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Una conversación con expertos sobre los desafíos de la inversión social en el sector minero-energético

August 17, 2017

Los dosieres sobre oro y carbón, en números anteriores de la revista Zero, iniciaron con una entrevista a un experto acerca de las nuevas vías para el sector. En esta ocasión, tres voces conocedoras de la industria petrolera plantean algunos retos y oportunidades de uno de los temas más álgidos actualmente en zonas de extracción de hidrocarburos: la inversión social empresarial. 

Los niveles de conflicto social en torno a los impactos potenciales y reales, sociales y medioambientales, propios de la operación de la industria extractiva, han venido aumentando de forma considerable. En 2014, Colombia obtuvo el segundo lugar en número de conflictos de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, un buen porcentaje que está asociado a la extracción de recursos naturales (Redacción Vida de Hoy, 2014). En este contexto, las empresas del sector han venido desarrollando un creciente interés por tejer mejores relaciones con los habitantes de las regiones donde se instalan. En el marco de sus estrategias de responsabilidad social empresarial (RSE), se ha popularizado cada vez más la noción de inversión social de las empresas como una forma de apoyar el desarrollo de estos territorios de extracción. Sin embargo, la idea no deja de ser polémica. Tradicionalmente, hablar de inversión social remitía a una responsabilidad del Estado, otrora interventor único en este tipo de inversión; así, antes los actores privados dedicados a la minería y los hidrocarburos no eran considerados competentes para ejercer con independencia su propia gestión en responsabilidad social empresarial, como se conoce actualmente.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a “inversión social de las empresas”? Según el Icontec (2014), la inversión social se entiende como el:

Conjunto de acciones con las cuales las organizaciones buscan contribuir al desarrollo económico y social; son igualmente mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento institucional, de las comunidades del entorno de sus operaciones y la sociedad en general, así como fortalecer su relación con ellas.

Un conjunto de acciones con las cuales las organizaciones, de acuerdo con sus políticas de responsabilidad social, buscan contribuir al desarrollo económico y social de sus partes interesadas, creando beneficio para ellas. (pp. 7 y 55).

Esto puede incluir el apoyo de mecanismos de participación ciudadana o de procesos de fortalecimiento institucional. Para IPIECA[1] (2008), se trata de “las contribuciones voluntarias que hacen las empresas a las comunidades y sociedades, en sentido amplio, en las que operan con el objetivo de beneficiar a los grupos de interés externos, generalmente por medio de la transmisión de capacidades o recursos”.

Como se puede observar, la definición es bastante amplia y en la práctica puede abarcar una diversa gama de intervenciones de las empresas en el territorio. De hecho, muchos de los programas de inversión social no terminan de llenar las expectativas de los grupos de interés ni logran generar un valor agregado IPIECA (2008). Por lo tanto, resulta muy importante entender lo que engloba la definición de inversión social y sus alcances.

Con este objetivo, la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, bajo la coordinación de la profesora Ana Carolina González Espinosa, realizó un conversatorio con tres invitados que trabajan en el medio para que plantearan desde su experiencia algunas reflexiones sobre el tema de la inversión social en Colombia. En este artículo, se recogen las principales conclusiones de este encuentro, que contó con la participación de Luis Fernando de Angulo, director ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (creer[2]); Camila Pardo de la Unidad de Gestión Social de Ecopetrol, y Guillén Calvo, director general para América Latina de insuco[3].

Lo que es y lo que no es la inversión social empresarial

Para empezar, todos estuvieron de acuerdo en que la inversión social de las empresas no debe ser vista como un mecanismo para compensar los impactos de la industria. Dichas compensaciones hacen parte de las obligaciones que contrae una empresa con el Estado. Empero, no existen tampoco definiciones universales, puesto que la inversión social debe considerar el contexto en el que actúa la empresa, el tipo de entorno, la fase en la que vaya el proceso –exploración o explotación–, entre otros aspectos. Como lo dice la guía de Icontec (2014): “con base en el entendimiento integral del área de influencia, la organización debería planear, implementar, hacer seguimiento y mejorar, de forma continua, las prácticas sociales” (p. 30); en especial los programas que se plantean para que, además de cumplir con las expectativas de los grupos de interés, generen un valor agregado a la comunidad. En cualquier caso, coincidieron los invitados en que resulta muy pertinente ver la inversión social como algo estratégico para el largo plazo y no como un mecanismo para “apagar incendios” coyunturales.

