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FARC: de ejército rebelde a partido político

March 22, 2018

El Congreso Nacional de las FARC-EP, «Por un gobierno de transición para la reconciliación y la paz»[1], formalizó la creación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido que consolidó la transición del grupo insurgente de las armas a la política. Terminaron así «53 años de rebeldía armada» para dar paso a una «nueva forma de lucha de las mayorías por el cambio, por un nuevo país […], el de la inclusión, el de la justicia social y la soberanía, el del respeto a la dignidad humana y a la naturaleza» (Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2017). El 31 de octubre de 2017 el Consejo Nacional Electoral (CNE) le reconoció la personería jurídica.

La mutación de ejército rebelde a partido político estaba prevista en el «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera» —en adelante Acuerdo— como «condición necesaria para el fin del conflicto armado […] y el fortalecimiento de la democracia en Colombia». La nueva fuerza se comprometió a aportar a la reconciliación nacional, convivencia pacífica, no repetición y transformación de las condiciones que permitieron el origen y la persistencia de la violencia (Acuerdo Final, 2016, p. 68).

Acuerdos de paz y programa de la FARC

La FARC nace de los acuerdos de paz, en los que se comprometió a la creación de condiciones y garantías para la mutación de organizaciones alzadas en armas a partidos/movimientos políticos, su participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y eventual conversión en alternativas de poder. Esto es inherente a los acuerdos de finalización del conflicto armado mediante la negociación política. Así sucedió en Irlanda, El Salvador, Guatemala y Colombia: el Irish Republican Army (IRA), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), respectivamente, se convirtieron en partidos/movimientos políticos legales mediante acuerdos de paz y de inmediato actuaron como tales.

En ese orden de ideas, la FARC sostiene lo siguiente:

El desistimiento del alzamiento armado contra el Estado no conduce […] al fin de nuestras aspiraciones históricas de transformación revolucionaria del orden social capitalista vigente en el país, sino que conduce más bien a la continuidad de nuestra lucha por la vía exclusivamente política. El Acuerdo Final lo hemos concebido en términos de los mínimos necesarios para desatar un proceso de democratización política, económica, social y cultural e iniciar el proceso de construcción de la paz estable y duradera, que en lo esencial comprende la realización de reformas históricamente aplazadas que —de implementarse en los términos previstos—, abren la posibilidad de transformaciones estructurales más profundas de la formación socioeconómica y política capitalista en dirección a un nuevo orden social (Tesis preparatorias, 2017).

Estos «mínimos necesarios» que incorporan a su programa político y cuya aplicación abre una etapa de transición son los siguientes: a) los orientados a la «ampliación y profundización de la democracia» que fortalezca el pluralismo, la inclusión y proscriba la violencia como recurso en el ejercicio de la política; b) la promoción del reformismo rural para la transformación estructural del campo con el propósito de crear «condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural»; c) la «solución al problema de las drogas ilícitas», que demanda un tratamiento integral que comprometa a productores y consumidores, asuma las causas y consecuencias del fenómeno, proponga alternativas orientadas a mejorar «las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades […] en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito» y potencie la lucha contra «las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico […] y la lucha contra la corrupción», y d) el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, asociado a un sistema de justicia transicional, del cual es columna vertebral la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para ello resulta indispensable esclarecer la verdad, establecer las responsabilidades de los diferentes sectores de la sociedad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto armado y poner fin a la impunidad que ha acompañado y alimentado los ciclos de violencia (Acuerdo Final, 2017, p. 99).

Avanzar en los «mínimos necesarios» no excluye, según la FARC, trabajar por los objetivos de las transformaciones revolucionarias del orden capitalista.

[Como] partido revolucionario, que al tiempo que debe representar una opción política para los problemas cotidianos de la población y disputar de esa manera el espacio político del presente, debe contener el deseo y los propósitos de adelantar las tareas necesarias para la transformación estructural y superación del orden social que nos ha colocado como el tercer país más desigual del planeta. En ese sentido, es también un partido para otro mundo posible, en él deben tener cabida y con particular énfasis las aspiraciones de las mujeres por superar de manera definitiva el régimen patriarcal existente (Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2017).

