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«El lado oscuro del carbón: violencia paramilitar en la zona minera del Cesar»

August 11, 2015

La ONG holandesa Pax estudió las violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población de la zona minera del carbón desde los años noventa, y de ahí hizo un informe en el que se revela una realidad oscura e ignorada. Históricamente, la explotación minera en el César ha generado arduas polémicas y enfrentamientos debido a intereses económicos y políticos, aunados a una particular ubicación geográfica que hacen especialmente vulnerable a esta región.

A causa de la negligencia de los actores institucionales y privados frente a las demandas acalladas en varias instancias y en repetidas ocasiones, la ONG Pax quiso visibilizar en el ámbito internacional todo el problema de la región del Cesar, en la cual se llevan a cabo proyectos de explotación minera.

Fue así como la Fundación Pax se dedicó a recabar información a través de una documentación rigurosa de todos los casos donde existiera la evidencia de anomalías, tanto en el frente de violación de los derechos humanos como de las malas prácticas, con incidencias perversas frente a las normas de sostenibilidad.

El objetivo era iniciar un debate público sobre las medidas que se deben aplicar para resarcir la situación. Sin embargo, en el informe se dejan de lado aspectos que generan polémica en el país, como el impacto ambiental de la minería de carbón, los efectos de la industria minera en la salud y el carácter inadecuado de la consulta previa a las poblaciones indígenas y afrocolombianas; sólo se abordan los presuntos nexos de empresas como Drummond y Prodeco con los grupos paramilitares que causaron asesinatos selectivos, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

En el informe se presume un estimado de 2.600 víctimas de asesinatos selectivos, 500 víctimas de masacre y 240 víctimas de desapariciones forzadas. De igual manera, la violencia paramilitar causó al menos 59.000 víctimas de desplazamiento forzado en la zona. En su investigación, Pax logró identificar por nombre y apellido a 865 víctimas de asesinatos selectivos, matanzas y desapariciones perpetrados por el Frente Juan Andrés Álvarez (Frente JAA), que operó en ocho municipios de la zona minera del Cesar: Bosconia, El Paso, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y San Diego.

Argumentos poderosos

Pax esgrimió tres fundamentos para inferir que tanto Drummond como Prodeco sabían de las violentas consecuencias de la presencia de los grupos paramilitares en la zona. En primer lugar, los métodos de las AUC eran conocidos nacional e internacionalmente, por lo que resulta improbable que Drummond y Prodeco los desconocieran. En segundo término, en ese tiempo la mayoría de las empresas de la región evaluaban cuidadosamente la situación de seguridad local. Manuel Gutiérrez, jefe de seguridad de Prodeco, señaló lo siguiente en una entrevista con Pax:

«Las organizaciones de seguridad, por las condiciones en Colombia, manejaban el esquema de operaciones y un esquema de inteligencia. El esquema de inteligencia era una sala de información. ¿Cómo se trabajaba el tema en la sala de información? […] Se hizo un reporte diario de información […] Situación nacional, situación sindical, situaciones locales y regionales, y eso eran los incidentes que se registraban».

En tercera instancia, James Atkinks, antiguo gerente de seguridad de Drummond y exagente de la CIA, que fue objeto de procedimientos criminales en relación con la supuesta violación de derechos humanos en Nicaragua, afirmó que en 1995 el ejército colombiano habría pedido apoyo financiero a Drummond para comenzar pequeños grupos paramilitares en el Cesar. Atkins habría informado a Alabama que eso «llevaría a atroces violaciones de derechos humanos».

Adicionalmente, en el informe se documentan testimonios de exjefes paramilitares sobre la financiación, por parte de las empresas mencionadas, del Frente JAA. Las declaraciones sugieren que los pagos se hicieron por medio de varios canales y que la mayoría de los trabajadores y paramilitares involucrados en ellos conocían únicamente una parte limitada del sistema de pago. Así mismo, los testimonios indican que los métodos de pago cambiaron con los años; por lo tanto, cada comandante y cada subcomandante sólo conocieron un aspecto de la relación financiera y una forma de pago específica.

Para Pax, esta relación entre las empresas y los grupos al margen de la ley desencadenó una serie de situaciones que vulneraron a la población civil; por ejemplo, en el informe se menciona el presunto papel que cumplieron la Drummond y Prodeco en los desplazamientos forzados en algunos territorios del Cesar, como El Prado y Mechoacán. Los paramilitares involucrados en el caso alegan que siempre tuvieron en mente los intereses de las compañías mineras, cuando cometieron sus acciones. Uno de los exjefes paramilitares, el Samario, rindió la siguiente declaración sobre El Prado:

«Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, lo que genera mucho dinero; por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada; donde hay muertos, desplazados, uno podría comprar la hectárea a $150.000 (US$75)».

Posteriormente, las dos empresas mineras compraron la tierra para la expansión de sus proyectos mineros, con total conocimiento de que eran tierras de familias desplazadas de manera forzosa.