 El desafío de institucionalizar

Conforme se avanzaba en la discusión, los expertos tocaron otro tema de suma relevancia, la reflexión sobre la inversión social destinada a institucionalizar porque, como lo planteó Luis Fernando de Angulo, “el proceso es también el producto”; es decir que la forma como se hace la inversión social es vital para entender si el programa propone una sostenibilidad a mediano y largo plazo y contribuye al desarrollo local, o si se queda en el asistencialismo. Para ello, los programas de inversión social se deben alinear con las expectativas de la comunidad, pero también es importante que las empresas busquen alianzas estratégicas con los actores locales. A pesar de las dificultades que implica articularse con actores que muchas veces carecen de recursos y capacidad, el reto es justamente que estas acciones permitan fortalecerlos.

En efecto, en la mayoría de los casos cuando llegan a operar, las empresas se encuentran con territorios rurales, con entidades territoriales débiles y niveles bajos de asociación. En este contexto, es difícil que el mismo Estado local se encargue de liderar procesos de desarrollo y la empresa puede caer en la tentación de reemplazarlo para obtener su licencia social. Sin embargo, el desafío para la empresa es, como lo señaló Guillén Calvo, dejar de ubicarse en el centro de las miradas para poner al territorio como un todo allí y posicionarse ella como un actor relevante del desarrollo territorial. No se trata de un proceso fácil, implica un mayor esfuerzo de la empresa porque requiere de concertación, pero puede ser más rentable en el largo plazo.

Existen experiencias que pueden brindar claros ejemplos en esta dirección. Camila Pardo resaltó un caso en el que Ecopetrol se sumó a una iniciativa gubernamental que ya había demostrado un impacto potencial positivo, como es el caso del Programa de Alfabetización. La empresa decidió alfabetizar a 65.000 personas para celebrar sus 60 años de trabajo y para lograrlo se sumó al programa ofrecido por el Ministerio de Educación, cuyo propósito era atender una meta de 180.000 personas. Lo que se hizo desde Ecopetrol fue priorizar las zonas de operación de la organización con el dinero que ofreció. Así se institucionalizó, pero no se buscó reemplazar la acción del Estado. Este tipo de iniciativas son proyectos costosos y difíciles de negociar, pero generan un efecto muy positivo a nivel de reputación organizacional y también mejoran la imagen del Estado en el territorio.

Medir la inversión social: un imperativo

En este punto de la discusión, resulta fundamental pensar muy bien la forma de hacer las inversiones sociales desde la empresa. Como aseguró Guillen Calvo, se tienen que construir “instrumentos y una visión” que permitan medir los impactos sociales en cada comunidad para desarrollar mejores proyectos de inversión social sostenibles. Todo debe partir de un “piso de conocimiento muy sólido”, estimó Calvo. En este sentido, los invitados insistieron en que lo que le falta a la inversión social es la estrategia porque, en la mayor parte, en los casos no hay relación entre los montos invertidos por las empresas y la calidad de las relaciones con las comunidades. Por eso, se necesita definir una temporalidad, evitando proyectos de corta duración y atomizados, que no construyen relaciones de confianza y desarrollo duraderas. Se tiene que considerar la construcción de líneas de base acordes con los intereses de la empresa, pero que permitan justificar el impacto. A menudo, las empresas, al carecer de los instrumentos necesarios, se limitan a contar el número de personas con las que trabajan, pero no miden el impacto social en el territorio. No existen herramientas que propongan cómo monitorear impactos. Es esta falta de medición la que lleva muchas veces a que las empresas incluyan dentro de su inversión social proyectos que hacen parte de sus obligaciones en el marco de sus contratos o proyectos poco eficaces y eficientes.

