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Retos de seguridad en la transición hacia la paz: Los casos de Bajo Putumayo y el Catatumbo

March 22, 2018

Con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo (FARC-EP) se ha puesto en marcha el proceso de reintegración social, política y económica de los excombatientes de este grupo guerrillero. En este nuevo escenario es preciso reconocer los desafíos de seguridad, sobre todo en zonas como el Catatumbo[1] y el Bajo Putumayo[2], donde existen fuertes incentivos para que los grupos ilegales permanezcan activos. Tanto por lo dicho anteriormente como por la persistencia de las intensas tensiones sociales, El Catatumbo y el Bajo Putumayo se perfilan como dos escenarios regionales muy complejos para implementar los acuerdos. Vale la pena señalar que el Estado tiene el deber de contrarrestar todos aquellos factores que representen un riesgo en el proceso de la transición hacia la paz. Entre los principales retos de seguridad que debe considerar el Estado se encuentran los actores armados, así como la persistencia del conflicto, particularmente lo que tiene que ver con las economías ilícitas y las manifestaciones de violencia.

 

  1. Reacomodo de grupos ilegales

Un primer reto de seguridad tiene que ver con el reacomodo de grupos ilegales. Mientras que en el Catatumbo varias estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) han expandido su zona de influencia a partir de la concentración de las FARC-EP, en su momento, en la zona veredal de Caño Indio, en el municipio de Tibú, en el Bajo Putumayo, el único grupo ilegal activo en la actualidad, conocido como La Constru, estaría liderando actividades criminales en espacios de previo control hegemónico por parte de las FARC-EP.

El esfuerzo de estos grupos por mantener e incluso ampliar su presencia en estos espacios se explica en dos razones estratégicas: supervivencia y financiación. Básicamente, la condición fronteriza de ambas regiones ha sido funcional para evadir la acción del Estado, garantizar su aprovisionamiento, participar en actividades ilícitas transnacionales e incluso demostrar la vigencia de su poder militar (Echandía & Cabrera, 2017).

Respecto a este último punto cabe señalar que aunque las FARC-EP se convirtieron en el grupo de mayor iniciativa militar en el Catatumbo entre el año 2003 y el inicio del proceso de paz, la actividad armada del ELN en el plano histórico no ha sido para nada despreciable. Es más, tanto el frente nororiental de esta guerrilla como varios reductos del EPL[3] registran un leve incremento en sus acciones militares a partir de 2016. Esta tendencia corresponde a la incursión de ambas estructuras en los municipios de Convención, El Carmen, Tibú y El Tarra. Allí no solo se ha registrado la ejecución de hostigamientos a la fuerza pública y de ataques contra diversos tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, sino, además, una muy fuerte presión sobre la población, tal como se discutirá más adelante.

En el caso del Bajo Putumayo, el protagonismo armado de las FARC-EP fue evidente hasta el proceso de paz y su concentración en la vereda La Carmelita. Por su parte, La Constru, como grupo criminal activo en la región, no desarrolla acciones militares de envergadura. Sin embargo, se han venido registrando actividades sicariales, de extorsión y de tráfico en escenarios en los que los miembros de este grupo criminal no registraban previamente algún tipo de acción. Estos espacios corresponden sobre todo a zonas rurales de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez (Justicia, 2016; Defensoría del Pueblo, 2016).

Aunque la Fuerza de Tarea Júpiter y la Fuerza de Tarea Vulcano del Estado operan en el Putumayo y Norte de Santander, respectivamente, la permanencia y el despliegue de grupos ilegales en espacios despejados por las FARC-EP demostrarían la importancia de avanzar en el proceso de paz con el ELN y robustecer las estrategias de acción tanto unilaterales como bilaterales para someter a las organizaciones criminales que operan en ambas zonas fronterizas.

  1. Desarticular la relación entre estructuras armadas ilegales

En estrecha relación con la reconfiguración territorial de estos actores armados, un segundo desafío radica en desarticular y develar el alcance de los procesos de cooperación entre estructuras armadas ilegales. En el Catatumbo y el Bajo Putumayo, la persistencia de actividades armadas y criminales no habría sido posible sin la creación de acuerdos y alianzas entre grupos ilícitos en aras de mantener espacios de influencia, extender su alcance geográfico o asegurar un margen de ganancia dentro de economías criminales como el narcotráfico y el contrabando.