La estrategia política

La FARC se propone «contribuir a conformar un nuevo poder político y social, de transformación y superación del orden social existente», para lo cual es imperativa la participación electoral en la disputa por el poder político y los espacios de representación, a la vez que avanzar en «la producción de nuevo poder social “desde abajo” por el conjunto de los diversos sectores sociales», lo que conciben como proceso constituyente (Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2017).

La acción política se apoyará en lo que llaman su «acumulado histórico»: las relaciones de solidaridad y vida colectiva construidas en torno a los objetivos de su lucha político-militar. Estas comprenden su pasado de organización militar asociada a estructuras de partido, presentes desde sus orígenes cuando emergieron a la sombra del Partido Comunista (PC); continuadas después de su distanciamiento con este partido con la creación del Partido Comunista Clandestino, primero, y después, del Movimiento Bolivariano. También en su arraigo territorial y la continuada presencia en algunas zonas rurales en las que operaron como Estado de facto. Finalmente, en la capacidad para actuar en los espacios urbanos, en los que su presencia, contrastada con la que han tenido en el sector rural, es inferior.

Tres elementos estructuran su estrategia política: la propuesta de un «gobierno de transición de gran coalición democrática», sustentada en la aplicación del Acuerdo Final; «un movimiento de movimientos de gran convergencia nacional» y la conversión de «partido urbano [en un] nuevo poder urbano» (Estado Mayor Central de las FARC-EP, 2017).

El gobierno de transición sería la materialización del Pacto Político previsto en dicho acuerdo y para ello requieren consolidar su presencia en los espacios de representación política. Por el momento, inicia con una bancada de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, pero están obligados a presentarse a elecciones. Si superan la votación necesaria para alcanzar esas curules, ampliarán su bancada. En asambleas y concejos deben conquistar con votos la representación. La decisión de participar con candidato propio en las elecciones presidenciales no excluye la posibilidad del gobierno de transición, y responde a la urgencia de construir una base electoral propia[2]. Esto será importante para negociar su posición en las eventuales coaliciones.

La «gran convergencia nacional» implica la búsqueda de alianzas flexibles en torno a las reivindicaciones de los factores que afectan la vida cotidiana de las poblaciones. En este campo se trata de articulaciones en torno a las reivindicaciones y luchas de las organizaciones sociales, en las que se pondrá a prueba la solidez de las redes políticas y sociales construidas en décadas de acción político-militar, así como la capacidad de descifrar las nuevas formas de acción colectiva y de renovarse para integrarse adecuadamente a estas y fortalecer sus propias redes políticas.

Por último, encaran el gran desafío de, sin desechar lo construido como organización con fuerte arraigo territorial rural, fortalecerse en los espacios urbanos. Se trata de un diálogo interno que les permita proyectarse desde su propia concepción y experiencia hacia las realidades actuales de las luchas y las organizaciones sociales, y de un diálogo con esas fuerzas sociales y políticas con las que aspiran a articularse para fortalecerse en los espacios urbanos, muchas de las cuales no han compartido su pasado insurgente y, en los últimos años, incluso han rivalizado con las negociaciones de paz en la exigencia al gobierno del reconocimiento de sus propios espacios.

Mirando el futuro

Las condiciones no son fáciles para la FARC. Tiene que enfrentar sus propias limitaciones y las derivadas de un entorno complejo, fuertemente polarizado y en el que los juegos de intereses han creado un ambiente que enturbia las condiciones de construcción de paz.

La FARC reivindica el legado histórico de sus antiguas luchas insurgentes como una fortaleza, pero este es también fuente de debilidad y de resistencia a la innovación. La conservación de la sigla FARC para nombrar la nueva fuerza política es expresión de esta relación contradictoria. ¿Qué tanto pesa lo que podemos llamar el conservadurismo sobre la capacidad de renovarse para poder descifrar las condiciones actuales de la sociedad y de sus conflictos? Es algo que aún no podemos valorar.

Era de esperarse que su salida de la guerra y la apuesta por la opción política neutralizaran, al menos parcialmente, las resistencias que décadas de conflicto armado con su secuela de atrocidades generaron en diferentes sectores sociales y políticos. No ha sido así. Ni siquiera el que las FARC-EP hayan dado pruebas incontrovertibles del cumplimiento de su compromiso para el tránsito de las armas a la política ha sido lo suficientemente apreciado en la votación necesaria para alcanzarlo. La defensa del acuerdo con sus implicaciones reformistas está lejos de ser un propósito nacional. Hoy es más un factor de división. La transición está siendo combatida por poderosos sectores retardatarios, refractarios al cambio y a la modernización de la sociedad, que se resisten a ceder el más pequeño de sus privilegios extremos en aras de la democratización de la sociedad y la reducción de la inequidad.