Al respecto, Camila Pardo señaló también que, si bien estas líneas de base son importantes para la medición de los impactos, la construcción de diagnósticos básicos e indicadores por parte de cada una de las empresas puede generar no solo costos elevados, sino una dispersión muy alta de esfuerzos. La precaria calidad de la información socioeconómica en el ámbito local y rural, así como la desactualización de los datos lleva a que cada empresa haga un levantamiento de información básica que debería estar en cabeza del Estado. En este sentido, sin eximir a las empresas de la responsabilidad que tienen de conocer su entorno, se invitó a promover esfuerzos para mejorar la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información que tiene el Estado colombiano sobre el nivel local.

¿Y la inversión social en un contexto de precios bajos?

Uno de los mayores desafíos actuales de la industria extractiva está relacionado con la coyuntura de precios bajos, especialmente en el sector petrolero. En los últimos dos años, los precios han caído tanto que para el 2015 llegó a estar por debajo de los 50 dólares por barril, lo que ha implicado una reducción significativa de los trabajadores del sector. Esto tiene fuertes implicaciones en términos de reducción de costos de las empresas. En Ecopetrol se calcula que la empresa tendrá que prescindir de alrededor de 3.000 personas para poder subsistir a la crisis. (Revista Dinero, 2016).

Esta situación resulta muy delicada para los proyectos de inversión social, pues al no ser de carácter obligatorio, pierden prioridad frente a las estrategias de reducción de costos. Sin embargo, los invitados ven en esta crisis una oportunidad. Para Luis Fernando de Angulo y Guillén Calvo, las empresas deben empezar a dejar la “lógica de la chequera” que mide la efectividad de la inversión por su monto, para empezar a buscar proyectos que realmente logren impacto, optimizando los recursos existentes. Como lo expresó Camila Pardo, ahora hay una “posibilidad única para dialogar y pensar en innovar”. Con este alto en el camino por la crisis, resulta vital replantearse las inversiones sociales y reenfocarlas para hacerlas sostenibles.

 [1] Asociación mundial del sector del petróleo y el gas especializada en asuntos medioambientales y sociales.

[2] El CREER hace parte del Institute for Human Rights and Business y busca ser un eje regional de aprendizaje, conocimiento e intercambio de experiencias, en temas como fortalecimiento de capacidades locales, espacios de diálogo y conocimientos compartidos.

[3] INSUCO es una empresa consultora especializada en ciencias e ingeniería social que interviene en proyectos extractivos, energéticos, de infraestructura, agroindustriales o institucionales en África, América Latina y Asia. (INSUCO, s.f.)


Referencias

Icontec (2014). Guía Técnica Colombiana GTC 250. Buenas prácticas sociales para la exploración y la explotación de hidrocarburos. Bogotá: ICONTEC. Recuperado de http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/Documents/GUIA%20TECNICA%20COLOMBIANA%20-%20FINAL.pdf.

insuco (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado de http://www.insuco.com/es/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos/la-empresa.

ipieca (febrero de 2008). www.ipieca.org. Recuperado de http://www.ipieca.org/node/41551.

Los despidos masivos que marcarán el 2016 (28 de febrero de 2016). Revista Dinero. Recuperado de http://www.dinero.com/internacional/articulo/despidos-de-trabajadores-en-petroleras-bancos-y-empresas/220822.

Redacción Vida de Hoy (20 de marzo de 2014). Colombia, segundo país con más conflictos ecológicos según mapa global. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13693329.


Diana Royero
Asistente de Posgrados en Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
diana.royero@uexternado.edu.co

Ana Carolina González Espinosa
Docente
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
ana.gonzalez@uexternado.edu.co

Zero Impresa Edición 34
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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