La guerrilla colombiana, que tras un largo periodo de estancamiento y marginalidad logró ampliar su influencia hacia zonas de gran importancia como resultado de la acumulación de recursos económicos y poderío militar, da muestras inequívocas de decaimiento en la actualidad. En efecto, las organizaciones guerrilleras que fueron afectadas no solamente […]
La guerrilla colombiana, que tras un largo periodo de estancamiento y marginalidad logró ampliar su influencia hacia zonas de gran importancia como resultado de la acumulación de recursos económicos y poderío militar, da muestras inequívocas de decaimiento en la actualidad. En efecto, las organizaciones guerrilleras que fueron afectadas no solamente en las áreas centrales del país sino también en su retaguardia hoy ya no cuentan con ninguna posibilidad de alcanzar sus objetivos estratégicos por medio de la lucha armada. Este es el escenario en el que se negocia el fin de un conflicto que ya suma cincuenta años.
En este lapso se han producido cambios en el conflicto que, en algunos casos, constituyen verdaderas rupturas que impiden pensar en una evolución lineal. De aquí la importancia de identificar al menos tres periodos claramente diferenciados (gráfico 1).
En un primer periodo, entre los años sesenta y comienzos de los ochenta, las guerrillas registraron una expansión casi nula y su accionar armado se circunscribió a zonas rurales apartadas.
En un segundo periodo, entre comienzos de los años ochenta y 2002, la guerrilla tuvo una vertiginosa expansión territorial que le permitió contar con un dispositivo mediante el cual rodeó los principales centros político-administrativos del país, sin que su presencia en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y con importante actividad agropecuaria se redujera.
En el tercer periodo, que corresponde a los últimos doce años, la violencia desatada por los grupos paramilitares, por una parte, y la ofensiva de las Fuerzas Militares, por otro lado, han llevado a las guerrillas a replegarse y disminuir su accionar armado. Los grupos alzados en armas han tenido un enorme retroceso que hoy se expresa en la imposibilidad de salir de la situación de repliegue y de aquí su inclinación hacia un escenario de superación del conflicto mediante la negociación.
Estancamiento y marginalidad (1964-1981)
El origen de las organizaciones guerrilleras llamadas de «primera generación», las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), se remonta a principios de los años sesenta. A partir de la década de los setenta empezaron a surgir las guerrillas de «segunda generación», el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Quintín Lame, el Movimiento Patria Libre y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), para citar sólo algunos (Pizarro, 1996, pp. 95-113).
En sus orígenes, las FARC se inscribieron en un modelo de guerrilla de partido, en la medida en que surgieron como prolongación del Partido Comunista (PC). En su proceso de autodefensas campesinas dirigidas por el PC, tuvieron sus principales núcleos de expansión en tres zonas del país: en el suroriente, en los valles de los ríos Ariari, Guayabero, Duda, Caguán, y en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare; en el centro, en el Magdalena Medio, principalmente en Puerto Boyacá; y en el noroccidente, en el Urabá antioqueño (Pizarro, 1996, p. 66).
El ELN nació en el Magdalena Medio santandereano, Simacota, San Vicente y El Carmen de Chucurí; su planteamiento se centraba en romper con el esquema clásico alrededor del partido y buscaba una nueva estructura que permitiera generar, a partir del núcleo guerrillero (percibido por ello como «foquista»), una organización nacional, político-militar, dentro de una perspectiva de liberación nacional (Vargas, 1989, y Harnecker, 1988).
Por su parte, el EPL surgió en la parte alta de los valles del Sinú y el San Jorge, en el departamento de Córdoba, y casi simultáneamente, en el Urabá antioqueño. Esta guerrilla, que privilegiaba el impulso de la lucha en zonas rurales inscrita en una concepción de «guerra popular prolongada», buscó la conformación de una base de apoyo campesina.
En esta primera etapa, entre los años sesenta y setenta, las guerrillas tuvieron una expansión muy lenta y su accionar armado se circunscribió a zonas rurales apartadas. El ELN había sido prácticamente diezmado en Anorí (Antioquia), a finales de 1973, en tanto que las FARC apenas comenzaban a recuperarse de una operación militar en la que estuvieron a punto de ser aniquiladas al poco tiempo de fundadas[1]. Por su parte, el EPL mostraba hacia finales de la década un desgaste en su esquema de «guerra popular prolongada» [2].