Cabe anotar que en el informe se recogen también varios testimonios de los familiares de las víctimas, como Diana Garina Huerta, de 36 años:

«El padre de mis hijos fue asesinado en un potrero cerca de aquí, en 2003, cuando estaba jugando fútbol con algunos muchachos del pueblo. Acababa de anotar un gol cuando apareció una camioneta verde. Se bajaron tres hombres y le preguntaron si le gustaba jugar fútbol. Uno de los muchachos respondió por él y dijo que le gustaba mucho. Uno de los hombres dijo que era una lástima porque era la última vez que jugaría fútbol. Y lo asesinó a balazos. Los hombres dieron después un paseo tranquilamente por el potrero antes de volver a la camioneta y desaparecer. Muchos años después descubrimos, leyendo sus confesiones, que el Tigre y Jorge 40 estuvieron detrás de esto. Pero no hubo una razón específica para cometer este asesinato».

La culpa es de los medios

El 24 de diciembre de 2007, la revista Semana publicó un artículo sobre la situación de seguridad en la región del Cesar durante los años que sucedieron los hechos que se le imputan a Drummond; en él aparecen declaraciones de militares de la contraguerrilla que argumentaron que era vox populi en la zona que paramilitares viajaban en camionetas contratadas por la compañía y que andaban armados de civil. Esta versión está consignada también en una declaración juramentada de otro exempleado, antiguo miembro del sindicato. Él argumenta que «mientras trabajaba en Drummond, llené de combustible en varias ocasiones diferentes vehículos de paramilitares. Hacían patrullajes en La Loma (la comunidad más próxima a la mina), donde los observé, en ocasiones, con las armas a la vista».

La respuesta de Drummond a estas acusaciones, por intermedio de su abogado William H. Jeffress, fue tajante:

«Ha habido mucha publicidad en los medios noticiosos colombianos de juicios contra Drummond Ltda., alegando que la empresa colaboró con paramilitares en el departamento del Cesar durante el periodo 1997-2006. Drummond ha negado fuertemente estas alegaciones y las cortes las han rechazado repetitivamente en varias decisiones a través de los años».

Además, el representante legal de Drummond criticó fuertemente este informe con el siguiente argumento:

«Esta información arroja tanta duda sobre la validez global de su informe, que el informe no debe ser publicado. Si el informe es publicado, Drummond emprenderá acciones legales, ya que las declaraciones en el informe son falsas y difamatorias».

Igualmente, Drummond manifiesta en su página web que Pax realizó el informe sin solicitar la contribución de la empresa, pero Pax afirma que empezó a investigar en 2011; no obstante, Drummond conoció la existencia del informe hasta marzo de 2014, cuando el documento estaba casi terminado. Una vez que la empresa se enteró del informe, le comunicó a Pax sobre la falsedad de sus argumentos y presentó cientos de documentos probatorios que desmentían a los testigos en los que se basa el informe.

Así mismo, Drummond hace hincapié en que en el informe de Pax, cuando se citan las acusaciones de los testigos de la relación entre Drummond y paramilitares, se enfatiza reiteradamente en que testificaron «bajo juramento», indicando que deben estar diciendo la verdad. De igual manera, Drummond presentó a Pax testimonios de los mismos testigos que declararon bajo juramento que no tienen conocimiento alguno sobre la colaboración de Drummond con paramilitares. Sin embargo, Pax decidió no incluir ninguno de estos testimonios proporcionados por Drummond en el informe.

El informe, que permite entender en buena medida el sufrimiento de la población víctima de la violencia en el departamento del Cesar, tiene como objetivo ayudar a descubrir la verdad oculta de la violencia para conseguir el compromiso activo con esta población vulnerable y contribuir a hallar la verdad acerca de un episodio importante del conflicto colombiano. Esta es una realidad que no se debe desconocer, en especial cuando se trata de otros proyectos mineros del país que pueden verse envueltos en situaciones similares; aunque la revelación de la información no garantiza que no se repita lo sucedido, sí abre esa posibilidad.

No obstante, pese a la polémica que ha causado el informe hecho por Pax, hasta la fecha no existe condena por los presuntos delitos cometidos por la empresa. Las víctimas de la violencia siguen a la espera de que se haga justicia y de que la muerte de sus familiares no quede en la impunidad.

Cabe señalar que ante la respuesta de Drummond por las acusaciones que se hacen en el informe queda en duda la validez de los testigos, puesto que muchos de ellos también presentaron testimonios a favor de la compañía.

Por último, el objetivo de esta reseña no es juzgar a ninguna de las partes involucradas, sino mostrarle al lector el panorama de violencia que se vivió en la zona minera del Cesar, ya que hasta el momento no hay claridad en la verdad absoluta sobre los culpables de los crímenes cometidos.


 

Referencias

Revista Semana. Oscuridad en la mina, 27 de marzo de 2007. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/oscuridad-mina/84147-3.

Respuesta a informe Pax de Drummond Ltda. Recuperado de http://www.drummondltd.com/wp-content/uploads/030714_-Drummond-Ltd-Carta-Abierta.pdf.


Felipe Campo Domínguez
Asistente programa de posgrados, responsabilidad social y sostenibilidad
Universidad Externado de Colombia
arnul.campo@uexternado.edu.co

Revista Zero Impresa Edición 33
Segundo semestre de 2014
ISSN electrónico: 2344-8431
ISSN impreso: 2344-8431

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