«Desarrollo y bienestar, el fin último de la minería»

Para este segundo dosier de la revista Zero sobre minería dedicado al carbón quisimos entrevistar a uno de los actores del sector (tal como lo hicimos en el pasado dosier sobre oro), con el ánimo de ir encontrando caminos que permitan construir, más allá de la polarización, una tercera vía para la minería. Esta vez invitamos a Carlos Franco Echavarría, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional de la empresa Cerrejón, para que desde su experiencia y desde la visión de la compañía nos aporte algunos elementos de reflexión sobre las perspectivas de explotación del carbón en Colombia y los procedimientos más adecuados para potenciar sus beneficios y controlar sus impactos negativos.

Entrevista a Carlos Franco

¿Cuáles son las particularidades de la extracción carbonífera frente a otros tipos de minería que se desarrollan en el país, entendiendo diferencias de escala, la diferenciación regional y, por supuesto, las propiedades intrínsecas del carbón para generar energía?

Ante todo, cabe aclarar que hay bastantes diferencias en la minería en general. Muchas veces la gente sólo ve la minería a gran escala por un lado y la minería artesanal por otro, obviando lo que hay en la mitad, que es la minería informal e ilegal; es decir, meten todo dentro de un mismo costal. La minería informal, que es a pequeña y mediana escala, no presenta estándares técnicos, ambientales o laborales. Por ejemplo, en estudios como el de la Contraloría se generaliza y se habla de cifras de mortalidad en minas, pero ¿en cuáles minas? Por lo regular, en las de minería informal e ilegal. Por eso es importante esta aclaración.

En el caso del carbón, quisiera concentrarme en la minería de carbón térmico a gran escala, que sólo se desarrolla en el Cesar y La Guajira por las características geológicas que aportan unas propiedades diferentes en el mineral; es algo totalmente diferente de lo que se hace en el Catatumbo, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Además de esta diferencia territorial, la segunda distinción es que hablamos de explotación a cielo abierto y a gran escala con tecnología de punta en el ámbito mundial. La tercera característica es que se destina a exportación en un 100 %; en Colombia no se consume un solo gramo de este carbón.

¿Existe algún tipo de potencial para que Colombia pueda aprovechar ese recurso propio y no exportarlo en su totalidad? Al mismo tiempo, ¿cómo pensar en ese potencial sin afectar nuestros esfuerzos en contra del cambio climático, a sabiendas de que una de las ventajas del país en este sentido es que su matriz energética no es intensiva en carbón?

En el marco de la lucha contra el cambio climático hay una apuesta mundial, y sobre todo en Europa, por energías alternativas como la eólica, solar o nuclear. Algunos países han optado por reducir su consumo de carbón, visión que plantea límites al mercado del carbón, pero no sabemos si eso se va a materializar. Por un lado, porque el carbón es el combustible más barato para producir energía, motivo por el cual pueden llegar situaciones de crisis donde no se justifique el sobrecosto que implican las energías alternativas. Por otro lado, es posible que a mediano o largo plazo se desarrollen tecnologías que capten el CO₂emitido por el carbón, que es la razón principal por la cual se rechaza el uso de este mineral en términos ambientales. Adicionalmente, mercados asiáticos como China, India e incluso Turquía están creciendo mucho en su demanda de carbón. Hoy en día, se calcula que el 40 % de la energía mundial se genera a partir del carbón.

Para volver a la pregunta, el potencial para Colombia depende del mercado internacional. Colombia exporta 90 millones de toneladas anuales de carbón, pero tiene reservas probadas del orden de los 7.000 millones de toneladas, lo cual significa que al ritmo actual puede producir por 80 años, sin encontrar un gramo nuevo. Puede que ese carbón finalmente no se explote porque no sea rentable o no tenga mercado, pero por ahora sigue siendo un recurso con enorme potencial. En el ámbito nacional, si se le encuentran otros usos al carbón, entonces Colombia podría utilizar sus reservas para tal fin, pero en términos energéticos su empleo está limitado por la falta de una infraestructura vial y férrea que permita su transporte a las plantas de generación de energía del interior del país. Una solución sería tener una gran planta de producción termoeléctrica en la costa que pudiera redistribuir energía al interior del país, pero esto es costoso y entraría a competir con los costos de producción de una hidroeléctrica.

En materia de impactos ambientales, de su relacionamiento con otras actividades productivas y tensiones sociales, ¿cuál es la diferencia entre la extracción de carbón a gran escala y la extracción de otro tipo de minerales?

La minería a gran escala es una actividad de alto impacto e incompatible con otras. Por un lado, dentro de un área destinada a minería a gran escala e incluso a cierta distancia de la mina no puede haber viviendas, lo que de entrada implica la necesidad de hacer reasentamiento. Por otro lado, la minería a gran escala implica remoción de tierra, lo cual entraña voladuras y el uso intensivo de explosivos; en Cerrejón removemos cada año cerca de 200 millones cúbicos de tierra. Además de las voladuras, esto genera polvo y afecta la calidad del aire, que también se afecta por la utilización intensiva de diésel. A ello se suman las vibraciones y el ruido por las explosiones y la erosión del suelo. Otro impacto muy importante es el uso de agua. Cerrejón consume actualmente alrededor de 27.000 metros cúbicos diarios de este líquido.