Expansión territorial e intensificación de la actividad guerrillera (1982-2002)
En una segunda etapa, a principios de los años ochenta, época en la cual el M-19 tenía gran protagonismo, las FARC y el ELN empezaron a registrar una muy fuerte expansión territorial. En este cambio, que comúnmente se ha atribuido al proceso de paz llevado a cabo en la administración de Belisario Betancur (1982-1986), tuvo que ver la adopción por parte de la guerrilla de nuevas estrategias y la disponibilidad de los recursos para implementarlas.
En lo concerniente a las FARC, a partir de la Séptima Conferencia, celebrada en 1982, la organización adoptó una estrategia de crecimiento basada en el desdoblamiento de los frentes existentes; se determinó, entonces, ampliar cada frente hasta llegar a la meta de tener uno por departamento. Al mismo tiempo que se producía la diversificación de la presencia de las FARC en el ámbito rural, esta guerrilla identificó a Bogotá como eje de su despliegue a través de la cordillera Oriental.
A la estrategia de desdoblamiento de los frentes y la disponibilidad de recursos provenientes principalmente de la coca para financiarla, se sumó como circunstancia favorable el cese al fuego pactado en el gobierno de Betancur en el marco del llamado acuerdo de la Uribe. El uso táctico que las FARC dieron al proceso de paz le permitió al grupo guerrillero expandirse territorialmente, aumentar su pie de fuerza, diversificar sus finanzas e incrementar su poder de fuego.
A su vez, el ELN experimentó cambios en su estrategia de expansión, que comprende aspectos relacionados con la definición de nuevos objetivos. Es así como en 1983, en el marco de la denominada Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí, la organización decidió duplicar las estructuras existentes, con el propósito de extender su presencia hacia las zonas con elevada riqueza minera y de explotación petrolera. El área de despliegue de esta guerrilla coincidió entonces con el recorrido del oleoducto entre Caño Limón en Arauca y Coveñas en Sucre, teniendo como eje a la ciudad de Barrancabermeja, que es el corazón de la actividad petrolera del país.
En lo concerniente al EPL, también registra un crecimiento importante, sobre todo en zonas de desarrollo agroindustrial, con énfasis en Urabá; en zonas de colonización y de expansión de nuevos grupos de terratenientes (Urabá y Córdoba) y en la región del Eje Cafetero. Paralelamente, en coexistencia con los procesos de colonización y la producción petrolera en zonas de enclave, amplió su presencia en los departamentos de Antioquia, Putumayo y Norte de Santander (Villarraga & Plazas, 1994, p. 185).
En el gobierno de Belisario Betancur el EPL se incorporó al proceso de paz, circunstancia que utilizó tácticamente para expandirse hacia nuevas regiones y aumentar el número de combatientes y estructuras armadas. El accionar del EPL se reactivó a partir de la segunda mitad de 1985 y se incrementó con posterioridad a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y al asesinato de Óscar William Calvo, uno de sus principales dirigentes.
En septiembre de 1987, con motivo de la celebración de la primera conferencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), el conjunto de las guerrillas –FARC, ELN, M-19, EPL, PRT y el Quintín Lame– se presentó como un solo ejército. Pese a que el propósito de conformar un ejército guerrillero unificado era evidente, éste sólo llegó a tener alguna expresión en la ejecución de acciones armadas, debido a que sus integrantes no renunciaron a su liderazgo e identidad política ni a su independencia financiera.
Las acciones armadas que las guerrillas venían realizando en forma conjunta empezaron a disminuir en los primeros años de la década de los noventa, lo cual puso de presente la pérdida de importancia de la CGSB en el campo militar. Sumado a lo anterior, la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT hizo que las FARC tuvieran el predominio frente al ELN en el escenario de la confrontación.
Las FARC, tras el fracaso de las negociaciones de paz en Venezuela y México, adelantadas durante la primera mitad del gobierno de César Gaviria (1990-1994), llevaron a cabo su Octava Conferencia, con el propósito de avanzar en su «plan estratégico», reagrupar sus frentes en siete bloques y comenzar a golpear a la fuerza pública[3].