Un ejemplo claro de la radicalidad de esta oposición y defensa cerrada de intereses se manifiesta en la decisión de la Corte Constitucional. Si bien declara constitucional el derecho de los dirigentes de la FARC a la participación política, a pesar de que pueden ser juzgados y sancionados por la comisión de crímenes de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), mutila sus alcances al excluir de su competencia obligatoria a los funcionarios estatales y particulares. Deja de ser una justicia para todos y termina por ser discriminatoria. Es un pasaporte para mantener la impunidad que ha alimentado los redivivos ciclos de violencia en nuestra historia, y una manera de afectar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia reparación y garantías de no repetición. No es posible ignorar la magnitud del compromiso de particulares y agentes estales en la creación, funcionamiento y financiamiento de maquinarias de guerra que convirtieron en víctimas a millones de colombianos.

También expresa el juego de intereses y la radicalidad de la oposición al Acuerdo Final la decisión del Congreso de inhabilitar a los que han litigado en el campo de los derechos humanos para asumir la condición de magistrados de la JEP. Se pretende una JEP a la que hay que quitarle los pocos «dientes» que le quedaron. A ello se le suman las maniobras para hacer inviable o inocua la reforma política y perpetuar las formas de acción política que integran la «guerra» prolongada y silenciosa contra la democratización y depuración del ejercicio de la política.

Los proyectos reformistas de contenido económico y social, que forman parte de la reforma rural integral, quedaron al margen del procedimiento legislativo especial. Su futuro es incierto porque son proyectos que pueden afectar intereses de algunos sectores privilegiados, se debatirán en una legislatura atravesada por el debate electoral y serán presentados a un gobierno con el «sol a las espaldas», con escasa capacidad de gestión.

En estas condiciones, la FARC no podrá reivindicar parte de los contenidos reformistas del acuerdo incorporados en su programa. Deberá levantar de nuevo esas reivindicaciones y tender puentes con las organizaciones sociales y políticas democráticas para tratar de sacarlas adelante. Y ello ocurrirá en condiciones de fuerte fragmentación de lo que podemos llamar el campo democrático, una parte que no parece estar dispuesta, al menos por ahora, a asumir los riesgos de alianzas con el nuevo partido por los eventuales costos políticos que pueda generar.

En medio de este complejo panorama no podemos menos que plantear que, para el fortalecimiento y profundización de nuestra precaria democracia, es conveniente una FARC fuerte políticamente que contribuya a la reconciliación nacional y a la convivencia pacífica. Esa sería una forma de coadyuvar a «civilizar» el ejercicio de la política y a erradicar la «guerra» silenciosa de los odios, el sectarismo, la manipulación de las emociones y los miedos. Ese es el «fantasma» que amenaza la construcción de paz, entendida como democratización incluyente y modernización de la sociedad que acerque a los ideales de una sociedad más justa y equitativa.

[1] Celebrado en Bogotá del 27 de agosto al 1.° de septiembre de 2017, y en el que participaron más de 1.100 delegados.

[2]  Nota de los editores: aunque Rodrigo Londoño había sido designado como candidato, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común decidió retirar su nombre en marzo de 2018, por los motivos de salud que lo aquejan, sin proponer un reemplazo.


Referencias

 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016). Recuperado de http://pazfarc-ep.org/images/acuerdo-final-dialogos-de-la-habana.pdf.

Estado Mayor Central de las FARC-EP (2017). Informe Central al Congreso Fundacional del Nuevo Partido Político. Recuperado de https://www.farc-ep.co/comunicado/informe-central-al-congreso-fundacional-del-nuevo-partido-politico.html.

Tesis preparatorias del Congreso Fundacional del Partido de las FARC-EP (2017). Tesis de abril. Recuperado de  file:///C:/Users/USUARIO/Google%20Drive/FARC-EP%20DOCUMENTOS/FARC_Tesis-Abril.pdf.


Jaime Zuluaga Nieto
Docente investigador
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Profesor emérito
jaime.zuluaga@uexternado.edu.co

Zero Impresa Edición 35
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 0123-8779

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