En el caso del Bajo Putumayo, la cooperación entre las FARC-EP y La Constru permitió, en un primer momento, que este último grupo evitara un sometimiento violento por parte del primero. Sin embargo, con el paso del tiempo esta estructura de crimen organizado terminó prestando servicios sicariales, de narcomenudeo, de extorsión y de procesamiento, transporte y comercialización de pasta de coca hacia la frontera para los frentes 48 y 32 de las FARC-EP (Defensoría del Pueblo, 2016; Colprensa, 2015). Sin duda, hoy en día la experiencia acumulada de La Constru en la producción y las rutas del narcotráfico, así como en otras actividades ilegales, habría facilitado la continuidad de sus negocios criminales en esta región suroccidental del país.

Por su parte, la cooperación militar entre el ELN y el EPL en el Catatumbo ha sido evidente en el desarrollo de acciones conjuntas contra la fuerza pública, así como en el cierre de espacios de influencia para Los Urabeños (o Clan del Golfo) y Los Rastrojos (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2016). Fuera de lo anterior, su alianza también se extendería a actividades de financiación para facilitar la compra de hoja de coca, el tráfico de insumos y la movilización de cocaína.

En ambas áreas de estudio, la cooperación también tiende a repetirse con grupos delictivos más pequeños que, en una especie de relación contractual, terminan siendo funcionales para los intereses de estas organizaciones armadas más grandes[4]. El punto es que los procesos de aprendizaje mutuo en términos de técnicas armadas, la dinámica de los negocios criminales o la circulación de conocimiento sobre cómo usar rutas de aprovisionamiento y conectarse con redes en el exterior complican la tarea de la fuerza pública y policial a la hora de desarticular las actividades ilícitas en las que pueden participar redes y estructuras de diverso orden.

Además de lo anterior, un factor que ha sido clave en el actual contexto de reincorporación de las FARC-EP tiene que ver con la ausencia de disputas armadas entre grupos ilegales en medio de su reacomodo territorial. En el caso del Catatumbo, el entendimiento y alianza entre el ELN y el EPL evidenciaría su necesidad de optimizar esfuerzos y recursos con el propósito de proteger sus intereses estratégicos en esta zona fronteriza. Pese a lo anterior, estas relaciones cooperativas pueden ser circunstanciales y frágiles[5] o romperse en el tiempo, lo cual genera una situación de incertidumbre en cuanto a la emergencia de nuevas disputas que pueden derivar en acciones con graves consecuencias humanitarias. 

  1. Violencia homicida

En estas condiciones, un tercer reto en materia de seguridad pública en cuanto a la protección de la población civil está asociado al comportamiento de la violencia homicida en los escenarios de estudio. Si bien es notable una tendencia decreciente de las tasas de homicidios en el Bajo Putumayo y el Catatumbo (figura 1), las autoridades claves del sector de defensa deben establecer diagnósticos y acciones pertinentes respecto a los cambios que vienen presentándose en esta variable.

Es preciso indicar que los repuntes más álgidos del homicidio en ambas regiones guardan estrecha relación con las disputas territoriales que implicó la presencia del Bloque Catatumbo en Norte de Santander entre 1999 y 2002, así como del Frente Sur de los paramilitares en Putumayo, primero entre 1997 y 1999 y de manera posterior entre 2004 y 2006 bajo el mando del Bloque Central Bolívar. Luego, con la desmovilización de estos grupos, es visible un descenso general en la magnitud de la violencia.

Figura 1. Evolución de las tasas de homicidio en el Bajo Putumayo, el Catatumbo, y a escala nacional

Fuente: CIPE (s.f.).

En medio de esta última tendencia, la tasa de homicidios que se ha registrado con el inicio del proceso de paz entre las FARC-EP y la administración de Santos debe analizarse con cautela. En realidad, la influencia que han logrado el ELN y el EPL en el Catatumbo, como La Constru en Putumayo, ha facilitado su reconfiguración territorial sin confrontación y sin violencia masiva contra la población. De esta manera, las autoridades estatales no pueden subestimar el control de grupos armados en zonas como el Catatumbo, en especial cuando el nivel de influencia territorial de una organización ilegal puede llegar a constituirse en un factor que mantiene los homicidios en niveles relativamente bajos o que explica fluctuaciones en el tiempo (Kalyvas, 2006).

Este último punto es de particular relevancia en el Catatumbo, donde el leve repunte en el índice de homicidios de esta región para el año 2016 corresponde a un incremento de la tasa de homicidios en Teorama, San Calixto, Convención, Tibú, El Tarra y Sardinata (figura 2), lo cual coincide con el reacomodo territorial del ELN y del EPL en estos escenarios. Cabe agregar que en estos seis municipios se han evidenciado amenazas y asesinatos contra autoridades políticas, miembros de la Policía y la fuerza pública, líderes sociales y pobladores locales (Verdad Abierta, 2016).