Tal como se puede apreciar más adelante (gráfico 1), las FARC registraron su mayor crecimiento entre 1995 y 2002. En este lapso consolidaron su presencia en el sur del país y en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) utilizaron tácticamente las negociaciones del Caguán para avanzar hacia el Pacífico, escenario donde aumentaron su protagonismo armado.
Si bien el manejo que las FARC les dieron a las negociaciones del Caguán corresponde a su viejo anhelo de mostrarse como un «Estado en formación», cabe destacar su gran incapacidad para aprovechar políticamente el proceso de paz para convocar a la opinión pública en torno a las transformaciones que pudieran presagiar una evolución hacia el socialismo (Pécaut, 2008, pp. 61 y 111).
La experiencia del Caguán permitió evidenciar que lo que realmente interesaba a las FARC era avanzar en su proyecto militar, por lo que las negociaciones de paz se concibieron como un medio para ampliar su dominio territorial y la oportunidad de agudizar las contradicciones que condujeran al colapso de las instituciones. 
En cuanto al ELN, que tuvo su mayor crecimiento a partir de 1985, empezó a ser impactado en los años noventa por los grupos paramilitares o de autodefensa, que poco a poco consiguieron romper su retaguardia. El grupo guerrillero perdió la hegemonía en una franja del territorio que abarca desde el nororiente antioqueño hasta el departamento de Norte de Santander, así como en Barrancabermeja, Cúcuta y Medellín. A lo anterior se debe agregar la desarticulación de las estructuras urbanas de la Costa y el Valle del Cauca, así como de los frentes Héroes de las Bananeras y Astolfo González, con presencia en Magdalena y Urabá, respectivamente, como consecuencia de la desmovilización de una disidencia en 1994, la Corriente de Renovación Socialista (CRS).
El declive del ELN se comenzó a expresar a partir de 2001 en la reducción del número de integrantes del grupo armado (gráfico 1). El debilitamiento de esta guerrilla ha sido resultado no solamente del impacto de las autodefensas, del incremento de la capacidad ofensiva del Ejército, de los errores en su accionar y de la resistencia en principio a derivar provecho de los cultivos ilícitos, sino también de la fuerte tensión entre lo político y lo militar. El estancamiento militar del ELN ha dado paso a una mayor atención a la actividad política y a una propuesta de paz ligada a mecanismos de participación social[4].
Repliegue y derrota estratégica (2003-2014)
En una tercera etapa, la guerrilla tuvo un enorme retroceso que se expresa en la actualidad en la imposibilidad de salir de la situación de repliegue y retomar la iniciativa militar en la confrontación; de aquí su inclinación hacia un escenario de superación del conflicto mediante la negociación. Esta situación ha sido la consecuencia de la acción de las Fuerzas Militares, fortalecidas y mejor preparadas gracias al proceso de modernización iniciado por la administración de Andrés Pastrana y profundizado en los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010).
Hacia finales de la administración Pastrana, tras la más fuerte escalada de violencia protagonizada por los grupos paramilitares, el Estado empezó a combatir a los alzados en armas en las zonas donde concentraban su mayor poderío militar y económico, así como en áreas centrales de gran importancia estratégica. La superioridad militar alcanzada por el Estado a partir de la primera administración de Uribe representó para la guerrilla un impedimento para dar cumplimiento al «plan estratégico» definido en los años ochenta.
El estado actual del conflicto armado permite desmitificar la supuesta invulnerabilidad de las FARC, debido a que la fortaleza histórica del grupo guerrillero, representada en su alta dispersión geográfica, ante la paulatina pérdida en el comando,control y comunicaciones, se ha convertido en su principal debilidad.
La decisión del gobierno de Uribe Vélez, en sus dos administraciones, de lograr la derrota de las FARC, llevó al grupo alzado en armas a retomar los comportamientos propios de la guerra de guerrillas y a optar por el repliegue y el descenso de su operatividad a escala nacional. Las FARC optaron por recurrir a estas tácticas para garantizar su supervivencia, y de aquí la manifiesta prioridad que el grupo guerrillero ha dado a los corredores estratégicos, las áreas con recursos económicos y las zonas de frontera con los países vecinos.
Pese a que se han afectado los elementos esenciales que se deben tener para que un ejército pueda existir y operar, es preciso reconocer que las FARC han podido garantizar la operatividad de algunas de sus estructuras, mediante la flexibilización y la autonomía, hasta cierto grado, del comando, control y comunicaciones.