No obstante, estos impactos son manejables con un buen empleo de la tecnología. Por ejemplo, en Cerrejón empleamos unos cañones de niebla que evitan que el polvo se vaya hacia el aire. El 90 % del agua que usamos se recolecta de la lluvia o de los mantos de carbón, ya que para despresurizarlos se requiere agua; entonces la almacenamos y luego la reutilizamos. Apenas el 10 % del agua se toma del río o de otra fuente. Ahora bien, hay otro impacto que le han querido endilgar a la gran minería, que tiene que ver con supuestas afectaciones a la calidad del agua. Nosotros tenemos lagunas de estabilización y lagunas de sedimentación que nos permiten tratar cualquier agua antes de devolverla al río, pero resulta que todos los municipios por donde pasa el río vierten sus basuras y las aguas negras en él; entonces, ¿cómo creen que queda el río después de que tiene en sus aguas el alcantarillado de 300.000 personas?

El otro señalamiento es que la minería a gran escala acapara tierras, pero a mi juicio eso no es cierto; en el caso del Cerrejón, el total de nuestra huella minera es poco menos del 1 % del total de la extensión de La Guajira, llevamos 30 años explotando carbón y podemos explotar otros 30 años sin salirnos de ese 1 %, produciendo el 60 % del PIB del departamento.

Pensando en el país y no sólo en Cerrejón, los impactos que se generan por la extracción de carbón son desiguales entre las regiones y en función de las empresas. ¿Cómo garantizar que todas las empresas cumplen con unos estándares mínimos y hacen uso de la tecnología necesaria para evitar que este tipo de impactos se produzcan? ¿Qué papel puede desempeñar el Estado en materia de regulación y exigencia?

Lo que siento es que hay que definir una política minera, hacer un acuerdo nacional sobre si queremos o no hacer minería. En la actualidad, entre 40 y 50 grandes empresas de petróleo y la minería aportan casi el 60 % de las exportaciones del país y el 20 % de los ingresos del Estado colombiano. Así las cosas, cabe preguntar: ¿la actividad es clave o no para el país? ¿Merece o no merece que haya un acuerdo sobre eso? El gran problema es que en Colombia no hay un acuerdo nacional sobre la minería, el cual tiene que decir varias cosas. Primero, dónde y cuándo se puede desarrollar la minería, y cómo se hace esa minería. Segundo, cómo estructurar un plan de ordenamiento minero. En el terreno ambiental, qué requisitos debe tener, dónde se vale hacer minería, dónde no, cuáles áreas están excluidas, cuáles no, cómo se deben tratar las fuentes de agua, al igual que la fauna, la flora, la rehabilitación de tierras, la contaminación del aire, la contaminación del agua, etc.

¿No existen ya normas y requisitos ambientales o considera que aún falta regulación?

Sí, aún falta regulación. Por ejemplo, en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se incrementó el número de funcionarios, pero no hay una institucionalidad para hacer consultas previas; esto se debe a que a los funcionarios que realizan las consultas les hacen un contrato por tres meses, se lo renuevan al vencer el término y así sucesivamente, entonces no hay estabilidad ni cualificación para esto en un país que tiene 31 millones de hectáreas tituladas a los indígenas y 6 millones de hectáreas tituladas a los afrodescendientes.

Hay un tema que genera controversia y es el de los impactos acumulados. Se le puede decir a una empresa en particular cómo hacer su minería, pero pocas veces el Estado contempla la suma de impactos de diversas empresas en un mismo territorio. ¿Éste sería otro de los vacíos?

Vale la pena señalar la diferencia entre impactos acumulativos, que pueden existir, son fácilmente planificables y se pueden mejorar en la evaluación de impactos, como por ejemplo lo que se tiene previsto para un cierre de mina, y los pasivos históricos percibidos. Estos últimos son más complejos porque se mezclan con alegatos no probados y con la imposición de las reglas de juego. Pero volviendo a lo que le mencionaba del acuerdo nacional sobre la minería, una tercera parte de dicho acuerdo es qué hacer con la plata, porque no tiene ningún sentido acabar con los recursos naturales, consumirnos el petróleo, el carbón, el oro, el aluminio, el hierro, el platino y todo lo que tenemos, si eso no les queda a las futuras generaciones en vías, colegios, centros de salud y educación. Desarrollo y bienestar, el fin último de la minería.

¿Cómo se puede encadenar la industria en el territorio, pero al mismo tiempo buscar estrategias de diversificación de la economía que eviten la excesiva dependencia del sector?

Primero que todo, no se puede pretender que una mina o una actividad como el petróleo, que es poco intensiva, resuelva el tema económico de una región o un departamento. Hoy en día, el trabajo mejor remunerado que hay en Colombia es el de los sectores minero y tecnológico, pero aun así no podemos hacer mucho con eso. La demanda de servicios existe, pero también tiene un límite, pues no se puede consumir más de lo necesario. Está bien que esos bienes y servicios se consuman en las regiones, en eso es posible trabajar, pero ¿cómo hacemos para que donde se exploten los recursos naturales haya una estrategia de intervención integral que dinamice la economía? En La Guajira, que tiene 800 km de costa, no hay turismo ni industria camaronera; está situada a dos horas de todas las islas del Caribe que no producen comida y en La Guajira no se produce comida para venderles. El Estado debe tener una visión estratégica para determinar las ventajas competitivas de la región y aprovechar los recursos que genera la industria para desarrollarla, en tanto que la sociedad en su conjunto tiene que generar acuerdos sobre esto, pensar a mediano y largo plazo y comprometerse con la región. Las empresas deberían entender que si el departamento no es viable y no progresa ellas tampoco, pero no pueden remplazar al Estado regional ni al nacional, ni mucho menos a la sociedad.

Ana Carolina González Espinosa
Ph.D. en Ciencia Política
Coordinadora de la Línea de Investigación en Recursos Minero-Energéticos
Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública (Opera) (CIPE)
ana.gonzalez@uexternado.edu.co