A su turno, en el Bajo Putumayo solo los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo presentan un aumento de los homicidios respecto al 2015 (ver figura 3). Aunque algunos reportes sugieren que estas tendencias serían resultado de la entrada de nuevos grupos armados, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo (2016) La Constru es la única organización activa que estaría incurriendo en acciones violentas «contra quienes pretenden afectar sus fuentes de financiación» (p. 2).

Figura 2. Municipios con presencia de grupos armados organizados, incremento de homicidios y cultivos de coca (Catatumbo, 2016).

Fuente: CIPE (s.f.).

Figura 3. Municipios con presencia de grupos armados organizados, incremento de homicidios y cultivos de coca (Bajo Putumayo, 2016).

Fuente: CIPE (s.f.).

Pese a estos hechos, el registro de los índices de homicidio en años recientes es considerablemente bajo respecto a la evolución histórica de esta variable en el Catatumbo y el Bajo Putumayo, tal como ya se evidenció (figura 1). Desde esta perspectiva, es notable la reducción de la violencia letal que afecta a la población de estos espacios fronterizos[6].

  1. Los cultivos de coca

Un cuarto reto en la consolidación de la seguridad pública tiene que ver con uno de los puntos centrales del acuerdo de paz: la solución del problema de las drogas ilícitas. Este tema es significativo en el Catatumbo y el Bajo Putumayo, dado que en estas regiones se ha presentado una clara expansión y disponibilidad de los cultivos de coca (figura 4).

Figura 4. Número de hectáreas de coca en el Catatumbo y el Bajo Putumayo

Fuente: CIPE (s.f.).

El número de hectáreas de este cultivo ilícito en el Catatumbo y el Bajo Putumayo no ha sido un asunto menor si se tiene en cuenta que en 2015 el 29 % del total nacional estaba concentrado en estos dos escenarios, y que para 2016 Tibú, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Sardinata, El Tarra y Orito se encuentran entre los 10 municipios más afectados del país por esta problemática (Unodoc, 2016; Unodoc, 2017).

En esta misma línea, cabe señalar que, por cinco años consecutivos (de 2012 a 2016), los departamentos de Putumayo y Norte de Santander han ocupado el segundo y tercer puesto, respectivamente, en términos de los territorios más afectados por cultivos de coca. De hecho, el incremento aproximado de un 115 % en las hectáreas de coca en Norte de Santander y de un 25 % en Putumayo de 2015 a 2016 da cuenta de un retroceso en la consolidación de la seguridad pública según las metas establecidas en la Política de Defensa y Seguridad de Colombia (PDSNC) [7].

El punto es que la concentración de esta economía criminal en ambas zonas fronterizas es una condición que podría explicar distintas formas de violencia contra la población civil. Sin duda, el ELN, el EPL y La Constru tienen fuertes incentivos para llevar a cabo acciones hostiles y de presión social contra la población con el propósito de asegurar el control de las rentas financieras indispensables para su supervivencia[8].

En las regiones de estudio, es preciso investigar las agresiones contra líderes sociales cuya agenda ha sido contraria a la expansión y continuidad del narcotráfico. Este sería el caso de Henry Pérez, líder de la sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo, desaparecido en 2016 y de Guillermo Veldaño, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires de Puerto Asís (Putumayo), defensor ambiental y de los campesinos, asesinado en diciembre de 2016 (Prieto, 2016; Semana, 2016).

Por otra parte, en las zonas contiguas a la concentración de cultivos de coca se ha reportado el uso continuo de minas antipersonal para impedir las labores de erradicación e interdicción de la fuerza pública. Este problema no solo crea dificultades para la reducción de uno de los insumos base para el narcotráfico, sino que además se expresa en la persistencia de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar. De 2013 a 2016, se han presentado 63 incidentes por minas en el Catatumbo y 85 en el Bajo Putumayo (Daicma, 2017).

De acuerdo con estas cifras, es necesario continuar los esfuerzos de desminado para proteger a la población civil y garantizar la seguridad territorial. En particular, el subregistro y persistencia de zonas minadas sigue imponiendo restricciones al acceso de espacios, bienes y servicios pero, además, a corto plazo existe el riesgo de una multiplicación del minado por cuenta de la necesidad de protección de los grupos presentes en el Catatumbo y el Bajo Putumayo y la continua expansión de los cultivos ilícitos.


[1] El Catatumbo es una subregión del Norte de Santander, ubicada sobre la cordillera Oriental y que limita con Venezuela. Esta zona la conforman los municipios de Tibú, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata y Teorama.