Al aplicar el principio de economía de fuerza, la guerrilla busca reducir al máximo las bajas en sus filas y los costos de operación, mientras que las Fuerzas Militares han tenido que redoblar sus esfuerzos para responder a los ataques en diferentes sitios del país. Esta táctica, además de multiplicar los escenarios de las operaciones, dificulta la identificación del enemigo, que en muy pocas ocasiones se presenta como un frente estático.
Como se ha mostrado en la serie de mapas adjunta, la geografía del conflicto ha experimentado cambios muy importantes en los últimos años. En la medida en que la ofensiva de las Fuerzas Militares lleva a las FARC a replegarse, el grupo armado ha sufrido un enorme retroceso con respecto a las posiciones conseguidas tras dos décadas de expansión territorial. Las zonas bajo influencia de los alzados en armas vuelven a ser rurales, ante todo, y en algunos de estos escenarios han establecido alianzas con grupos armados al servicio del narcotráfico.
La localización de la guerrilla en zonas de frontera le ha dado la posibilidad de eludir la acción de la fuerza pública, establecer sus campamentos en los países vecinos y lanzar ataques desde allí. Con todo, las FARC deben tomar en cuenta que el anhelado reconocimiento del estatus de beligerancia no llegará, y que la relación con el gobierno venezolano resultó más contraproducente que favorable al proyecto chavista. Así mismo, es preciso señalar que si bien la guerrilla en la frontera puede prolongar su existencia, las renovadas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela podrían disminuir las posibilidades de utilizar tácticamente esta posición, por medio de políticas conjuntas en materia de seguridad dirigidas a desmontar las actividades ilegales y a impedir el tránsito de los grupos armados ilegales (Cardona, 2013).
Mediante lo que se ha denominado Plan Renacer, las FARC lograron elevar su accionar desde el 2009, lo cual contrasta con el descenso registrado en los combates por iniciativa de las Fuerzas Militares[5]. Ante la contundencia de las operaciones de las Fuerzas Militares, las FARC han reaccionado incrementando las acciones que requieren muy bajo esfuerzo en su ejecución, fundamentalmente para aliviar la presión que se ejerce contra los mandos de la organización. La disminución en los combates no puede interpretarse como una reducción en la capacidad militar del Estado. Cabe señalar que en los últimos años ha habido una mayor concentración del esfuerzo militar en los objetivos de alto valor, por lo que no tiene sustento el planteamiento de que en los últimos años haya disminuido el esfuerzo militar contra la guerrilla.
A pesar de que en el primer gobierno de Santos hubo un repunte de las acciones de las FARC, esto ha puesto al descubierto la pérdida de iniciativa militar de la guerrilla, en lugar de mostrar al grupo irregular fortalecido y reactivado. En efecto, el hecho de utilizar minas y francotiradores comprueba su actitud de repliegue y de defensa, razón por la cual no se puede hablar de fortalecimiento y reactivación militar de las FARC si lo que refleja la situación actual es lo contrario, es decir, la pérdida de capacidad ofensiva del grupo guerrillero, que trata desesperadamente de garantizar la supervivencia de su retaguardia.
Las FARC están en su punto históricamente más bajo en acciones de alto esfuerzo militar, las cuales han desaparecido casi por completo (gráfico 2). Y por otro lado, recurren principalmente a acciones que demandan muy bajo esfuerzo militar, como la activación de explosivos, la quema de vehículos y los sabotajes contra la infraestructura. Este tipo de actos representó el 60 % de la actividad armada de las FARC en 2012, modus operandi que se ha concentrado en zonas periféricas del país, lejos de los centros regionales y las ciudades intermedias[6]. No cabe duda de que la negociación que el gobierno de Santos ha emprendido con las FARC es resultado de lo acontecido durante esta tercera etapa del conflicto.
Con su reelección, el presidente Santos recibió un mandato para finalizar las negociaciones de paz abiertas con las FARC, a las que, ahora, se suma el ELN. Si bien la negociación con este último grupo es un imperativo de paz, sus líderes parecen empeñados en imponer una negociación sin condiciones, cuando las FARC accedieron a cumplir protocolos y reglas específicas para iniciar las conversaciones[7]. En todo caso, Santos tendrá que sacar adelante las negociaciones con estas dos guerrillas para ponerle fin a un conflicto que ya suma cinco décadas.
