica es que, mientras se consolidaba su legitimidad con el exceso de realización de elecciones, se desmontaron el Estado de derecho y los valores fundamentales de la democracia mediante la cooptación de los poderes públicos y parcializando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los colectivos civiles que sirven de escuderos del régimen.
Se habla de que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela impuestas recientemente han agudizado más la crisis del país. Sin embargo, “el gobierno venezolano está utilizando de forma discursiva las sanciones para justificar la situación en la que se encuentra Venezuela”, dijo Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
No obstante, es cierto que la causa de la crisis económica, de acceso a alimentos y medicinas ya había empezado años antes de la imposición de las sanciones de Estados Unidos. Lo anterior permite concluir que habría incapacidad de gobernar por parte de Maduro de no ser por la alianza con los militares y colectivos que aún le permiten respirar al régimen. Los foros y espacios de concertación internacional han sido un respiro para el régimen madurista, ya que mientras el Foro de Sao Paulo apoya irrestrictamente el proceso revolucionario venezolano, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reporta violación sistemática de los derechos fundamentales por parte de Maduro y su Gobierno. Hay mucho de Estado fallido y del colapso del Estado venezolano con el progresivo desmonte y deterioro de la institucionalidad en Venezuela.
2019. El 5 de enero Juan Guaidó, de 36 años, asumió sus funciones como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como alternativa de solución se evocó el cumplimiento del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para restituir el orden constitucional, por lo que el 23 de enero asumió como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por más de cincuenta países.
Faltando un mes para finalizar el 2019, no vemos que la situación haya mejorado. Las instituciones no funcionan realmente, existe una incertidumbre frente al futuro y contamos con un doble gobierno que no tiene completamente las riendas del país ni de un lado ni del otro. Existen delegados del Gobierno de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó que están haciendo diplomacia política por su lado, sin tener realmente herramientas que brinden una solución a los más de cuatro millones y medio de ciudadanos venezolanos que han emigrado de su país en los últimos cuatro años (Acnur, 2019) y que, en su gran mayoría, esperan retornar a su hogar.
El limbo institucional de Venezuela ha permeado a los demás países de la región hasta el punto de convertirse en una amenaza para la estabilidad de la región. La situación en el vecino país entra a la historia como la tercera ocasión en la región en la cual se invoca el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca y en la que, por primera vez, se acepta su activación, con la esperanza de que las medidas de presión económica y diplomática impuestas en bloque regional logren un cambio en el Gobierno de turno.
Si nos vamos a la teoría, de acuerdo con Zapata (2014) un Estado fallido es aquel que se considera incapaz de mantenerse como miembro de la comunidad internacional y que también, como lo plantea Noam Chomsky, deja de proteger a sus ciudadanos, por lo que se convierte en una amenaza para su propia región:
Entre las prioridades más características de los Estados fallidos figura el que no protegen a sus ciudadanos de la violencia –y tal vez inclusión de la destrucción– o que quienes toman las decisiones otorgan a esas inquietudes una prioridad inferior a la del poder y la riqueza a corto plazo de los sectores dominantes del Estado. Otra característica de los Estados fallidos es que son Estados forajidos, cuyas cúpulas se desentienden con desdén del derecho y los tratados internacionales (2007, p. 49).
Venezuela, en medio de la inestabilidad democrática, ha permitido que las políticas de Estado se conviertan en las políticas del Gobierno de turno, que se acomodan al antojo de los egos que están en juego en la arena política. Por eso, hoy quedan más preguntas que respuestas: ¿Acaso llegamos al punto en el que Venezuela podría denominarse oficialmente un Estado fallido? ¿Hasta qué punto la falta de injerencia en los asuntos de otro Estado ha llevado a acrecentar más la crisis venezolana? ¿Acaso la Organización de Naciones Unidas ha omitido sus funciones de mantenimiento de paz? ¿El sistema internacional podrá seguir soportando la crisis venezolana? ¿Hasta qué punto las instituciones pueden soportar la personalización del poder?
Referencias
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Javier Alejandro Lindarte Montero
Investigador
Facultad de Political Science and International Studies
Universidad de Queensland (Australia)
j.lindartemontero@uqconnect.edu.au
María Lucia Jaimes Bohórquez
Asesora legislativa
Senado de la República
maria.jaimes@senado.gov.co