[2] El Bajo Putumayo corresponde a los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito. Esta zona del departamento de Putumayo corresponde a la selva amazónica y limita con Ecuador y Perú.

[3] Tales remanentes también son conocidos como Los Pelusos.

[4] Entre el Catatumbo y Venezuela, grupos contrabandistas organizados pagarían peajes por el uso de corredores que ha creado el ELN e incluso recibirían protección en su tránsito por la frontera. Además, serían proveedores logísticos importantes de alimentos, gasolina, medicamentos y bienes de necesidad básica para esta guerrilla (Valencia, 2017). En el Bajo Putumayo, La Constru ha establecido permisos y acuerdos logísticos con pequeñas estructuras de contrabando de gasolina, armas y proveedores de insumos químicos que se moverían entre los ríos de Ecuador y Colombia. Información recolectada en una entrevista realizada en la Brigada de Selva n.º 27 en noviembre de 2016, en el marco del proyecto de investigación «Análisis georreferenciado de seguridad en fronteras», efectuado entre investigadores del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con el Departamento Nacional de Planeación.

[5] De acuerdo con Williams (2005), la pérdida de confianza, los beneficios asimétricos, la captura o desarticulación de los nodos que sirven de intermediarios entre estructuras son solo algunos de los problemas o dificultades que serían intrínsecos a los procesos de cooperación entre estructuras criminales.

[6] Este logro no implica desconocer la importancia de efectuar investigaciones rigurosas por parte de la Fiscalía, en las que se pueda establecer quiénes son los responsables y cuáles son los móviles de los eventos más recientes de violencia homicida.

[7] Los datos indicados para Putumayo y Norte de Santander corresponden a una revisión de las publicaciones anuales del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (Simci) hasta la más reciente de julio de 2017.

[8] En el Catatumbo la intimidación a la población por parte del ELN y el EPL ha sido evidente mediante «toques de queda, restricciones a la movilidad y el reclutamiento de menores» (FIP, 2017b). De igual manera La Constru, a través de su red de extorsión y sicarios, sería responsable de desapariciones, homicidios y amenazas (RCN, 2017).


Referencias

Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) (s.f.). Plataforma de datos multitemporal del Proyecto de Seguimiento del Conflicto Armado en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Colprensa (12 de julio de 2015). Putumayo, el departamento que más espera el cese al fuego. Vanguardia.com. Recuperado de http://www.vanguardia.com/colombia/319088-putumayo-el-departamento-que-mas-espera-el-cese-el-fuego.

Defensoría del Pueblo (2016). Análisis de contexto y definición de escenarios de riesgo. Sistema de Alertas Tempranas-Equipo Humanitario Local Putumayo.

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) (2017). Víctimas de minas antipersonal. http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx.

Echandía, C. & Cabrera, I. (2017). Madurez para la paz: evolución de la territorialidad y las estrategias en el conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Fundación Ideas para la Paz [FIP]. (2016). El Catatumbo: reacomodo de la guerra y tensiones sociales. Recuperado de http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1329

FIP. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Recuperado dehttp://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/596b780902224.pdf

Justicia (31 de mayo de 2016). El dosier criminal de la banda La Constru. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16607226.

Kalyvas, S. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Nueva York: Cambridge University Press.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2016). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2017). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2016.pdf.

Prieto, G. (2016). En el Catatumbo, la paz es pura propaganda. La Silla Vacía. Recuperado de http://lasillavacia.com/historia/en-el-catatumbo-la-paz-es-pura-propaganda-55772.

RCN (12 de febrero de 2017). La Constru sería la responsable del asesinato de 4 comerciantes en Putumayo. Recuperado de http://www.rcnradio.com/nacional/la-constru-seria-la-responsables-del-asesinato-4-comerciantes-putumayo/.

Valencia, A. (2017). Impacto de los grupos armados transfronterizos en el contrabando entre Colombia y Venezuela: el caso de los medicamentos de alto costo (trabajo de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá).

Verdad Abierta (2016). La tensión armada en el Catatumbo. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6252-aumenta-la-tension-armada-en-el-catatumbo.

Williams, P. (2005). Cooperación entre organizaciones criminales. En M. Berdal & M. Serrano (comps.). Crimen transnacional organizado y seguridad internacional (pp. 108-130). México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.


Irene Cabrera Nossa
Docente investigadora
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
irene.cabrera@uexternado.edu.co

Camilo Echandía Castilla
Docente investigador
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
camilo.echandia@uexternado.edu.co

Zero Impresa Edición 35
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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