Referencias
Aguilera, M. (2006). ELN: entre las armas y la política. En F. Gutiérrez (coord.), Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia (pp. 209-266). Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) y Grupo Editorial Norma.
Calvo, F. (1985). EPL. Diez hombres y un ejército. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Cardona, J. (2013). Agotamiento de las estrategias de internacionalización del conflicto, un posible escenario para la paz en Colombia. Tesis de maestría en Asuntos Internacionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
Harnecker, M. (1988). ELN. Unidad que multiplica. Quito: Ediciones Quimera.
Pécaut, D. (2008). Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines? Bogotá: Grupo Editorial Norma.
Pizarro, E. (1996). Insurgencia sin revolución: la guerrilla colombiana en una perspectiva comparada. Bogotá: TM Editores y Universidad Nacional de Colombia.
Vargas, A. (septiembre-diciembre de 1989). Tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí: de los bolcheviques del año 29 a la fundación del ELN. Análisis Político 8, 28-45.
Villarraga, Á. & Plazas, N. (1994). Para reconstruir los sueños: una historia del EPL. Bogotá: Fundación Progresar.
[1] En desarrollo de una operación militar contra un destacamento bajo el mando del segundo comandante de la organización, Ciro Castaño, quien había avanzado del Tolima al Quindío, departamento este último donde la guerrilla no tenía ninguna tradición, las FARC perdieron un elevado número de sus miembros y el 70 % de sus armas (Pécaut, 2008, p. 42).
[2] Los conceptos maoístas sobre guerra popular prolongada, tomando como centro de gravedad las zonas marginadas para cercar desde el campo las ciudades, implicaban tomar en la práctica el área rural, no necesariamente las zonas de mayor desarrollo. Así mismo, se enfatizaba en la idea de formar un ejército de combatientes profesionales proyectados a convivir y combatir en los grandes centros agroindustriales e incluso en los grandes centros industriales urbanos.
[3] El «plan estratégico» definido por la organización a partir de la Séptima Conferencia no era complejo; de hecho, la faceta inicial era sencilla: constituir un ejército y luego rodear, lentamente, las grandes ciudades.
[4] A partir del 13.º pleno de la organización, celebrado en 1994, se llevó a cabo una de las primeras discusiones en torno a la paz y en 1996 se planteó la propuesta de la «Convención Nacional» como una posibilidad de integrar a diversos sectores de la sociedad en un diálogo nacional de paz. Las manifestaciones y actos hacia la paz, aun cuando no produjeron resultados, se expresarían en el encuentro de Puerta del Cielo y los diálogos en Maguncia durante el gobierno de Ernesto Samper, el acuerdo para obtener una zona de encuentro en el gobierno de Andrés Pastrana y las conversaciones en La Habana con el gobierno de Álvaro Uribe (Aguilera, 2006, pp. 260-262).
[5] El Plan Renacer comprende los lineamientos de las FARC en su enfrentamiento contra el Estado en las circunstancias del escenario de guerra. Dentro de estos lineamientos hay que destacar los siguientes: evitar enfrentamientos directos con las Fuerzas Militares; recurrir a la siembra de minas antipersona; atacar en tropas pequeñas para facilitar la huida, y fabricar morteros artesanales.
[6] Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las acciones de las FARC se dividen en tres categorías: acciones que demandan alto esfuerzo militar, como ataques a poblaciones y bases militares; mediano esfuerzo, como hostigamientos y emboscadas y bajo esfuerzo militar, como ataques contra la infraestructura y la detonación de explosivos.
[7] Y lo que es más inquietante, la insistencia en la «convención nacional» y su resistencia a entablar diálogos y negociaciones directas con el gobierno. La propuesta de desarrollar la «convención nacional» partiendo de lo local y lo regional, y teniendo como documento introductorio la llamada Agenda Nacional Alternativa, que contempla, entre otros temas, la solución política al conflicto armado, la alternatividad penal, la crisis social, la crisis humanitaria, la aplicación de políticas neoliberales y la soberanía nacional.
Camilo Echandía Castilla*
Docente
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
camilo.echandia@uexternado.edu.co
* Profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. El autor agradece al geógrafo Luis Gabriel Salas, miembro del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, por su valiosa colaboración en la elaboración de los mapas que se presentan en este trabajo.